OCDE: Universidad y autonomías deben pisar el acelerador con los micromódulos formativos

Madrid, 3 feb (EFE).- Las universidades españolas imparten cursos de formación de corta duración (microcredenciales) a "una escala limitada" y, junto a las comunidades autónomas, deberán acelerar los esfuerzos para ampliar su número y cumplir con el compromiso europeo de llegar, como mínimo, a 60.000 personas entre 2024 y 2026.

Un análisis publicado recientemente por la OCDE sobre cómo implementar estos cursos -destinados sobre todo a personas de 25 a 64 años para reforzar la formación durante toda la vida- subraya el escaso tiempo disponible para que las universidades públicas y las autonomías cumplan los objetivos y ofrece propuestas para encarar los desafíos.

Con el apoyo de la financiación del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la UE, 50 millones de euros, España se comprometió a activar una amplia oferta de micromódulos, accesibles a todos los estudiantes, incluyendo a desempleados o personas que no tienen educación superior completa.

En marzo de 2023, el Ministerio de Universidades acordó un plan de asignación de fondos a las autonomías para su posterior reparto a las universidades, que deberán sumar 970 cursos de formación y 60.000 microcredenciales en junio de 2026 .

Según la OCDE, las universidades del país tienen décadas de experiencia en educación permanente para adultos, pero su "escala, orientación y gestión varían ampliamente"; un análisis de sus web indica que algunas ofrecen cursos muy académicos y poco orientados al empleo, como especializaciones en “paz, conflictos y género” o “geopolítica y gobernanza global”, mientras que otras sí atienden las demandas del mercado laboral.

"Aunque España tiene activos que deberían ayudar en la implementación del aprendizaje con microcredenciales a gran escala, también hay desafíos que plantean riesgos importantes" para su éxito, advierte la OCDE, que recalca que las medidas respaldadas por los fondos europeos deben aplicarse "en un plazo inusualmente ajustado" (agosto de 2026).

Si, como está previsto, el dinero llega a las comunidades en enero de 2024, "entonces hay aproximadamente 32 meses para asignarlos a las universidades; diseñar las propuestas de microcredenciales; inscribir a los estudiantes e informar y evaluar sus resultados.

De modo que los Gobiernos regionales se enfrentan al reto de definir "rápidamente" reglas de reparto del dinero entre las 50 universidades públicas, la mayoría (32) en Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Madrid y Valencia.

En este punto, la OCDE explica que se podría optar por procesos competitivos de subvenciones pero lo desaconseja por las limitaciones de tiempo y apuesta por métodos más simples y rápidos.

 "Lo mejor es comenzar a planificar y prepararse para el seguimiento y evaluación de las ofertas de microcredenciales inmediatamente, comenzando con la consulta colectiva entre comunidades autónomas y universidades", añade.

La última reforma universitaria, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada hace un año, establece por primera vez que el aprendizaje permanente debe ser una función básica de las universidades; que deben promover las becas y programas de ayuda para el aprendizaje permanente; y que la financiación universitaria debe incluir objetivos estratégicos relacionados con esta cuestión.

Un grado suele tener 240 créditos, un máster sesenta y un microcredencial de uno a quince créditos -un crédito son 25 horas-.

A estas pequeñas formaciones, que son acumulables, también pueden optar ciudadanos que no tengan los requisitos de bachillerato, pero su trayectoria profesional puede ser acreditada por la universidad.

La presencia de personas adultas en las universidades públicas españolas es muy minoritaria: menos de un 5% de estudiantes de grado y menos del 20% de los de máster tiene más de 30 años.

La rigidez de formatos y tiempos en los grados, posgrados y doctorados casa mal con el tipo de necesidades formativas y la adaptación a perfiles diversos que exige la formación de este colectivo con trayectoria profesional y que debe conciliar con sus responsabilidades laborales y familiares.

Por el contrario, las universidades privadas juegan un rol más importante, y un 60,9% de los estudiantes de máster de más de 30 años optan actualmente por ellas.

Según Eurostat, apenas el 10,6% de la población adulta española de 25 a 64 años participa en alguna actividad formativa, ligeramente por debajo de la UE-27 (10,8%), y lejos de los países punteros como Suecia (34,3%), Finlandia (29%) o Dinamarca (25,3%). EFE

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