La subida del 4,5% aprobada por el Gobierno para los empleados públicos elevará las nóminas de más de tres millones de trabajadores de las administraciones estatal, autonómica y local. Así, los médicos cobrarán más de 3.700 euros adicionales al año y los jueces superarán los 4.000 euros de incremento salarial en 2027. Este aumento, que forma parte del acuerdo firmado con los sindicatos, tendrá un coste presupuestario de 4.965,2 millones de euros para el sector público estatal.
La medida quedó recogida en el Real Decreto-ley publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), después de recibir el visto bueno del Consejo de Ministros. Su entrada en vigor está prevista para este jueves, aunque deberá ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso para mantener su validez.
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El impacto en los salarios dependerá del grupo profesional y de las retribuciones de cada empleado. Según las estimaciones recogidas en la norma, un administrativo podrá percibir unos 1.440 euros brutos más al año en 14 pagas, mientras que el incremento superará los 1.900 euros para un policía nacional y los 2.700 euros para un maestro.
Cuánto subirán los sueldos de los funcionarios en 2027
El incremento salarial se aplicará a los más de tres millones de trabajadores públicos de las tres administraciones. En el ámbito estatal, la subida llegará a 546.000 empleados y se incorporará a la nómina de enero de 2027. El resto de las administraciones tendrá que adoptar las medidas necesarias para trasladar el aumento a sus respectivas plantillas.
En concreto, las comunidades autónomas cuentan con alrededor de 1,93 millones de empleados públicos, mientras que la Administración local agrupa a casi 595.000 trabajadores. La aplicación efectiva de la subida dependerá de las actuaciones presupuestarias y administrativas que realice cada institución.
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El acuerdo que sustenta esta mejora fue firmado en noviembre de 2025 por el Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF. El pacto establece una senda de incrementos retributivos de hasta el 11% en el periodo comprendido entre 2025 y 2028, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y reforzar los servicios que prestan a la ciudadanía.
Un 0,5% adicional pendiente de la evolución del IPC
A la subida prevista para 2027 podría sumarse otro incremento del 0,5%, que se abonaría durante el primer trimestre de ese año y tendría efectos retroactivos desde enero de 2026. Esta mejora adicional está condicionada a que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme que la inflación interanual de 2026 supera el 1,5%, porcentaje que se pactó como referencia para ese ejercicio.
Si se cumple esa condición, los trabajadores públicos recibirán los atrasos correspondientes a todo 2026 y las nóminas posteriores se actualizarán con el nuevo porcentaje. De este modo, la mejora salarial acumulada podría superar el incremento inicialmente previsto para el próximo año.
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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que el aumento constituye el mayor desde 1992. El responsable ministerial también ha expresado su confianza en que la medida consiga el respaldo parlamentario necesario para continuar adelante, al tratarse de un compromiso alcanzado con las principales organizaciones sindicales.
Hacienda movilizará casi 5.000 millones para pagar la subida
Para financiar el incremento de las nóminas en el sector público estatal, el Ejecutivo ha habilitado un crédito extraordinario de 4.965,2 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Hacienda. La partida estará incluida en el programa de Política Presupuestaria bajo el concepto de cobertura presupuestaria retributiva correspondiente a 2027.
La norma permite al titular de Hacienda realizar transferencias desde ese crédito hacia los distintos departamentos ministeriales cuando necesiten recursos adicionales para afrontar los gastos de personal. Además, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos podrá actualizar las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2026 y establecer las instrucciones necesarias para ejecutar los pagos.
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El límite del 4,5% también se extenderá a otros conceptos vinculados a las condiciones laborales de los empleados públicos. Entre ellos figuran las aportaciones a planes de pensiones de empleo, los seguros colectivos, las partidas de acción social, la masa salarial del personal laboral y las indemnizaciones por residencia.
También subirán las indemnizaciones por residencia y las partidas sociales
Más allá de las nóminas, el decreto incorpora una actualización del 4,5% en las indemnizaciones por residencia que perciben determinados trabajadores de la Administración General del Estado. Se trata de una compensación económica destinada a cubrir los sobrecostes derivados de vivir en territorios con condiciones geográficas o de insularidad especiales.
Esta medida afecta a destinos como Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán. En el caso de Baleares, las indemnizaciones ya fueron actualizadas el pasado mes de julio para equipararlas a las que reciben los empleados públicos destinados en Canarias. La modificación benefició entonces a 11.176 trabajadores de la Administración estatal residentes en el archipiélago.
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Por último, el Gobierno también ha acordado incrementar un 4,5% las partidas destinadas a los planes de acción social del personal público. Estos fondos, que permanecían congelados desde hacía 14 años, volverán así a actualizarse en el marco del acuerdo salarial alcanzado con los sindicatos.
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