La Audiencia Provincial de Barcelona revocó parcialmente una sentencia de divorcio y otorgó a la madre el uso del domicilio familiar durante dos años, al considerar que sus ingresos netos de 1.066 euros mensuales no le permitían acceder a una vivienda adecuada en la ciudad. El padre, funcionario de la administración de justicia, percibe 2.715 euros mensuales y es propietario exclusivo del inmueble, libre de hipoteca.
La resolución, dictada el 27 de octubre de 2026 por la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, revierte el único punto que la madre había impugnado en segunda instancia: la falta de atribución del hogar familiar. El resto de la sentencia de primera instancia queda firme.
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La madre, Genoveva, de nacionalidad cubana, y el padre, Benedicto, de nacionalidad española, se casaron en Barcelona el 4 de abril de 2013. Tienen un hijo en común, Sabino, de 11 años. La pareja dejó de convivir en septiembre de 2024 y aún compartía el domicilio cuando el padre presentó la demanda de divorcio en enero de 2025.
La Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Barcelona había decretado el divorcio en junio de 2025 con custodia compartida del menor, una pensión alimentaria de 325 euros mensuales a cargo del padre y una prestación compensatoria de 180 euros mensuales durante tres años, también a su cargo. Sin embargo, no atribuyó el uso de la vivienda a ninguna de las partes, decisión que la Audiencia Provincial considera un error de valoración de la prueba.
La diferencia de ingresos que cambió el fallo
La sentencia de primera instancia había equiparado la situación económica de ambos progenitores de forma que la Audiencia Provincial califica de incorrecta. El tribunal de apelación consultó el Punto Neutro Judicial con datos de 2024 y encontró una brecha mayor a la que reflejaba la resolución anterior. Genoveva obtuvo ese año 12.295 euros netos anuales, lo que equivale a 1.066 euros al mes.
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Benedicto, en cambio, declaró 32.587 euros anuales —2.715 euros mensuales—, además de ahorros por 10.482 euros y la titularidad exclusiva del piso familiar, sin carga hipotecaria. La diferencia mensual de ingresos asciende a 1.649 euros, una cifra que la Audiencia considera incompatible con la conclusión de que ambos tienen posibilidades económicas similares.
La sala añade que la pensión alimentaria de 325 euros que recibe Genoveva no puede computarse como ingreso propio, porque está destinada a cubrir las necesidades del hijo. Con esa aclaración, los 1.066 euros de salario más los 180 euros de prestación compensatoria dejan a la madre con apenas 1.246 euros disponibles para sus propios gastos, incluido el alquiler en Barcelona.
Por qué la vivienda va a la madre
El artículo 233-20 del Código Civil de Cataluña establece que, cuando existe custodia compartida, el juez debe atribuir el uso de la vivienda familiar al cónyuge “más necesitado”. La Audiencia aplica ese criterio con cuatro argumentos acumulados.
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Primero, la brecha salarial ya señalada. Segundo, que la vivienda pertenece en exclusiva al padre, adquirida antes del matrimonio, por lo que él no pierde un bien que necesite recuperar con urgencia. Tercero, que Genoveva no dispone de ninguna alternativa habitacional. Y cuarto, que con su salario actual no puede costear un alquiler razonable en la ciudad.
El Ministerio Fiscal también había pedido esa atribución en segunda instancia, aunque con un matiz diferente: si la vivienda se adjudicaba a la madre, proponía reducir la pensión de alimentos; si se mantenía en manos del padre, reclamaba aumentarla para que ella pudiera pagar un alquiler.
La sala opta por la primera vía, aunque no modifica la cuantía de la pensión alimentaria, que permanece en los 325 euros mensuales fijados en primera instancia. La atribución del uso se fija por un plazo de dos años a contar desde el 27 de octubre de 2026, con posibilidad de prórroga si se mantienen las circunstancias que la motivaron, tal como permite el artículo 233-20.5 del mismo código catalán.
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La prestación compensatoria se mantiene en tres años
Genoveva también había pedido que se ampliara de tres a cinco años la duración de la prestación compensatoria de 180 euros mensuales. La Audiencia rechaza esa petición. El tribunal recuerda que, según la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la prestación compensatoria no es una garantía de sostenimiento vital ni un derecho automático. Su sentencia núm. 51/2023 establece que el principio general es la limitación temporal y que solo de forma excepcional puede otorgarse con carácter indefinido.
La sala valora que Genoveva, pese a la diferencia salarial con su exmarido, ya está integrada en el mercado laboral con un contrato de trabajo indefinido como auxiliar administrativa. Trabaja de lunes a jueves en horario de mañana. La Audiencia concluye que tres años es un plazo “prudencial y ajustado” para que pueda compensar el desequilibrio económico generado por el divorcio.
La apelante había alegado que renunció a su desarrollo profesional durante el matrimonio, que sufrió pérdida de cotizaciones que afectarán a su jubilación y que dedicó tiempo al cuidado de la suegra y del hijo menor durante las frecuentes ausencias del marido por motivos laborales. El tribunal no discute esos hechos, pero considera que no justifican extender el plazo más allá de lo fijado en primera instancia.
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Los acuerdos sobre el hijo Sabino quedan intactos. La custodia compartida se ejercerá por períodos semanales alternos entre ambos progenitores. Los gastos extraordinarios del menor se repartirán en proporción 70 % a cargo del padre y 30 % a cargo de la madre.
Ninguna de las partes deberá abonar las costas del recurso de apelación. Contra esta resolución cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo o, en materia de derecho civil catalán, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
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