Tres de cada diez solicitudes de dependencia se quedan sin prestación en País Vasco, La Rioja y Extremadura

En un momento en el que estamos a punto de cumplirse dos décadas de la aprobación de la Ley de Dependencia (Ley 39/2006), el acceso a las ayudas públicas en España sigue dependiendo en gran medida del código postal en el que resida cada solicitante. Aunque el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) supera ya los 1,7 millones de beneficiarios, el engranaje administrativo muestra una profunda asimetría territorial. La más llamativa es que en territorios como País Vasco, La Rioja y Extremadura, cerca de tres de cada diez solicitudes que concluyen con resolución oficial se quedan sin el reconocimiento de una prestación, al situarse la tasa de concesión del derecho entre el 70% y el 73%. Una cifra que se aleja mucho de la media nacional, que se sitúa en el 81%, y de otras regiones como Galicia, Canarias o Aragón, donde el 87% y el 95% de los evaluados obtienen el visto bueno del sistema.

Según los datos oficiales del IMSERSO, recogidos en el informe del Observatorio de la Dependencia de Fedea, prácticamente todas las solicitudes que se presentan en España son formalmente valoradas y resueltas por las administraciones autonómicas. A escala estatal, el 95% de los expedientes tramitados cuenta con un dictamen de grado emitido, alcanzando el 100% en comunidades como el País Vasco, La Rioja o Galicia.

Sin embargo, el resultado de esas resoluciones no es siempre el mismo. La Rioja es la comunidad con el porcentaje más bajo de acceso, ya que solo al 70% de las personas valoradas se les reconoce un grado con derecho efectivo a prestación, lo que deja fuera al 30% restante. Le siguen de cerca el País Vasco (72% de resoluciones favorables, 28% denegadas) y Extremadura (73% favorables, 27% excluidas). En el extremo opuesto, Galicia lidera la cobertura aprobando el 95% de los dictámenes, seguida de Canarias (89%) y Aragón (87%). Según Fedea, esta desigualdad responde a la existencia de criterios complementarios autonómicos que endurecen o flexibilizan el reconocimiento del derecho.

El embudo del “limbo de la dependencia”

Para los ciudadanos que logran superar ese primer filtro y consiguen que se les reconozca formalmente el grado, el calvario burocrático no termina ahí. Después, se inicia la fase de elaboración y resolución del Programa Individual de Atención (PIA), el instrumento que concreta si la ayuda será una residencia, ayuda a domicilio o una ayuda económica familiar.

Es aquí donde aparece el denominado “limbo de la dependencia”, personas con derecho reconocido que continúan esperando a que su prestación se materialice. A nivel estatal, esta lista de espera se encuentra en mínimos históricos con 112.002 personas (un 6% de pendencia). No obstante, el País Vasco encabeza la tasa de pendencia más alta de toda España, con un 15% de dependientes en espera. Por encima de la media nacional se colocan también Extremadura, con un 12%, y La Rioja, con un 9%, junto a territorios como Murcia (13%), Cataluña (13%) y Baleares (11%). En cambio, comunidades como Aragón (0,1%), Castilla y León (0,2%) o Galicia (0,6%) han eliminado casi por completo este tapón.

Esta demora tiene un coste humano drástico. Solo durante el primer semestre de 2026, 8.631 personas fallecieron en España en el limbo de la dependencia antes de llegar a cobrar o disfrutar de su servicio asistencial. En el País Vasco murieron 1.193 personas atrapadas en este proceso de espera (un 14,36% de sus dependientes pendientes), mientras que en Extremadura fueron 525 (14,07%) y en La Rioja 107 (12,51%).

Talonario frente a servicios profesionales

Además, la disparidad regional se manifiesta en qué recibe cada solicitante. A escala estatal, el 59% de las prestaciones son servicios profesionales (teleasistencia, ayuda a domicilio o centros residenciales) y el 41% restante son prestaciones económicas, donde destaca la ayuda por cuidados en el entorno familiar (31%). Pero el modelo de gestión entre las tres autonomías con mayor criba inicial es especialmente dispar:

• La Rioja ha apostado decididamente por los servicios: el 85% de sus prestaciones son servicios directos, apoyándose principalmente en la teleasistencia (29,5%), la ayuda a domicilio (24,4%) y la atención residencial (15%), mientras que las ayudas económicas a familiares apenas representan el 8,6%.
• Extremadura, por el contrario, vuelca más del 61% de sus prestaciones en cheques y ayudas monetarias, destacando de forma sobresaliente la prestación económica vinculada al servicio (44,4%), mientras que la ayuda a domicilio apenas supone un 2%.
• País Vasco mantiene un esquema mixto, con un 37,1% de prestaciones destinadas a cuidados en el entorno familiar, una importante cobertura de teleasistencia (27%) y un 12,4% de plazas residenciales.

Blindar el 50% estatal frente a la cola europea

En el terreno económico, el gasto público total del SAAD (sumando la Administración General del Estado y las comunidades autónomas) alcanzó en 2025 los 13.991,5 millones de euros, un 8,4% más interanual. Sin embargo, la factura sigue descansando desproporcionadamente sobre las arcas autonómicas: el Estado solo aportó en 2025 una media del 27% del gasto total.

Esta aportación estatal vuelve a evidenciar profundas desigualdades territoriales. Mientras que en La Rioja la aportación de la Administración General del Estado cubre el 40% del gasto público regional (453 euros por habitante mayor de 65 años), en Extremadura representa el 27% y en el País Vasco cae al 15% (con apenas 220-250 euros por mayor). Todo ello complementado con el copago que asumen los propios usuarios, que ronda entre el 20% y el 40% del coste.

Para atajar este problema crónico de infrafinanciación, el marco regulatorio ha experimentado dos movimientos decisivos en 2026:

• El Real Decreto-ley 17/2026, que duplicó la cuantía mínima estatal para el Grado II (de 130 a 260 euros mensuales) y elevó un 128% la del Grado III (de 290 a 660 euros), proyectando elevar la inyección estatal hasta los 7.239 millones de euros en 2027.
• La reforma de la Ley de Dependencia aprobada por el Congreso el 16 de septiembre de 2026, que blinda por imperativo legal que el Estado deba financiar al menos el 50% del coste total del sistema.

A pesar de este empuje presupuestario, España continúa a la cola del continente. El gasto público en cuidados de larga duración se sitúa en torno al 1% del PIB, prácticamente la mitad de la media de la OCDE (1,9%) y a una distancia abismal de países del norte europeo como Países Bajos, Suecia o Dinamarca, que destinan entre el 2,7% y el 4,2% de su PIB. Cerrar la brecha requerirá garantizar que el acceso a un derecho básico no dependa de las fronteras administrativas.