La búsqueda de una vivienda vacacional o de una habitación para el curso académico suele empezar en portales de Internet y con intercambios rápidos de mensajes. Ese escenario fue aprovechado por dos grupos asentados en Madrid y Barcelona que, según la Guardia Civil, publicaban anuncios fraudulentos de alquiler para lograr transferencias anticipadas de sus víctimas antes de cortar toda comunicación.
La investigación, denominada operación @RENT 5, comenzó en Navarra tras varias denuncias de personas que creían haber reservado un alojamiento. Los anuncios se dirigían a quienes necesitaban una vivienda para las vacaciones o para el inicio de las clases y ofrecían inmuebles que despertaban el interés de los potenciales inquilinos.
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La Guardia Civil ha identificado a siete personas presuntamente relacionadas con las dos estructuras. Los investigadores han diferenciado dos grupos que actuaban por separado, aunque aplicaban un método similar en distintos puntos de España. Las pesquisas han permitido esclarecer cinco delitos de estafa, uno de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal.
El caso expone una secuencia frecuente en las estafas vinculadas al alquiler: un anuncio que atrae a varios interesados, una conversación que busca acelerar la decisión y la exigencia de un pago antes de verificar la disponibilidad real del inmueble. En este caso, los supuestos arrendadores reforzaban la presión al comunicar a los interesados que había otras personas dispuestas a quedarse con la vivienda.
Presión para pagar y DNI ajenos para aparentar legitimidad
Los autores de los anuncios planteaban que el alquiler podía cerrarse de forma inmediata si la persona interesada realizaba una transferencia. La premura tenía un objetivo, como era que la víctima entregara una señal, una reserva o una cantidad adelantada sin disponer de tiempo suficiente para comprobar quién ofrecía el piso, si la vivienda existía o si estaba disponible.
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Para sostener la apariencia de una operación legítima, los presuntos estafadores remitían fotografías de documentos nacionales de identidad. Esos documentos no correspondían con su identidad real. Según la información difundida por la Guardia Civil, algunos podían proceder de pérdidas o sustracciones, mientras que otros pertenecían a personas afectadas por fraudes anteriores.
La documentación, por tanto, funcionaba como un recurso para rebajar las dudas del futuro inquilino. La imagen de un DNI no acreditaba que quien escribía fuera el propietario del piso ni que pudiera formalizar el contrato, pero contribuía a dar una identidad aparente a la persona que reclamaba el dinero.
Tras recibir la transferencia, los anunciantes dejaban de responder a los mensajes. No había visita, entrega de llaves ni contrato. Las víctimas perdían el importe adelantado y seguían sin alojamiento, una circunstancia que puede resultar especialmente delicada para estudiantes próximos a iniciar el curso o para viajeros con fechas cerradas.
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Las cuentas de “mulas” dificultaban el rastreo del dinero
La investigación no se ha centrado solo en los anuncios y las conversaciones con los perjudicados. El análisis de los documentos aportados en las denuncias, los movimientos bancarios y las imágenes disponibles han permitido a los agentes avanzar en la identificación de los sospechosos.
El dinero no llegaba directamente, al menos de forma visible, a los responsables de la estafa. Los investigadores detectaron el uso de cuentas de terceras personas, conocidas como “mulas” bancarias. Esas cuentas recibían las transferencias de las víctimas y sus titulares movían después los fondos a cambio de una comisión.
Ese sistema añadía intermediarios al recorrido del dinero y complicaba tanto su localización como la atribución de responsabilidades. Por ese motivo, la Guardia Civil solicitó desde las primeras fases el bloqueo de las cuentas en las que se habían efectuado los ingresos. La rapidez resulta determinante para impedir que los fondos se retiren o se transfieran a otras cuentas.
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En una primera fase, agentes del Equipo @ de Navarra se trasladaron a la Comunidad de Madrid, donde localizaron e investigaron a dos personas vinculadas con el grupo de esa zona. Después, con la colaboración del equipo de Barcelona, actuaron sobre el segundo grupo, establecido en Barcelona y Santa Coloma de Gramenet, donde investigaron a otras dos personas.
La Guardia Civil aconseja desconfiar de las ofertas excesivamente atractivas y de cualquier presión para pagar sin verificaciones previas. Antes de efectuar una transferencia, recomienda comprobar que la vivienda existe, confirmar la identidad del anunciante, visitar el inmueble o acreditar su disponibilidad por canales fiables, formalizar el contrato y evitar pagos a cuentas de terceros.
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