Almeida responde al vecino que gana 3.534 euros limpios al mes y no puede optar a los “alquileres asequibles”: no son viviendas públicas ni se puede controlar la adjudicación

El Ayuntamiento de Madrid ya ha respondido formalmente al vecino que presentó alegaciones porque, a pesar de tener una salario de 3.534 euros netos al mes, fue rechazado como inquilino de uno de los pisos de “renta asequible” que promueve el Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida. La inmobiliaria privada que gestiona la promoción le rechazó alegando “falta de viabilidad económica”. Y eso que este vecino, economista, podía afrontar la renta de 1.037 euros mensuales que piden por el piso que quería. Ahora, la Dirección General de Gestión Urbanística, asegura en un escrito enviado a este vecino “que las viviendas destinadas al arrendamiento se ubican sobre parcelas calificadas urbanísticamente como ‘Vivienda Colectiva Libre’. Por este motivo, no están sujetas a un régimen de vivienda con protección pública ni a un procedimiento administrativo de adjudicación de viviendas públicas”.

El Gobierno local sacó a concurso 25 parcelas municipales (150.000 metros cuadrados) para que empresas privadas construyan 2.100 viviendas destinadas al “alquiler de renta asequible”. Varias promotoras se han quedado ya con el suelo, levantarán los pisos y gestionarán el alquiler durante 45 años. Pasado ese tiempo, el Consistorio se quedará con los inmuebles. El Ayuntamiento limita los precios para que el alquiler en esas zonas sea, en teoría, un 25% inferior al del mercado y sea accesible para más ciudadanos. Pero ahí acaba la responsabilidad municipal: en la cesión del suelo y en la redacción de los pliegos de los requisitos que deben cumplir los candidatos interesados.

“Las obras de edificación de las viviendas son promovidas y gestionadas por los adjudicatarios del concurso una vez constituidos los derechos de superficie, no por el Ayuntamiento”, dice la respuesta oficial que ha recibido este vecino, que también presentó una denuncia ante la Oficina Municipal Contra el Fraude y la Corrupción, que trasladó su queja al Área de Urbanismo. “Mis ingresos netos mensuales en 12 pagas son esos 3.534 euros, sin cargas financieras relevantes, lo que situaría el esfuerzo de alquiler en torno al 29,34%. Aún así, no valgo para optar a estas casas”, señala Manuel, el vecino afectado.

De todas, formas, Manuel no se rinde. Urbanismo le contestó el 27 de octubre. Y el vecino ha vuelto a registrar un nuevo escrito señalando que “mi reclamación no pretende que se aplique a estas viviendas un procedimiento administrativo de adjudicación propio de viviendas protegidas, sino que se compruebe si los criterios efectivamente utilizados para seleccionar y excluir solicitantes son compatibles con las condiciones del programa municipal y las obligaciones asumidas por la entidad adjudicataria”, es decir, que el Ayuntamiento compruebe si las empresas adjudicatarias están tramitando correctamente las solicitudes.

Promoción de Alkira Living

Manuel cumplía los requisitos económicos y el pasado 22 de mayo inició el proceso de solicitud de la vivienda, una promoción gestionada en Ciudad Lineal por la promotora Alkira Living. Visitó la casa y remitió la documentación requerida, incluyendo DNI, tres últimas nóminas, declaración de la renta, vida laboral, certificado de cotizaciones, contrato laboral, sentencia de divorcio y empadronamiento en Madrid. “No tengo préstamo hipotecario, ni préstamo personal ni otras cargas financieras relevantes”, explica Manuel, que asegura que Alkira le llegó a pedir en tres ocasiones la documentación que les presentó la primera vez, sin explicar por qué.

Este vecino asegura que la promotora privada nunca “identifica el fundamento contractual o documental de los criterios de solvencia mínima o viabilidad económica que pudieran aplicarse adicionalmente para excluir solicitudes. Lo que solicito es conocer qué regla concreta se aplicó, cuál fue el cálculo realizado y por qué se consideró económicamente inviable mi solicitud”.

El 1 de julio de 2026, la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción remitió la denuncia de Manuel a la Dirección General de Gestión Urbanística para que valorase la procedencia de efectuar actuaciones de control sobre el cumplimiento de los pliegos. El 5 de agosto, el Ayuntamiento confirmó expresamente la apertura de un expediente y el requerimiento a la entidad titular del derecho de superficie para que aportara documentación acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones. Sin embargo, la comunicación que ha recibido Manuel el 27 de octubre “no informa sobre el resultado de dicho requerimiento, la documentación que se hubiera recibido, las comprobaciones practicadas o las conclusiones alcanzadas”, explica este vecino.

Y eso que el escrito enviado por Urbanismo deja claro que, aunque “es al adjudicatario al que le corresponde gestionar los contratos de arrendamiento de las viviendas con los inquilinos, dentro de los límites y conforme a las condiciones establecidas por el pliego”, todo este no es obstáculo “de la comprobación del cumplimiento de las obligaciones del pliego por parte del Ayuntamiento”. Es decir, Urbanismo reconoce que debe comprobar si el pliego se cumple.

Esta misma semana, Manuel ha presentado un nuevo escrito al Ayuntamiento para que le informe “expresamente del estado de las actuaciones de control anunciadas el 5 de agosto de 2026, indicando la fecha y el objeto del requerimiento efectuado a la entidad titular del derecho de superficie, si ha sido contestado, qué documentación se recibió y si se ha realizado alguna comprobación o emitida conclusión sobre el cumplimiento de los pliegos”. También si “la entidad adjudicataria o gestora puede establecer criterios adicionales de viabilidad económica o solvencia mínima para seleccionar arrendatarios y, en caso afirmativo, se identifiquen su fundamento contractual, los documentos que los regulan, las condiciones de aplicación y si fueron conocidos, autorizados o supervisados por el Ayuntamiento”.