Un paciente de 45 años que acudió en 2019 al Hospital Virgen de las Montañas, situado en Villamartín (Cádiz), para someterse a una artroscopia de hombro, cirugía en la que se utiliza una cámara diminuta, acabó con quemaduras en la axila y el pecho, nuevas operaciones y una incapacidad permanente para su profesión habitual. Siete años después de la intervención, un juzgado de Jerez de la Frontera ha validado un acuerdo que eleva la indemnización por encima de los 67.700 euros, según ha informado la Asociación El Defensor del Paciente.
El pacto incorporó 30.000 euros a los 37.707 que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) había reconocido en la vía administrativa. La defensa del afectado entendía que esa primera cifra no cubría el alcance de las lesiones, las secuelas y el impacto laboral del caso.
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La resolución pone fin al procedimiento contencioso-administrativo mediante una transacción aceptada por las partes y validada por el juzgado. No se trata, por tanto, de una sentencia que atribuya responsabilidades tras un juicio completo, sino de un acuerdo judicial sobre la cuantía de la compensación.
La operación derivó en una lesión fuera de la zona intervenida
Los hechos se remontan al 5 de diciembre de 2019. El paciente fue operado en el mencionado hospital, un centro concertado con el Servicio Andaluz de Salud. La intervención buscaba tratar una tendinitis calcificante en el hombro derecho y un síndrome subacromial, dos afecciones que pueden causar dolor y limitar el movimiento del brazo.
La cirugía incluía la limpieza de tejidos inflamados, la extracción de una calcificación y una modificación del hueso para ampliar el espacio del hombro. Sin embargo, según la información aportada por la Asociación El Defensor del Paciente, durante la operación el hombre sufrió una quemadura de segundo grado profundo en la axila derecha, el tórax y la zona pectoral. La lesión alcanzó una extensión de unos 10 centímetros.
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La quemadura, además, se produjo en una zona alejada del campo quirúrgico previsto para la intervención de hombro. La asociación sostiene que, tras la operación, al paciente se le comunicó que la cirugía había transcurrido sin incidencias y fue su esposa quien descubrió las lesiones cuando retiró los vendajes.
Reingresó diez días después por una úlcera
En los días posteriores, el hombre presentó ampollas, dolor intenso y lesiones en la cara anterior del hombro y el pliegue axilar, por lo que volvió a pedir asistencia médica tras el alta. En el Centro de Salud de Espera le detectaron una úlcera axilar con exudación, fibrina y signos de celulitis, una infección bacteriana de la piel y los tejidos cercanos.
El 15 de diciembre de 2019, diez días después de la artroscopia, tuvo que ingresar de urgencia en el servicio de Traumatología del hospital de Villamartín. La evolución de la quemadura dio paso a un proceso de cicatrización que afectó la movilidad de su brazo derecho, que era el dominante.
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Las secuelas derivaron en cirugía plástica e incapacidad permanente total
Las lesiones no remitieron con el tratamiento inicial. El afectado requirió una nueva operación en el Hospital HLA de Jerez de la Frontera, donde recibió el alta el 17 de febrero de 2021.
Según la defensa, la cicatrización provocó una brida retráctil, una banda de tejido endurecido que tensa la piel y dificulta el movimiento. El paciente necesitó una Z-plastia, una técnica de cirugía plástica que permite liberar esa tensión en la zona dañada.
El proceso médico terminó con el reconocimiento de una incapacidad permanente total para su profesión habitual, por lo que el hombre ya no puede ejercer su oficio, aunque puede realizar otras actividades compatibles con sus limitaciones.
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El SAS había fijado una compensación de 37.707 euros antes de que el caso llegara a los juzgados, pero la demanda reclamó una revisión de esa cuantía con base en los informes médicos y periciales aportados al expediente, de forma que la reparación económica final se fijó en los 67.700 euros.
La presidenta de El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha asegurado que el caso refleja la importancia de revisar por vía judicial las cuantías establecidas en los procedimientos de responsabilidad patrimonial cuando las víctimas consideran que no cubren todas las consecuencias del daño. Para la defensa, el acuerdo tuvo en cuenta las quemaduras, la cirugía reparadora, las secuelas funcionales y la incapacidad laboral reconocida al paciente.
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