El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha respondido a la Fiscalía Europea que “hasta la fecha” no existen indicios de que los hechos que investiga en el ‘caso Leire’ hayan afectado a los intereses financieros de la Unión Europea. El magistrado contesta así al organismo comunitario, que la semana pasada pidió información sobre la causa después de que un particular planteara si fondos relacionados con la campaña del PSOE para las elecciones europeas de 2024 pudieron acabar destinados a actividades vinculadas a la presunta trama investigada por el juez. En su escrito, al que ha tenido acceso Infobae, el juez Pedraz ordena además poner esta circunstancia en conocimiento de la Fiscalía Europea “a los efectos oportunos”.
La precisión temporal que utiliza Pedraz —“hasta la fecha”— resulta relevante porque su escrito no supone un pronunciamiento general sobre todas las operaciones económicas que aparecen en la investigación ni sobre el conjunto de las pesquisas. Su respuesta se limita a la cuestión concreta planteada por la Fiscalía Europea: si en las diligencias que dirige existen indicios de que hayan resultado afectados los intereses financieros de la Unión.
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El movimiento del organismo europeo se produjo después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporase a la investigación documentación sobre determinados pagos efectuados durante la campaña de las elecciones europeas de junio de 2024. Entre ellos figura el abono realizado por el PSOE a Crónica Libre, medio vinculado a Leire Díez, que inicialmente había sido incluido en el plan de medios de aquella campaña con una cantidad de 20.000 euros. La cantidad finalmente facturada fue de 18.125,80 euros, IVA incluido, según la documentación analizada por la UCO a la que tuvo acceso este diario.
La Fiscalía Europea vuelve sobre el pago a ‘Crónica Libre’
El origen de esta derivada se encuentra en un oficio de la Fiscalía Europea. El fiscal europeo delegado Luis Miguel Jiménez Crespo pidió al juez Pedraz que informara sobre si en las diligencias previas existían “indicios de afectación a los intereses financieros de la UE” y, en caso afirmativo, que facilitara la información disponible sobre este extremo. El documento advertía además de que, si la información solicitada estuviera afectada por el secreto de las actuaciones, se adoptarían las medidas necesarias para garantizarlo.
No era la primera comunicación de la Fiscalía Europea sobre este asunto. El organismo había acudido inicialmente a la UCO para preguntar si en la investigación existían fondos europeos que pudieran haberse visto perjudicados. La Guardia Civil trasladó entonces la documentación al juez instructor para que valorase el contenido de la petición y decidiera lo procedente.
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El rastro de los 18.125 euros
La operación que había puesto el foco sobre Crónica Libre aparece en un informe de la UCO incorporado a la causa. Según la documentación a la que tuvo acceso Infobae, el plan de medios de la campaña europea situaba la publicidad entre el 24 de mayo y el 7 de junio de 2024 y recogía una propuesta del digital por 14.980 euros antes de impuestos. Con el IVA, la factura ascendió a 18.125,80 euros.
La compra de espacios publicitarios del PSOE se gestionaba a través de IKI Media Solutions. La documentación analizada por los investigadores recoge, sin embargo, que en el caso de Crónica Libre el partido habría pactado directamente con el medio tanto el precio como el formato de la campaña. El presupuesto que inicialmente se había reservado ascendía a 20.000 euros, aunque finalmente se ejecutó por una cantidad inferior.
La UCO interrogó a responsables de la agencia que intervenía en la contratación de publicidad. Una de las testigos cuestionó durante su declaración que la inversión en Crónica Libre estuviera justificada atendiendo a la repercusión del medio y explicó que no recibió el informe detallado de resultados que habitualmente se reclamaba a los soportes publicitarios. Otro responsable confirmó que los anuncios habían aparecido publicados en la página web.
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La documentación recopilada por los agentes incluye además intercambios de correos electrónicos sobre la contratación. En ellos se refleja que se llegó a plantear una ampliación de otros 5.000 euros para el medio, aunque finalmente esa cantidad adicional no se habría abonado y el pago quedó en los 18.125,80 euros incluidos en la factura.
Este conjunto de datos fue el que llevó a la Fiscalía Europea a interesarse por la operación, aunque el PSOE ha rechazado que esos pagos tuvieran una finalidad distinta de la publicidad electoral.
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