El Ayuntamiento de Lleida ha aprobado este viernes una ordenanza municipal que prohíbe vestir con elementos que “oculten totalmente el rostro” en espacios públicos. La medida afectaría a prendas religiosas como el burka o el niqab, si bien no vienen mencionadas directamente en el texto.
La nueva normativa se fundamenta en el civismo y el derecho de las mujeres, sin mención a la seguridad ciudadana. Según el alcalde de la ciudad, el socialista Félix Larrosa, la medida “feminista” pretende evitar que una mujer “desaparezca” bajo este tipo de vestimenta. La ordenanza ha sido aprobada con los votos del partido de gobierno, PSC-Units; Junts y Vox. Mientras, PP, ERC y el Comú han votado en contra.
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El artículo 12 del texto establece que, “con fundamento en garantizar la interacción social en los términos habituales y propios de una sociedad libre y democrática, queda prohibido llevar cualquier prenda de ropa, vestimenta u otra indumentaria que oculte el rostro en los espacios públicos”.
La ordenanza prohíbe así llevar cualquier prenda que cubra el rostro, incluidas el burka o el niqab, en los espacios públicos. El incumplimiento de la normativa se castigará con sanciones de entre 400 y 750 euros. El veto a estas vestimentas no aplicará en lugares de culto ni en los espacios donde sea habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas, o cuando se haga en el ejercicio de un derecho fundamental.
Larrosa anunció a mediados de abril su intención de vetar el velo integral en las calles de la ciudad. El gobierno municipal llevó la propuesta al pleno previsto para junio, pero el volumen de enmiendas presentadas por los grupos de la oposición obligó a aplazar la votación hasta después del verano.
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La modificación de la ordenanza se sometió el 15 de septiembre a una comisión informativa, donde no salió adelante por los votos en contra de ERC, PP y Comuns. Junts y Vox se abstuvieron, pero el ejecutivo local ha vuelto a presentarla este viernes, hasta lograr el sí definitivo.
Un debate nacional
No es la primera vez que el debate del burka entra en España. Ya en 2010, el Ayuntamiento de Lleida impulsó una restricción pionera que impedía el uso del burka en equipamientos municipales.
La medida afectaba a bibliotecas, centros cívicos, pabellones deportivos e instalaciones educativas, y se justificó por considerar que la prenda vulneraba los valores de igualdad de género y libertad. El Tribunal Supremo anuló años después la ordenanza tras estimar un recurso de la asociación musulmana Watani, pues entendía que violaba la libertad religiosa.
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Ese mismo año, el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat aprobó otra medida, promovida por el PP de Dolors Montserrat y respaldada por los socialistas. El PSOE municipal argumentó entonces que el velo integral “va contra los derechos de las mujeres y las hace invisibles”.
El pasado mes de febrero, la propuesta de prohibir el burka llegó hasta el Congreso de los Diputados con una propuesta de Vox. La iniciativa no salió adelante, pero Junts adelantó que prepararía su propia ley, en la que incluiría transferir a Cataluña las competencias estatales de seguridad e identificación de personas.
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