El gasto en pensiones alcanzó la cifra récord de 14.498,2 millones de euros en septiembre, un incremento del 6,3% respecto al año anterior, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ese ritmo de crecimiento podría acelerarse aún más de lo previsto por el Gobierno: un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) calcula que el aumento del gasto en pensiones será casi el doble del que estiman los organismos oficiales hacia 2050. Según un documento de trabajo divulgado por Fedea, el incremento del gasto se situará en torno a cinco puntos del PIB hacia mediados de siglo, frente a los menos de 2,5 o 3 puntos previstos por la Administración. Esa brecha se traduce en un deterioro del déficit básico del sistema cercano a cuatro puntos del PIB, según las estimaciones presentadas en la II Jornada sobre el sistema público de pensiones y seguridad social.
Las cifras de referencia proceden de tres organismos que analizan el efecto de la reforma de pensiones aprobada entre 2021 y 2023. El modelo MISSMI de la Seguridad Social, precursor del actual INTegraSS, calculó en 2023 un incremento del gasto por debajo de los 2,5 puntos del PIB. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) llegó a una conclusión similar ese mismo año. El Ageing Report de 2024, elaborado por el Ministerio de Economía en coordinación con la Comisión Europea, sitúa el aumento en torno a tres puntos del PIB.
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Los tres organismos, señala De la Fuente, calculan cuántos pensionistas habrá y cuánto cobrará cada uno en promedio, y a partir de esa base contable proyectan el gasto futuro sin simular cómo cambiaría el comportamiento de los trabajadores ante la reforma. La disparidad con Fedea, precisa el autor, no proviene de los ingresos del sistema, sino de cómo cada modelo calcula la evolución del gasto.
Un modelo con comportamiento capta reacciones que los contables no ven
La clave de la discrepancia, según el documento, está en el tipo de herramienta empleada. Fedea trabaja con el modelo MSSP-OLG, desarrollado junto a los investigadores Alfonso Sánchez Martín y Miguel Ángel García, que incorpora reglas de comportamiento individual: cómo ajustan los trabajadores sus decisiones de ahorro y de jubilación ante cambios en la normativa. Los modelos oficiales, en cambio, son contables y proyectan el gasto a partir de tasas de jubilación calculadas con ajustes manuales que no incorporan de forma explícita esas reacciones.
“Muchas de las medidas de la reciente reforma que tienden a hacer más generoso el sistema de pensiones, como la indexación plena a la inflación, incrementan el gasto directamente pero también indirectamente, a través de un menor ahorro y una jubilación más temprana”, señala De la Fuente en el documento. Ambos comportamientos, añade, tienden a reducir el PIB, lo que amplía todavía más la proporción del gasto sobre la economía.
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La jubilación demorada crecerá aunque no cambien los incentivos
El estudio incluye un dato que matiza el papel atribuido a la reforma. El porcentaje de trabajadores que opta por demorar su jubilación pasará del 10% actual a un 30% proyectado, pero ese cambio se explica, en gran medida, por el aumento de la esperanza de vida recogido en las proyecciones demográficas de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), no por los nuevos incentivos introducidos en la reforma de 2021-23. Una mayor longevidad exige más ahorro para una jubilación más prolongada, lo que empuja a extender la vida laboral con independencia de la normativa vigente.
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