Las calles de Ceuta siguen abarrotadas de personas que duermen en el suelo, sobre sacos o en tiendas de campaña. La playa de Benítez alberga en estos momentos el principal campamento improvisado de migrantes. Este viernes, tras discusiones políticas y judiciales, se puso en marcha el traslado a la zona del puerto habilitada para recibir a los migrantes. Sin embargo, las 1.700 plazas estaban lejos de cubrir todas las necesidades. Según fuentes de La Moncloa, todavía quedan en torno a 3.000 personas en la calle, aunque el Ejecutivo ceutí de Juan Jesús Vivas asegura que son muchas más.
Antes del cierre del campamento del puerto, el Gobierno ya preveía que miles de personas buscarían refugio de nuevo en asentamientos de la costa. El Ejecutivo considera que la salida a una crisis que se prolonga desde hace casi dos meses pasa por activar los retornos, una opción para la que Marruecos ha expresado su disposición. Rabat trasladó esa postura a la Unión Europea (UE) mediante una carta remitida a varios eurodiputados españoles antes del debate en el Parlamento Europeo sobre la entrada de 80.000 personas en Ceuta el 30 y el 31 de julio, según adelantaron varios medios como Europa Press.
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En el documento, la representación marroquí afirmó que está dispuesta a readmitir a quienes llegaron entonces a la ciudad autónoma, incluidos ciudadanos marroquíes, menores no acompañados y nacionales de terceros países. La comunicación, fechada el 14 de septiembre, llegó a eurodiputados de todos los partidos españoles, con el objetivo de influir en sus votos. Marruecos atribuyó parte de lo sucedido a la desinformación en redes sociales y a redes de tráfico y trata de personas. También rechazó haber provocado la crisis y defendió su cooperación migratoria con España y la UE.
Al ser consultadas sobre esta cuestión, fuentes del Gobierno aseguran que no ven motivos para desconfiar de Rabat y creer que no cumpla su compromiso. Desde el comienzo de la crisis, el PSOE y el sector central del Ejecutivo han mantenido una posición de alianza y vecindad con Marruecos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo definió como un “socio leal”, mientras que Pedro Sánchez explicó en el Congreso de los Diputados que no había pruebas de que el régimen de Mohamed VI estuviera detrás de las entradas por la frontera.
Discusión con el PP por la acogida
El Gobierno sostiene que alrededor de 3.000 personas permanecerán en la calle si no se habilitan nuevas ubicaciones, una situación que, según su posición, exige asumir la realidad y gestionarla en lugar de ignorarla. Fuentes del Ejecutivo reclaman al Partido Popular que contribuya a buscar soluciones y rechazan la exigencia de que todos regresen de inmediato, una propuesta que califican de irreal. La palabra más empleada desde el Gobierno para referirse a la posición del líder de la oposición es irresponsabilidad, porque consideran que está empleando la crisis para sus intereses electorales.
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También apuntan que el ministro Ángel Víctor Torres mantiene contacto con el presidente Vivas desde el principio, pese al malestar que el dirigente autonómico ha expresado públicamente. La postura oficial es que el problema requiere ampliar la capacidad de acogida y distribuir responsabilidades entre administraciones. El Gobierno acusa al PP de insistir en una afirmación falsa al plantear un retorno inmediato como única salida y pide que participe en la búsqueda de alternativas viables.
La distancia entre las cifras de La Moncloa y las estimaciones del Gobierno ceutí añade tensión al debate sobre la respuesta inmediata. Mientras se habilitan nuevos recursos, la falta de plazas mantiene a miles de personas fuera de los dispositivos de acogida. El Ejecutivo central defiende que la solución no depende únicamente de los traslados dentro de Ceuta, sino de la coordinación con Marruecos y del reparto de responsabilidades entre las distintas administraciones implicadas.
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