El Gobierno francés se prepara para tomar decisiones impopulares para intentar contener el deterioro de las cuentas públicas. Entre las medidas que estudia figura una que afecta directamente a los jubilados con mayores ingresos: congelar sus pensiones en 2027 o, al menos, limitar su revalorización por debajo de la inflación. La propuesta todavía no está cerrada, pero el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, ha puesto públicamente la posibilidad sobre la mesa.
“La contribución a la recuperación nacional de los pensionistas más acomodados, por ejemplo mediante una indexación más moderada de sus pensiones, es una cuestión que merece plantearse”, escribió este lunes Lescure en la red social Bluesky, según recoge Efe. El mensaje recupera una idea que el ministro ya había planteado el viernes en una entrevista con Libération, aunque entonces insistió en que no había ninguna decisión tomada.
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El Gobierno quiere, en todo caso, evitar que un eventual ajuste recaiga sobre los pensionistas con menos recursos. Lescure no ha precisado dónde situaría el umbral a partir del cual se aplicaría una revalorización más moderada. Algunas estimaciones manejadas en Francia apuntan a que limitar a la mitad de la inflación el aumento de las pensiones de quienes cobran 3.000 euros brutos permitiría ahorrar unos 700 millones de euros. Si la medida se extendiera a quienes perciben más de 2.000 euros, el ahorro alcanzaría los 1.500 millones.
Una medida que reabre la batalla por las pensiones
La propuesta llega después de que el Gobierno francés suspendiera a comienzos de año la aplicación de la reforma de las pensiones que elevaba progresivamente la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años. Aquella decisión fue una de las condiciones planteadas por los socialistas para evitar que el Ejecutivo cayera en una moción de censura.
Uno de los antiguos responsables de Economía, Thierry Breton, ha criticado ahora aquella suspensión. En declaraciones a BFMTV, Breton acusó al Gobierno de haber ganado tiempo con la congelación de la reforma y de verse obligado ahora a buscar alternativas que pueden resultar más costosas políticamente, al afectar directamente a quienes ya están jubilados.
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Lescure ha cuestionado las cifras utilizadas por su antecesor para calcular el impacto presupuestario de la suspensión de la reforma. Pero, más allá de esa discusión, el ministro ha defendido que el equilibrio financiero del sistema de pensiones sigue siendo una cuestión que Francia tendrá que abordar. El debate llega, además, en un momento especialmente delicado para las finanzas públicas.
Francia afronta una presión creciente sobre sus cuentas
Francia cerró 2025 con un déficit público equivalente al 5,1% de su producto interior bruto (PIB), el segundo más elevado de la zona euro, solo por detrás de Bélgica. El Gobierno se había marcado como objetivo reducirlo ligeramente hasta el 5% en 2026 y avanzar posteriormente hacia el límite del 3% establecido por las reglas fiscales europeas.
Ese calendario se complica. Las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio han añadido presión a unas cuentas públicas ya tensionadas y dificultan que París alcance este año el objetivo que se había fijado. Según Le Monde, el Ejecutivo estaría manejando ahora para 2027 una meta de déficit del 4,9%, una reducción mucho más modesta de la prevista inicialmente.
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Con ese escenario, la posibilidad de situar el déficit por debajo del 3% en 2029 queda cada vez más comprometida. El Gobierno necesita encontrar recursos y reducir gastos, pero cada decisión tiene un coste político. Las pensiones ocupan un lugar especialmente sensible porque afectan a un colectivo numeroso y con una elevada participación electoral.
El factor electoral condiciona la decisión
El momento en que aparece la propuesta tampoco es casual. El Gobierno tendrá que presentar en las próximas semanas sus cartas para el presupuesto de 2027, precisamente un ejercicio marcado por las elecciones presidenciales francesas, previstas para el 18 de abril y el 2 de mayo.
Los pensionistas representan cerca de una cuarta parte de la población francesa y se encuentran entre los grupos con una mayor participación en las elecciones. Cualquier decisión que reduzca su poder adquisitivo puede tener, por tanto, consecuencias que vayan mucho más allá de las cuentas públicas.
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El Ejecutivo se encuentra así ante un equilibrio complicado: necesita convencer a los mercados y a sus socios europeos de que Francia puede reconducir sus finanzas, pero al mismo tiempo debe evitar que el ajuste desencadene una nueva crisis política.
La posibilidad de moderar la subida de las pensiones más altas permite al Gobierno concentrar parte del esfuerzo en quienes tienen mayor capacidad económica, pero también abre un nuevo frente en un país que lleva años dividido por la reforma de su sistema de jubilación.
Por ahora, Lescure mantiene la medida en el terreno de las posibilidades. La incógnita es cuánto tiempo podrá permanecer ahí. Con la presentación de los presupuestos de 2027 cada vez más cerca, Francia tendrá que decidir cómo reparte el coste de corregir unas cuentas públicas que siguen alejándose de los objetivos marcados. Y las pensiones, una vez más, vuelven a estar en el centro del debate.
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