El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el Real Decreto-Ley 19/2026, que abre la puerta a la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las administraciones públicas, en una sesión plenaria extraordinaria celebrada en plena recta final antes de la pausa de verano. Las abstenciones del Partido Popular y Junts han sido determinantes para sacar adelante la norma, que ha contado con los votos en contra de Vox y Podemos. En concreto, la votación ha salido adelante con 167 votos a favor, 37 en contra y 144 abstenciones.
Los cuatro diputados de Podemos se han sumado a la ultraderecha para rechazar el texto. El partido liderado por Ione Belarra ha justificado su voto negativo por la ausencia de medidas para regularizar la situación de los empleados interinos del sector público. Una posición que también ha compartido Junts, mientras que Vox se ha opuesto desde un planteamiento ideológico más amplio contra la norma.
El decreto se aprobó en el Consejo de Ministros y publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 de junio. Así, se recupera un derecho que el personal laboral de las administraciones ya tenía antes de que la última reforma de pensiones lo dejara en suspenso. La reforma, articulada a través del Real Decreto-Ley 11/2024, había eliminado esta posibilidad al exigir que los contratos de relevo fueran siempre de carácter indefinido, una condición que en el ámbito público requiere superar un proceso de oposición o concurso-oposición.
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Condiciones para el retiro parcial
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido el texto ante la Cámara Baja como “un balón de oxígeno” para la administración y para miles de trabajadores públicos. Durante su intervención, ha subrayado que la norma permitirá que el personal laboral de todas las administraciones acceda a la jubilación parcial mediante contratos de relevo temporales, válidos desde la fecha de efectos de la jubilación parcial y por un plazo máximo de dos años tras su extinción.
Para acogerse a esta modalidad, los trabajadores deberán cumplir varios requisitos. Primero, tendrán que jubilarse con un mínimo de tres años de antelación respecto a la edad ordinaria de retiro, además de acreditar al menos 33 años cotizados, contar con una antigüedad mínima de seis años en la misma administración y acordar una reducción de jornada de entre el 25% y el 75%.
Si el anticipo supera los dos años, la reducción durante el primer año deberá situarse entre el 20% y el 33%. Con esta fórmula, el trabajador percibe el salario proporcional al tiempo trabajado y la pensión correspondiente a la parte de jornada no cubierta.
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Plazos y complementos
La norma también obliga a las administraciones a contar con un instrumento de planificación, preferiblemente las ofertas de empleo público, para organizar la cobertura de las jubilaciones parciales. La oferta de empleo público de 2026 a la Administración General del Estado ya incluye 854 plazas destinadas a la contratación de personal de relevo fijo. El decreto establece además un periodo transitorio hasta el 1 de abril de 2027 para facilitar la adaptación gradual de las administraciones al nuevo sistema.
Por otro lado, el texto también incorpora la revisión de las indemnizaciones por residencia del personal de la Administración General del Estado destinado en las Islas Baleares. El complemento aumentará un 100% en Mallorca y más de un 300% en el resto de las islas, con efecto retroactivo desde el 1 de julio.
Y la reforma cuenta, además, con el apoyo de los sindicatos. Días antes de la votación, Comisiones Obreras (CCOO) ya había solicitado ante los grupos parlamentarios su apoyo al decreto, al que describió como el resultado de meses de movilizaciones y negociación para recuperar un derecho que la reforma de pensiones había suspendido de manera involuntaria.
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*Noticia elaborada con información de agencias.