El pleno del Consejo de París ha aprobado este sábado elevar al máximo legal el impuesto sobre las viviendas desocupadas de la capital francesa, con entrada en vigor en enero de 2027. La medida, promovida por el gobierno socialista del alcalde Emmanuel Grégoire, fija una tasa del 30% del valor catastral de alquiler el primer año de desocupación y del 60% a partir del segundo, frente al actual 17% y 34% que establece el marco nacional por defecto. El objetivo es devolver al mercado unas 20.000 viviendas vacías para aliviar una crisis de acceso a la vivienda que lleva años agravándose en la ciudad.
Según informa la agencia EFE, el Consistorio justifica la medida el ejemplo de un propietario de un apartamento de 30 metros cuadrados en el distrito XVII, que hoy paga un impuesto estimado en 790 euros y pasará a abonar 1.400 euros en enero de 2027 o 2.800 euros a partir de 2028 si mantiene el inmueble vacío. La base de cálculo se determina por el valor catastral de alquiler del bien, sin bonificaciones ni deducciones.
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La nueva norma se ampara en la Ley de Finanzas para 2026, que autoriza a los municipios a aplicar los tipos máximos a partir del 1 de enero de 2027. Hasta ahora, el impuesto nacional sobre viviendas vacías, vigente desde 1999, fijaba unos tipos de apenas la mitad.
Un 20% del parque sin uso habitual
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística francés (INSEE) correspondientes a 2023, 139.075 viviendas estaban entonces desocupadas en París, alrededor del 10% del parque residencial. Sumadas las aproximadamente 140.000 residencias secundarias, cerca de un 20% de los inmuebles de la capital no funciona como vivienda habitual. En un documento municipal de 2024, el propio Ayuntamiento cifró en 270.000 las unidades entre vacías y secundarias, y estimó que la ciudad pierde unas 5.000 residencias principales al año, una tendencia que la Agencia de Urbanismo de París (Apur) vincula directamente al descenso de la población residente, que entre 2016 y 2022 cayó a un ritmo de 12.800 personas por año.
EFE precisa que el impuesto se aplica únicamente a viviendas habitables que lleven desocupadas al menos un año en zonas de mercado tensionado, una condición que París cumple. El Ayuntamiento mantendrá las exenciones vigentes para los casos en que la desocupación sea ajena a la voluntad del propietario: inmuebles paralizados por litigios judiciales o herencias, obras de gran envergadura, o propiedades puestas a la venta o en alquiler a precio de mercado sin comprador ni arrendatario.
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Una estrategia para aliviar la crisis habitacional
No obstante, la oposición conservadora rechaza la medida y califica la decisión de “inútil” y de “ataque fiscal” contra los propietarios. El medio francés La Clé Publique ha señalado que “la medida no crea ninguna vivienda por sí misma”, aunque reconoce que encarece el coste de mantener un apartamento habitable fuera del mercado en una ciudad donde el espacio residencial escasea. La deliberación municipal tampoco especifica cuántos inmuebles quedarán efectivamente sujetos al nuevo gravamen ni qué recaudación se espera obtener.
La subida del impuesto se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno de Grégoire, que llegó al cargo tras las elecciones municipales de 2026 con la vivienda como eje central de su programa. El nuevo alcalde comprometió 600 millones de euros en el presupuesto de 2026 para vivienda social y asequible, y se fijó como meta la construcción de 60.000 unidades de vivienda social para 2032. En abril, el Consistorio puso en marcha la llamada “Brigada de Protección de la Vivienda”, un cuerpo de 150 agentes municipales con mandato para perseguir alquileres turísticos ilegales, propietarios abusivos e incumplimientos del control de rentas, con el objetivo de reintroducir unas 50.000 viviendas al mercado en tres o cuatro años.
El frente del alquiler turístico es el otro flanco de esta ofensiva. Desde enero de 2025, París limita a 90 días al año el arrendamiento turístico de una residencia principal. Según datos de Apur basados en Inside Airbnb, en octubre de 2025 había unas 86.000 viviendas listadas en esa plataforma en París y su área metropolitana, de las que cerca de 75.000 correspondían a inmuebles completos frente a los casi 100.000 de dos años antes.
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