El envejecimiento poblacional es uno de los desafíos más urgentes para la viabilidad de la economía española. Cuanto más sube el número de jubilados, mayor es el desembolso de la Administración para cubrir sus pensiones, que deberían compensarse con la entrada de nuevos trabajadores al mercado laboral, aunque esto no está ocurriendo con la celeridad necesaria. Además, aunque a veces se relaciona la natalidad con mayores aportes al Estado, una mayor fecundidad, lejos de aliviar el gasto, generaría un deterioro profundo en las arcas del Estado.
Así lo refleja el informe Las transferencias intergeneracionales y el reto demográfico, elaborado por Esade. Los expertos han utilizado las Cuentas Nacionales de Transferencia para cuantificar cómo se distribuyen impuestos pagados y prestaciones recibidas a lo largo de la vida. El estudio proyecta qué ocurriría si el sistema actual operara bajo la pirámide demográfica esperada y los resultados aclaran que tener más bebés no aliviaría el gasto público.
En el horizonte temporal proyectado hasta el año 2050, un incremento en los nacimientos no aportaría ingresos al sistema. Por el contrario, un aumento de la natalidad engrosaría primero la base de la población infantil dependiente. Esta situación implicaría un aumento considerable e inmediato en partidas asociadas a educación, ayudas familiares y sanidad pediátrica. Por tanto, la presión sobre el déficit público empeoraría notablemente.
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Los especialistas han señalado que el ansiado alivio económico derivado de una mayor natalidad tardaría muchísimo en llegar. Los efectos plenamente positivos en la recaudación solo se materializarían durante la segunda mitad del siglo XXI. Para entonces, las abultadas generaciones que hoy se encaminan a la jubilación ya habrían atravesado su etapa de mayor dependencia. Así, Esade ha considerado que incentivar la fecundidad no es una respuesta rápida frente al agujero inminente.
Los ciudadanos reciben más de lo que aportan al Estado
Actualmente, el sistema tributario opera con márgenes en números rojos, demostrando una grave descompensación estructural. En 2024, los impuestos analizados fueron insuficientes para cubrir el gasto asignable por edad, arrojando un saldo negativo de 30.213 millones de euros. Las cuentas del informe son claras: un individuo recibiría del sector público durante toda su vida casi 140.000 euros más de lo que aportaría. Esto evidencia un diseño institucional frágil ante el envejecimiento.
De cara a 2050, el panorama fiscal adquiere tintes muy oscuros bajo cualquier hipótesis demográfica. Esade ha indicado que, si no se alteran las políticas vigentes, el déficit fiscal asignable por edad podría dispararse entre el 6,7% y el 9,1% del PIB. Este abismo responde a una dinámica ineludible: las cohortes del “baby boom” se desplazan rápidamente hacia las edades de mayor gasto estatal. Además, la falta de trabajadores exacerbará la problemática.
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El núcleo central de esta crisis no reside exclusivamente en la pirámide poblacional, sino en el diseño del pago de jubilaciones. Las normas actuales del sistema contributivo español garantizan una rentabilidad implícita en torno al 2,61% anual. Sin embargo, el crecimiento real de los ingresos apenas avanza a un modesto ritmo del 1,4%. Esta persistente brecha matemática condena las proyecciones de sostenibilidad a futuro.
La migración amortigua el golpe fiscal
Frente a la ineficacia de los nacimientos a corto plazo, la entrada de trabajadores extranjeros asume el papel de amortiguador. La adopción de un escenario migratorio moderado lograría recortar el déficit en 1,7 puntos del PIB. Pese a ello, esta ventaja resulta puramente transitoria, ya que los migrantes eventualmente reclamarán sus prestaciones. Además, su nivel formativo inferior al promedio nativo reduce el potencial tributario esperado.
Para intentar salir de este laberinto financiero, los investigadores han sugerido redirigir los esfuerzos normativos hacia el mercado laboral. Prolongar la vida activa de quienes tienen entre 55 y 64 años generaría una mejoría fiscal de 19.000 euros extra anuales por empleado. Además, han pedido la aprobación de mecanismos automáticos que aten la edad de jubilación a los incrementos de longevidad como ocurre en otros estados de la Unión Europea.
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Otra de las opciones para redirigir la situación en transformar la Seguridad Social hacia un modelo de cuentas nocionales. Este mecanismo transparentaría la proporción entre el capital aportado por un ciudadano y las pensiones devueltas. Suecia e Italia impulsaron medidas similares hace tres décadas, utilizando transiciones fraccionadas por cohortes. Esta maniobra redefiniría las responsabilidades asignadas a los futuros trabajadores sin centrarse en proyecciones globales teóricas.