El Congreso de los Diputados ha aprobado la penalización de las pseudoterapias de conversión para personas LGTBIQ+. La iniciativa registrada por el PSOE plantea incorporar un nuevo artículo al Código Penal para castigar con prisión de seis meses a dos años a quien aplique o practique actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión que busquen modificar, reprimir, eliminar o negar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género de una persona.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, informó la semana pasada al Congreso que en los últimos meses su departamento había recibido varias denuncias relevantes, tanto individuales como colectivas, sobre el uso de estas falsas terapias prohibidas por ley. En 2025, la Asociación Española contra las Terapias de Conversión presentó una denuncia ante Igualdad contra varias diócesis españolas, además de personas físicas, una empresa y una fundación, por presuntamente promover y acoger eventos donde se proponían terapias de conversión para personas LGTBI “basadas en la castidad y la práctica religiosa” con el objetivo de hacer ver que la homosexualidad no responde a una orientación sexual natural.
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La ONU describe como actos de tortura estas prácticas por los daños psicológicos y físicos que pueden ser permanentes para las personas que se exponen a ellas. Estas prácticas, señaló el organismo en un informe publicado el pasado 2020, son “intrínsecamente degradantes y discriminatorias”, ya que se apoyan en la idea de que las personas LGBT son inferiores.
El PP acusa al gobierno de “instrumentalizar la batalla” y Vox defiende las prácticas
El Partido Popular y Vox se opusieron a la tramitación de la norma en la Comisión de Igualdad, paso previo a la votación en pleno. Esta vez, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha optado por la abstención y el de Santiago Abascal ha reafirmado su negativa, aunque por motivos diferentes. El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime De los Santos, ha acusado al PSOE de “utilizar el debate” de esta ley “tan necesaria como corrompida”, mientras que la diputada de Vox, María Ruiz Solas, ha defendido la continuidad de estas prácticas y ha acusado al Ejecutivo de “encarcelar” a quienes no piensan como ellos.
La ministra de Igualdad ha aseverado que la penalización de esas ‘terapias’ significa “un punto de llegada, un paso más, un avance más” en materia de derechos. “Reivindicamos precisamente la dignidad de las personas, estamos avanzando en derechos y también desarrollando la Constitución, ese artículo 15 que reconoce el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad y en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes”, ha afirmado.
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La Federación Estatal LTBI+ celebra la decisión: “Es un paso más”
“Esta ley supone un paso más en la protección de la dignidad y la integridad de las personas LGTBI+”, ha celebrado la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, en un comunicado publicado tras la votación.
“Hoy sembramos una semilla de reparación para todas esas personas que han sido víctimas de la tortura que suponen las mal llamadas terapias de conversión. Esperamos recoger sus frutos en forma de erradicación definitiva de unas prácticas que atentan contra la libertad de un colectivo históricamente agredido y perseguido únicamente por ser y existir fuera de la normatividad”, ha denunciado.
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