Por la cabeza de Leire Díez pasaban todo tipo de ideas para buscar trapos sucios contra los mandos de la UCO de la Guardia Civil que habían iniciado varias investigaciones contra dirigentes del PSOE y el entorno familiar de Pedro Sánchez. Mandos a los que quería “purgar”. Una de ellas, vincular a estos agentes con una de las empresas energéticas más importantes del país, Repsol. La ‘fontanera’ socialista intenta hilar una extraña tesis: que existía una especie de connivencia o pacto secreto entre Repsol y la UCO para acabar con la competencia de la petrolera. Por eso, la UCO había liderado investigaciones contra empresarios del sector de los hidrocarburos en varias causas de fraude de impuestos. El objetivo de Leire era que estos empresarios, para vengarse, le aportaran información “comprometedora” para golpear a Repsol.
Para explicar esta historia hay que poner contexto. En marzo de 2017, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, decidió archivar el ‘caso petroleras’, en el que se investigaba un posible pacto de precios entre Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil. El magistrado adoptó esta decisión tras la petición de la fiscal de la Audiencia Nacional Rosana Lledó, que reclamó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. En esas actuaciones, dos informes precisamente de la UCO, que concluyó que estas cinco empresas no habían alcanzado “pactos colusorios”, es decir, “convenios ilícitos en perjuicio de terceros con incidencia en la normativa penal”. No hubo delito, pero sí infracción administrativa. De hecho, en junio de 2019 el Tribunal Supremo confirmó una multa de 22,5 millones de euros que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había impuesto a Repsol por este tema.
El sumario del ‘caso Leire’, hecho público esta semana, revela que la militante socialista quería información sobre Repsol y su posible relación con agentes de la UCO. Si encontraba algo turbio, podría generar el escándalo suficiente para justificar un ataque directo a la reputación de la UCO. Así lo declararon dos empresarios del sector que testificaron ante la UCO. Uno de ellos es Antonio Rodríguez Estepa, condenado por fraude fiscal y blanqueo de capitales en dos causas y que se encuentra investigado en una tercera. Estepa asegura que no conoce a Leire, pero que sí se reunió con otro miembro de las cloacas socialistas, el abogado Jacobo Teijelo (también imputado), que le pidió información que pudiera perjudicar a la petrolera Repsol.
PUBLICIDAD
Estepa también revela otra reunión con la abogada Leticia de la Hoz (que defiende a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos), que le prometió beneficios procesales “con la condición de que aportara información comprometedora sobre Repsol, la UCO, Antonio Balas y altos cargos de Hacienda”. Es en ese momento cuando apareció el nombre de Leire. Si Estepa aceptaba el trato, tenía que empezar a negociar con la fontanera socialista. Otro de los empresarios es Joaquín Parra, expresidente del Badajoz Club de Fútbol, que ya ha sido condenado por la Audiencia Nacional a siete años de prisión en una de estas causas por fraude al IVA en el sector de los hidrocarburos, sentencia que todavía no es firme. También está acusado en un juzgado de Málaga por otro fraude en el mismo sector petrolero.
Cambios en Repsol
Parra declaró que Leire quería que él interpusiera una denuncia contra Repsol y que para ello le ayudaría el abogado Jacobo Teijelo. Parra da más detalles y señala que el objetivo era “producir un cambio en la directiva de la citada sociedad favorable a los intereses del Gobierno”. Parra dejó caer ante la UCO que durante su reunión con Leire le preguntó si el “Pedro” [por el presidente] estaba al tanto, a lo que ella respondió que afirmativamente. En esa época el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Repsol protagonizaban una especie de ‘guerra fría’ por el impuesto a las grandes energéticas. Podemos, por ejemplo, defendía nacionalizar a Repsol.
Pero el que más detalles dio fue Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil imputado por cohecho en ‘el caso Koldo’. Villalba mantuvo dos citas con Leire en marzo de 2025 e hizo unos informes caseros que luego aportó a la UCO. En esos informes se especifica que, según Leire, el teniente coronel Antonio Balas (uno de los jefes de la UCO) “va a ser contratado por Repsol como responsable de la seguridad corporativa” de la energética. También que “había seis personas pagadas por Repsol en el ministerio de Industria” que iban a dejar la Administración para trabajar para la petrolera. “No saben si frenar este fichaje antes de su contratación o detenerlo una vez hecha efectiva su contratación, y así matarían dos pájaros de un tiro provocando una brecha reputacional para Repsol. Leire refleja también que tienen ganas de ir contra Repsol”, escribe Villalba.
PUBLICIDAD
El comandante Villalba también reflejó que Leire le dijo que Repsol “estaba detrás” de algunas de las operaciones de la UCO contra empresas de la competencia para “evitar que crezcan. Leire ha focalizado casi toda la reunión en el tema de hidrocarburos, donde yo no estoy puesto al no afectarme ni directa ni indirectamente por lo que puede haber algún detalle que no habría cogido, concretamente nombres de personas”. La fontanera, que ahora en alguna entrevista se ha definido como “una bocazas”, le contó a Villaba que tenía “pruebas de puterio de mandos de la UCO y otros que estarían a sueldo de Repsol. Y que habría empresarios dispuestos a declarar policialmente y aportar todas las pruebas de lo comentado”.