Los médicos inspectores de la Seguridad Social son los encargados de valorar a los profesionales en situación de incapacidad. Estudian su estado de salud, ven las secuelas derivadas de los accidentes profesionales, valoran las lesiones permanentes no invalidantes... Todo este trabajo lo realizan un total de 478 médicos, ni más ni menos.
La plantilla sigue igual que en 2013 y ya entonces se consideraba que faltaban 200 profesionales, pero la actividad no ha parado de crecer. Las bajas laborales han crecido un 67% entre 2017 y 2024, y en 2025 volvieron a marcar un récord de 53,7 por cada 1.000 asalariados. Los médicos inspectores continúan haciendo sus tareas y, desde 2023, han visto sus competencias ampliadas, sin el adecuado reconocimiento. Por ello, el sindicato Simediss ha convocado una huelga indefinida entre los médicos inspectores, con una jornada de paros al mes.
El conflicto con la administración no es reciente, apunta la portavoz sindical Silvia Laredo. En 2023, el Real Decreto 22/2023 aumentó las funciones de los médicos inspectores y les otorgó nuevas responsabilidades. Hasta entonces, cuando un trabajador superaba los 12 meses de baja, debía pasar por un tribunal médico, pero el cambio normativo devolvió a la tarea a los médicos inspectores, dejando las labores del tribunal a los casos que superasen los 18 meses.
La modificación supuso más trabajo, pero se hizo sin ningún tipo de refuerzo de plantilla. “Solicitamos que se demorase la entrada en vigor para un estudio más profundo, porque advertimos que eso iba a empeorar la gestión de la incapacidad, pero nuestros gritos fueron desoídos”, lamenta Laredo.
El cambio ha supuesto un aumento considerable de los pacientes que ven en su día a día y, consecuentemente, un retraso en la concesión o retirada de las incapacidades. “Entre el mes 12 y el mes 18, los médicos inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) somos los únicos competentes para emitir el alta”, explica Ledo. Sin embargo, esta revisión de su estado de salud no llega hasta "los 700 días de incapacidad, es decir, próximos al mes 23″, especifica. “Si no podemos ver a los pacientes, no podemos saber si las bajas están justificadas o no, con lo cual se está malgastando dinero público porque no estamos supervisando que esa prestación se esté dando de manera adecuada”, resalta la doctora.
Un acuerdo incumplido
El conflicto con los médicos inspectores podría haberse resuelto en julio de 2024: tras diez meses de huelgas y manifestaciones, lograron un acuerdo con el Ministerio de la Seguridad Social que mejoraba las condiciones de trabajo. “Sobre todo se pedían mejoras en cuanto a seguridad, en cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales”, explica Ledo.
El acuerdo lo firmó el secretario de Estado, Borja Suárez Corujo, pero nunca llegó a cumplirse. “El colectivo sintió que fue una maniobra para intentar acallarnos. Entonces los médicos inspectores se unieron más que nunca: pusimos dinero de nuestro bolsillo para crear un sindicato propio y conseguir que se mejorase la situación”, cuenta la portavoz sindical.
Desde entonces, han intentado en multitud de ocasiones reunirse con el secretario de Estado y la ministra, sin demasiado éxito. “Dijeron que iban a estudiar el tema, pero nada más. En noviembre de 2025, volvimos a escribir y empeoró nuestra situación: se dictaron unas instrucciones que aumentaron todavía más la carga de trabajo y primaban la valoración no presencial del paciente”, dice Ledo.
La actitud ministerial ha recibido el rechazo del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), que considera que las últimas actualizaciones normativas conllevan “una mayor peligrosidad en el ejercicio de su profesión”. Mientras, los médicos inspectores continúan con su lucha, en una nueva jornada de huelga este lunes 27 de abril. “Reclamamos tiempo para la formación, la carrera profesional, la independencia dentro del INSS, que adecúen los medios humanos y materiales, que tengamos más tiempo por paciente y el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos”, resume Ledo.