En el ecosistema político de Pozuelo de Alarcón, municipio madrileño de 89.500 vecinos, hay un chascarrillo que repiten muchos protagonistas: “Aquí, en Pozuelo, el PP presenta una cabra como candidata a la Alcaldía y gana”. Una manera algo excéntrica de ejemplificar que los populares gobiernan la localidad ininterrumpidamente desde 1983, cuando el PP era Alianza Popular. Y que la marca es tan fuerte que da igual el candidato. Pozuelo está en el cinturón oeste metropolitano, un bastión tradicional de la derecha. Pozuelo es, además, el municipio más rico de España, con unos ingresos medios por persona de 88.011 euros al año. Lidera indiscutiblemente desde hace 10 años esta clasificación que hace la Agencia Tributaria.
Pero esto no quiere decir que el Ayuntamiento, siempre dirigido por el PP, tenga una especie de ‘bula papal’ para hacer lo que quiera. A veces, los vecinos de Pozuelo salen respondones. De hecho, plataformas vecinales han conseguido paralizar, con el aval de la justicia, dos de los proyectos urbanísticos más importantes que el Gobierno local del PP había diseñado para el municipio: la construcción de 1.050 viviendas en un paraje natural, Montegancedo; y el nuevo Palacio de Congresos, que también contaría con un recinto ferial al aire libre y un hotel de lujo. Dos victorias judiciales en dos batallas que se presumen largas en el tiempo.
La sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia número 31 de Madrid acordó el pasado 17 de abril la suspensión cautelar del proyecto impulsado por el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para la construcción del auditorio, el recinto ferial y el hotel. Así lo había solicitado la Asociación de Vecinos de Pozuelo de Alarcón por la Calidad de Vida y Contra el Ruido (POZCAVIR). “La adopción de estas medidas cautelares implica que el juzgado aprecia riesgo de daños irreversibles y la necesidad de proteger el entorno mientras se analiza la legalidad del proyecto. La decisión judicial contradice el mensaje de tranquilidad trasladado por el Ayuntamiento y pone en cuestión las garantías del proyecto”, explica Javier Cabo, portavoz de una asociación que ha recogido 7.000 firmas contra este proyecto y casi 8.500 euros en donaciones para afrontar los gastos judiciales y periciales.
La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, amadrinó este proyecto en septiembre de 2024. ¿Qué quiere construir el Ayuntamiento? Un Palacio de Congresos, un recinto ferial y un hotel de 150 habitaciones en unas parcelas que hay enfrente del Centro Comercial Zielo, justo limitando con la carretera M-503. Los suelos son 100% titularidad municipal. Todo ha sido diseñado por el arquitecto Alberto Martín Caballero, exmarido de Lydia Bosch. El Consistorio licitó el pasado 21 de diciembre el contrato para empezar las obras de urbanización del recinto ferial, valoradas en 15,5 millones de euros, y quiere explotar el Palacio en régimen de concesión durante 50 años.
Los vecinos han conseguido, de momento, paralizar los inicios de las obras de urbanización. “Procede acordar la suspensión de la ejecutividad del acto administrativo impugnado, toda vez que si se ejecutase y se dictase posteriormente una sentencia estimatoria, se producirían perjuicios de muy difícil o imposible reparación que harían perder la finalidad legítima del recurso”, dice la resolución judicial que acaba de ser aprobada. El fallo, no obstante, otorga al ayuntamiento que dirige Paloma Tejero un plazo de 15 días para presentar recurso de apelación. Las medidas cautelares se mantendrán hasta que haya sentencia firme sobre el proceso o haya finalizado por otras causas.
Conflicto por una urbanización de 1.050 viviendas
A unos nueve kilómetros de donde se quieren levantar el Palacio de Congresos, el recinto ferial y el hotel, está el paraje de Montegancedo. Allí, la inmobiliaria Aedas Home quiere construir una urbanización de 1.050 viviendas. El proyecto se publicita como un barrio sostenible que dedicará más de la mitad de su superficie (35 hectáreas) a “espacios verdes, públicos e iluminados”.
El problema es que para llevar a cabo este proyecto hay que talar encinas centenarias. Los vecinos, organizados en otra plataforma, Salvemos Motegancedo, que ha recogido más de 5.000 firmas, también están plantando su particular batalla judicial.
El pasado mes de febrero, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la apelación interpuesta por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Aedas Homes y Pryconsa, S.A., que buscaba reiniciar las obras de las viviendas. Y es que en julio de 2024 un juzgado había aprobado las medidas cautelares solicitadas por los vecinos y Ecologistas en Acción que paralizaron las obras de la urbanización.
La Sala entiende que, de no suspenderse la ejecución del proyecto de urbanización, esta suspensión perdería su finalidad dado que, una vez dictada la sentencia, aun resultando estimatoria, “toda la zona habrá desaparecido y perdido su valor botánico y ecológico, y la desaparición de las aves rapaces, sin que sea posible de ningún modo revertir la situación a su estado anterior”. Una portavoz de esta plataforma señala que “la justicia ha ponderado en los intereses en conflicto que no cabe interponer al riesgo medioambiental los eventuales perjuicios económicos a los que aluden los titulares del suelo.
Críticas de Vox, PSOE y Somos
Toda la oposición critica el papel que está desempeñando el Gobierno local del PP. Para Ainhoa García, portavoz de Vox, los populares “no tienen un modelo de ciudad. Lo que ha venido haciendo el PP en los últimos años es vivir de las rentas de décadas de estar en el Gobierno y ahora mismo ha perdido la perspectiva. En política municipal hay que escuchar activamente a tus vecinos. El PP se ha relajado y están actuando a espaldas de los vecinos, y estos cada vez son más conscientes de lo que hace su Ayuntamiento. No hay que olvidar que hemos tenido un alcalde del PP en la cárcel por el caso Gürtel y ahora hay vecinos que no saben cómo se llama la alcaldesa”.
Para Patricia Cabal, portavoz de Somos Pozuelo, “que proyectos avalados por el Ayuntamiento terminen paralizados judicialmente no es una anomalía, es el resultado de una manera de gobernar que antepone la prisa y ciertos intereses urbanísticos a la legalidad, la planificación y el consenso. Las plataformas vecinales están haciendo un trabajo ejemplar defendiendo el interés general. El problema no es el desarrollo, es hacerlo sin garantías y obligar después a los vecinos a acudir a los tribunales para corregirlo.”
Helio Cobaleda, portavoz del PSOE, asegura que “el Ayuntamiento no puede seguir jugando al Monopoly con el suelo público mientras pone en riesgo la calidad de vida de nuestros vecinos. Lo dijimos desde el principio con el proyecto de recinto ferial y palacio de congresos y lo hemos reclamado de nuevo en el último pleno: hay que paralizar estos proyectos tal y como reclaman la Asociación Pozcavir y los más de 7.000 vecinos y vecinas que han firmado en contra y como ahora ha dicho un juez. Pozuelo se juega ya 20 millones de euros si se adjudica la obra de urbanización del recinto ferial, pero podrían ser 50 millones en total si se va adelante con el palacio de congresos y el hotel”.
“El Ayuntamiento argumenta que el recinto ferial es una promesa electoral, pero no ha dicho toda la verdad. El proyecto no está alejado de las viviendas y afecta a la convivencia vecinal. No nos oponemos al proyecto, pero no se ha hecho bien. Existen informes técnicos que no avalan la viabilidad de este proyecto en temas de ruido y tráfico. Y los vecinos lo dijeron”, relata García, de Vox.
“También con Montegancedo nos jugamos la preservación de un entorno verde necesario no solo para Pozuelo, sino para Madrid. Allí el PP se ha empeñado en un desarrollo lleno de dudas, tan lleno que está parado también por un juez y que podría acabar con una zona de bosque mediterráneo de cerca de 60 hectáreas de gran calidad”, se lamenta Cobaleda.