La Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha autorizado la tramitación de un divorcio entre dos ciudadanos de origen marroquí sin que su matrimonio estuviera inscrito en el Registro Civil Central español, una resolución que clarifica el procedimiento para familias extranjeras que residen en España y no cuentan con esa inscripción.
El fallo, fechado el 20 de febrero de 2026 en Donostia - San Sebastián, revoca el archivo previo de la demanda y establece criterios que podrán ser de utilidad para otros procedimientos con circunstancias similares.
Los hechos se remontan a diciembre de 2024, cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Azpeitia decidió archivar la demanda presentada por una mujer contra su cónyuge, ambos de nacionalidad marroquí, tras un matrimonio celebrado bajo el rito islámico en una ciudad del norte de Marruecos. El juzgado consideró que la falta de inscripción en el Registro Civil Central impedía continuar el proceso.
Documentación legalizada
La demandante entregó un certificado oficial de matrimonio expedido por las autoridades de Marruecos, traducido, legalizado y apostillado, además del libro de familia. Sin embargo, el tribunal exigió la inscripción en el registro español, pese a que ninguna de las partes tenía nacionalidad española ni Documento Nacional de Identidad, requisito imprescindible para inscribir el matrimonio.
La propia autoridad registral certificó que no era posible efectuar la inscripción por la ausencia de vínculo con España. En el recurso de apelación, la representación de la mujer argumentó que la Ley del Registro Civil no impone la inscripción como requisito para tramitar divorcios entre extranjeros, siempre que exista documentación legalizada y traducida que acredite el matrimonio.
También añadió que la imposibilidad de acceder al registro español se debía a la carencia de nacionalidad, y no a una omisión voluntaria, lo que podría dejar sin protección legal a personas en situaciones equivalentes. Por su parte, el Ministerio Fiscal se opuso y planteó dudas acerca de la viabilidad procesal del divorcio sin la anotación en el registro español, lo que generó un debate jurídico que finalmente fue resuelto por la Audiencia Provincial.
Nuevo criterio judicial
La Audiencia Provincial de Guipúzcoa concluyó que el certificado de matrimonio expedido por las autoridades de Marruecos cumple los requisitos exigidos por la legislación procesal española, siempre que esté debidamente legalizado, traducido y apostillado. El tribunal determinó que, en ausencia de nacionalidad española o de DNI, no existe obligación legal de inscribir el matrimonio en el Registro Civil Central como condición para admitir una demanda de divorcio.
La resolución considera acreditada documentalmente la existencia del matrimonio y reconoce el esfuerzo de la parte solicitante para cumplir con los requerimientos administrativos, incluso cuando la propia administración negó la inscripción. El tribunal subrayó que el elemento esencial es la existencia legal y documentalmente comprobada del vínculo matrimonial, y no la previa inscripción en registros españoles cuando no hay nacionales españoles implicados en el caso.
El auto estima el recurso presentado por la demandante, revoca el archivo y ordena la admisión a trámite de la demanda de divorcio, además de disponer la devolución del depósito judicial constituido por la apelante. La decisión es firme y no admite recurso. Este fallo clarifica el criterio de admisión y validez de documentos extranjeros en procedimientos de familia en España, una cuestión que afecta a numerosas familias extranjeras residentes en el país y a profesionales jurídicos que gestionan este tipo de casos.
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