La conmemoración del Día Internacional de la Mujer llega este 8 de marzo de 2026 en España enmarcada por una serie de desafíos urgentes: las deficiencias en la gestión de las pulseras de localización para maltratadores, el debate alrededor del burka y un preocupante balance de violencia machista en apenas los dos primeros meses del año, durante los que se han registrado diez mujeres y dos menores asesinados. Tal contexto ha reavivado la movilización de asociaciones y colectivos feministas, que demandan avances legislativos que consideran inaplazables.
Según cifras del Ministerio de Igualdad, el número total de mujeres asesinadas por violencia de género desde el 1 de enero asciende a diez; cinco de ellas habían presentado denuncia previa contra sus supuestos agresores, y cuatro contaban con medidas de protección vigentes. Andalucía encabeza la estadística de homicidios machistas en 2026, con tres víctimas, seguida de la Comunidad Valenciana con dos, mientras que Canarias, Extremadura, Galicia, Madrid y Navarra registran un caso cada una. Además, dos menores han sido asesinados, ambos —según las investigaciones— a manos de su padre, uno en Canarias y otro en la Comunidad Valenciana; uno de estos casos había motivado previamente una denuncia contra el presunto agresor.
En cuanto al seguimiento institucional, se contabilizan 103.461 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género bajo supervisión policial dentro del Sistema VioGén; de ellos, 53.716 implican a menores a cargo de la víctima, tal como recoge el Ministerio del Interior en datos citados por Europa Press.
Las recientes muertes y el volumen de casos activos han colocado en el centro del debate la efectividad de los dispositivos de control como las pulseras telemáticas para maltratadores. El Ministerio de Igualdad ha alertado, en una carta enviada al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía, sobre diversos problemas que dificultan el correcto funcionamiento del Sistema Cometa, encargado de la operatividad de estos dispositivos. Entre las incidencias señaladas figuran el mal uso de las pulseras por parte de los procesados, los incumplimientos de las medidas judicialmente impuestas, la fijación de distancias de exclusión inferiores a 350 metros —considerada la distancia mínima para la adecuada respuesta tecnológica— y la localización de los domicilios de los agresores dentro del área a proteger. Además, el propio departamento ha subrayado las limitaciones de cobertura en determinadas zonas, tanto por parte de la víctima como del inculpado, lo que debilita la capacidad preventiva del sistema.
Estas observaciones de Igualdad coinciden temporalmente con los avisos de la Fiscalía General del Estado en su memoria de 2024, donde ya se advertía de fallos en los dispositivos destinados a proteger a las víctimas. Junto a estos asuntos, en la agenda feminista han recobrado protagonismo otras demandas históricas —la brecha salarial, la violencia machista o la conciliación— y debates como el uso del burka y otras prendas que ocultan el rostro, ya que el Congreso votó recientemente una iniciativa de Vox para vetar su utilización (la propuesta fue rechazada). La discusión, que no es nueva, está hoy intensificada tanto en la esfera política como mediática.
Leyes aún pendientes y movilizaciones feministas
Junto a las cuestiones de protección urgente, el movimiento feminista ha insistido en la necesidad de aprobar nuevas normativas. Destaca entre ellas la ley para combatir la violencia vicaria, texto en el que colaboran los ministerios de Igualdad, Justicia y Juventud e Infancia, pendiente todavía de su segunda vuelta en el Consejo de Ministros. La ministra Ana Redondo ha reconocido recientemente que existe “algún escollo” en la tramitación. “A mí me hubiera gustado desde luego que eso ya estuviera, pero creo que es más importante que el texto sea un texto correcto técnicamente, jurídicamente intachable y que nos permita avanzar que no anticipar una o dos o tres semanas”, ha señalado.
Otras reformas reclaman igualmente su aprobación, como la ley integral contra la trata o la de abolición de la prostitución. En esta línea, el Ministerio de Igualdad ha propuesto que las organizaciones que soliciten subvenciones para programas de prevención e investigación sobre violencia de género reconozcan explícitamente que la prostitución constituye una forma de violencia contra las mujeres. Esta condición ha vuelto a dividir posturas entre feministas, que oscilan entre calificar la iniciativa como “lógica” o tacharla de “imposición ideológica”.
Por otro lado, las movilizaciones previstas para este domingo reflejan la división interna del feminismo en Madrid, donde se han convocado dos manifestaciones a las 12:00 horas. El Movimiento Feminista de Madrid recorrerá Cibeles hasta Plaza de España bajo el lema ‘Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista’ y sublema ‘Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas’. Paralelamente, la Comisión 8M iniciará su marcha en Atocha para finalizar en el metro de Sevilla, enarbolando el lema ‘Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes’.
*Con información de Europa Press