Veinte años después de adquirir ocho bonos de ahorro postal por más de 5.000 euros cada uno, una mujer italiana consiguió finalmente que Poste Italiane le reembolsara el capital invertido junto con los intereses acumulados, tras un largo proceso judicial. Inicialmente, la empresa postal pública le había negado el cobro alegando que su derecho había prescrito, pero el tribunal le dio la razón, reconociendo un total de aproximadamente 123.000 euros a favor de la ahorradora, la suma de los más de 40.000 euros pagados inicialmente y los intereses correspondientes, según informa el medio local Palermo Today.
En el año 2000, la mujer compró ocho bonos fruttiferi postali (BFP) por un valor individual de 5.164,67 euros. Estos instrumentos de ahorro, emitidos por el Estado y gestionados por el sistema postal italiano, están pensados para ofrecer a los pequeños ahorradores una inversión segura con intereses garantizados. Sin embargo, los bonos en papel que ella tenía en su poder no indicaban ninguna fecha de vencimiento, y tampoco le habían entregado un folleto informativo que explicara los plazos de prescripción y las condiciones de cobro.
De acuerdo con los hechos descritos por Palermo Today, la mujer decidió cobrar en 2020 sus bonos, pero recibió como respuesta de Poste Italiane que su derecho estaba prescrito. Ante el rechazo inicial de su reclamación, presentada el 31 de mayo de 2022, la ahorradora decidió llevar el caso a los tribunales, argumentando que era imposible calcular la prescripción dado que los bonos carecían de fecha de vencimiento y no se le había proporcionado información adecuada.
Falta de información sobre su vencimiento
Durante el juicio, Poste Italiane sostuvo que toda la información sobre los bonos se había publicado en la Gazzetta Ufficiale, el equivalente italiano al Boletín Oficial del Estado (BOE) español, mediante un decreto ministerial, por lo que la inversora habría podido conocer los detalles de su inversión. Sin embargo, la jueza Elisabetta La Franca, de la tercera sección unipersonal del tribunal civil, rechazó este argumento. La magistrada subrayó que la empresa tenía una “obligación específica” de informar de manera clara y transparente y que no haber entregado el folleto informativo impedía a la mujer ejercer su derecho al reembolso.
La sentencia establece que los bonos no comunicaban al titular la fecha de vencimiento ni los plazos de cobro, haciendo imposible calcular la prescripción del derecho. Además, según la jueza, los productos de ahorro garantizados por el Estado deben ser emitidos con condiciones claramente legibles y accesibles, especialmente porque están destinados a un número indeterminado de suscriptores. Así, se considera que la falta de información constituye un incumplimiento de los deberes de transparencia y protección del ahorrador.
Hasta 80.000 euros en intereses
El fallo condena a Poste Italiane a pagar el capital invertido más los intereses generados durante veinte años, sumando un total cercano a 123.000 euros. La abogada de la mujer, Roberta Rizzuto, destacó que la decisión refuerza la protección de los pequeños inversores y subraya la responsabilidad de las instituciones en proporcionar información completa y comprensible sobre los productos financieros.
Este caso resalta la importancia de que los inversores conozcan plenamente los términos y condiciones de cualquier instrumento financiero, incluso cuando está garantizado por el Estado. También pone de relieve que los derechos de los ahorradores no desaparecen automáticamente con el tiempo si la información necesaria para ejercerlos no ha sido entregada de manera adecuada.