En España hay millones de familias monoparentales que se enfrentan a retos adicionales en la planificación de sus finanzas. Se trata, en su mayoría, de madres con hijos a cargo que afrontan en solitario los gastos de vivienda, suministros, alimentación y educación. Para aliviar esta carga económica, existen diferentes ayudas estatales, autonómicas y municipales que abarcan desde descuentos en la factura de la luz hasta subvenciones al alquiler o deducciones fiscales en la declaración de la renta.
Una de las medidas más relevantes es el Bono Social de Electricidad, un descuento regulado por el Gobierno para consumidores con bajos ingresos que tengan contratado el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Las familias monoparentales están consideradas colectivo con circunstancia especial, lo que eleva los límites de renta para poder acceder a la ayuda. El descuento puede oscilar entre el 25% y el 40% con carácter general (porcentajes que se han incrementado de forma extraordinaria hasta finales de 2026) y puede alcanzar el 100% en casos de riesgo de exclusión social atendidos por los servicios sociales. La solicitud se tramita directamente con la comercializadora eléctrica de referencia.
En el ámbito fiscal, destaca la deducción por ascendiente con dos hijos a cargo, conocida como “cheque familiar”. Esta medida permite aplicar una deducción de hasta 1.200 euros anuales en el IRPF, que puede cobrarse de forma anticipada a razón de 100 euros al mes. Para beneficiarse es necesario cumplir determinados requisitos, como no percibir anualidades por alimentos y tener derecho al mínimo por descendiente. La gestión se realiza ante la Agencia Tributaria, incluso de forma telemática.
Además, la normativa estatal contempla otras ventajas fiscales, como reducciones en la base imponible y bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social por la contratación de cuidadores. A esto se suman deducciones autonómicas específicas, que varían según la comunidad autónoma y pueden suponer entre 100 y 600 euros adicionales en la declaración de la renta, dependiendo del territorio y la situación familiar.
Ayudas al alquiler de comunidades y ayuntamientos
La vivienda es otro de los grandes frentes. El Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 incluye ayudas al alquiler destinadas a colectivos vulnerables, entre ellos las familias monoparentales con ingresos limitados. Estas subvenciones se gestionan a través de las comunidades autónomas y pueden cubrir un porcentaje significativo de la renta mensual.
A nivel local, existen programas específicos. En Barcelona, por ejemplo, se conceden ayudas de entre 20 y 400 euros mensuales para facilitar la permanencia en la vivienda habitual, siempre que el alquiler no supere determinados límites y se destine al menos el 30% de los ingresos al pago de la renta. En la Comunidad de Madrid, las ayudas pueden alcanzar hasta 900 euros mensuales para el alquiler de una vivienda completa, en función del municipio y de los ingresos familiares.
Condiciones especiales para el IMV y otras ayudas
Las familias monoparentales pueden acceder a la prestación por nacimiento y cuidado de menor, al pago único de 1.000 euros por nacimiento o adopción en determinados supuestos, y a ayudas adicionales en casos de partos o adopciones múltiples. Si existen ingresos bajos, pueden solicitar el Ingreso Mínimo Vital, cuya cuantía varía según el número de miembros de la unidad de convivencia y puede superar los 600 euros mensuales en hogares con menores. En situaciones de viudedad, los hijos tienen derecho a pensión de orfandad (equivalente, con carácter general, al 20% de la base reguladora) y, en determinados casos de especial necesidad, este porcentaje puede incrementarse. Además, muchas comunidades autónomas ofrecen becas de comedor escolar, ayudas para libros y material didáctico, reducciones en guarderías públicas y bonificaciones en actividades extraescolares.
Para acceder a buena parte de estas ayudas es fundamental contar con el título oficial de familia monoparental, que expiden las comunidades autónomas. Este reconocimiento facilita la tramitación y acredita la situación ante las distintas administraciones. En un contexto de precios elevados y presión sobre el mercado del alquiler, estas medidas se han convertido en un soporte clave para miles de hogares que sostienen solos la crianza y el mantenimiento de la vivienda.