En un momento de gran expectativa social y mediática por el reciente anuncio de la regularización masiva de migrantes, han comenzado ha surgir dudas sobre su entrada en vigor. El abogado Toni Musalaev ha aclarado algunas de estas cuestiones en un video publicado en sus redes sociales, que inicia explicando en qué fase del trámite legislativo se encuentra la medida “Es un proyecto de ley, que no es una norma por ahora aprobada”, recuerda, en referencia a que el Gobierno ha decidido impulsar a través de un decreto lo que se creó como Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
La iniciativa pretende ofrecer una vía extraordinaria para que miles de personas en situación administrativa irregular puedan obtener permisos de residencia y trabajo. Sus defensores argumentan que se trata de una medida necesaria para dar respuesta a una realidad social consolidada: personas que ya viven en España, trabajan (muchas veces sin contrato), pagan alquileres, sostienen familias y forman parte del tejido económico, pero que siguen atrapadas en la irregularidad.
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En los últimos meses, la posibilidad de una regularización ha generado esperanza entre miles de personas que viven en situación administrativa irregular, muchas de ellas con años de residencia en España, vínculos familiares y trabajos informales. Al mismo tiempo, el tema ha alimentado dudas prácticas: qué requisitos se pedirán, cómo se tramitarán los expedientes, qué plazos se manejarán y qué documentos serán imprescindibles para iniciar el procedimiento.
Un certificado imprescindible
A pesar de que el escenario legislativo todavía no está cerrado, Musalaev insiste en que quienes esperan beneficiarse del proceso deberían empezar a prepararse desde ya. Su recomendación principal es concreta y directa: “Os recomiendo que vayáis obteniendo vuestro certificado de antecedentes penales actualizado, porque esto es superimportante”, señala, destacando que se trata de un documento clave que, con alta probabilidad, será exigido en la mayoría de expedientes si la ley termina aprobándose.
En su perfil de TikTok (@toni.abogado), el abogado explica que el certificado de antecedentes penales “será uno de los documentos capitales del futuro expediente que tendréis que tramitar”. Además, su tramitación no siempre es inmediata: dependiendo del país de origen, puede requerir gestiones consulares, traducción jurada, legalización o apostilla, lo que puede convertirlo en un trámite lento y, en algunos casos, costoso.
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Llegada masiva de solicitudes
Por ello, Musalaev aconsejó no esperar al último momento. El letrado, que ejerce su profesión en la asesoría Talenom, advierte de que, si finalmente se abre un plazo masivo para presentar solicitudes, es previsible que se produzca un colapso administrativo: aumento de citas, retrasos en consulados, saturación de registros y demoras en la emisión de documentos. En ese escenario, quienes hayan adelantado parte de la documentación podrían tener ventaja frente a quienes empiecen cuando el proceso ya esté en marcha.
Otro punto importante que remarca es que el certificado tiene una validez limitada. Esto obliga a planificar con cuidado el momento de solicitarlo. Sin embargo, Musalaev señala que, si las solicitudes de regularización pudieran presentarse a partir de abril, quienes obtengan el certificado en estas fechas todavía podrían utilizarlo dentro del margen permitido. “Id obteniéndolo ya, porque es un documento que es válido para tres meses y, si las solicitudes, que en principio se podrán hacer en abril, podéis utilizar el que obtengáis a día de hoy”, concluye.
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