Abierto el plazo para las ayudas de los accidentes de Adamuz y Gelida: lo que debes hacer para solicitarlas si eres uno de los afectados

A partir del 3 de febrero y hasta el 4 de mayo de 2026 se podrán tramitar las compensaciones económicas tanto por vía telemática como de forma presencial

Operarios trabajan en la retirada del tren de Rodalies accidentado entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Kike Rincón / Europa Press)

El Ministerio de Transportes abre el plazo para solicitar las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. Desde este martes 3 de febrero, las personas afectadas y los familiares de los fallecidos pueden tramitar las compensaciones económicas aprobadas por el Gobierno tras los siniestros ocurridos en Córdoba y Barcelona. Las solicitudes podrán presentarse durante tres meses, hasta el 4 de mayo, tanto por vía telemática como de forma presencial.

Las ayudas se enmarcan en el Real Decreto-ley 1/2026, que articula un fondo de 20 millones de euros para ofrecer un respaldo inmediato a las víctimas y adelantar parte de las indemnizaciones por responsabilidad civil. El objetivo, según el Ministerio, es reducir la incertidumbre económica de las familias y facilitar una tramitación ágil sin esperar a la resolución de los procedimientos judiciales.

¿Quién puede solicitar las compensaciones?

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas que viajaban en los trenes accidentados y el personal ferroviario que se encontraba a bordo —maquinistas y trabajadores en servicio o en formación— que resultaron heridos. También tienen derecho los familiares de las personas fallecidas, de acuerdo con el orden y los criterios fijados por la normativa vigente.

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El sistema contempla una ayuda directa y no reembolsable en los supuestos de lesiones y fallecimiento, así como un anticipo de las indemnizaciones que correspondan por responsabilidad civil. Estas cantidades serán compatibles con el Seguro Obligatorio de Viajeros y con cualquier otra indemnización o seguro público o privado que pudiera reconocerse posteriormente.

Cuánto dinero se puede recibir

En los casos de fallecimiento, la norma prevé una ayuda superior a 72.000 euros por cada víctima, a la que se suma la misma cuantía en concepto de anticipo de la futura indemnización por responsabilidad civil.

Para las personas que sufrieron lesiones, las compensaciones se estructuran por niveles de gravedad: desde algo más de 2.400 euros en los daños de menor entidad hasta más de 84.000 euros en las lesiones más graves. Los importes del anticipo por responsabilidad civil serán idénticos a los de la ayuda directa.

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Cómo presentar la solicitud

Las peticiones podrán realizarse a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes o de manera presencial utilizando los formularios habilitados. Deberá presentarse una solicitud por cada persona beneficiaria, aunque si alguien tiene derecho por varias causas podrá incluirlas todas en un único expediente.

La Administración, siempre que el solicitante lo autorice, recabará de oficio la documentación necesaria para evitar que las víctimas tengan que aportar papeles que ya obren en poder de otros organismos, con pleno respeto a la normativa de protección de datos.

El plazo ordinario finalizará el 4 de mayo, aunque los interesados podrán pedir una ampliación de hasta la mitad del periodo inicial si lo justifican de forma motivada, según lo previsto en la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo.

Oficinas de atención a las víctimas y anticipos automáticos

Para acompañar a los afectados, el Gobierno ha impulsado, con la colaboración del Ministerio de Política Territorial, la creación de oficinas de atención integral en las provincias con mayor número de damnificados. Funcionarán puntos de apoyo presencial en Huelva (calle Berdigón 11-13) y en Barcelona (calle Bergara 12, planta baja), donde se resolverán dudas y se prestará ayuda directa en la tramitación.

El Ejecutivo ha anunciado además su intención de que este modelo se convierta en un mecanismo estructural para futuros siniestros de transporte colectivo. La idea es que el Estado pueda anticipar de forma automática un porcentaje de las indemnizaciones por daños personales, sin perjuicio de que posteriormente se determine la responsabilidad civil de los operadores implicados.

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