Sumar abre la puerta a separar las pensiones del resto del decreto ómnibus, pero blinda la prórroga de los desahucios

Sumar se ha abierto a separar la revalorización de las pensiones del resto de medidas incluidas en el real decreto ley ómnibus que fue rechazado la semana pasada en el Congreso, aunque supedita cualquier movimiento en esa dirección a que todas las iniciativas sociales se tramiten de forma simultánea y con garantías políticas suficientes. La formación insiste en que no aceptará una negociación que deje fuera la prórroga de la suspensión de los desahucios, una de las piezas más sensibles del paquete legislativo que decayó tras el voto en contra del PP, Vox y Junts.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado este lunes que el socio minoritario del Gobierno está trabajando “intensamente” con el PSOE para que el Consejo de Ministros vuelva a aprobar el decreto “lo antes posible”, con la intención de hacerlo incluso este martes. El Ejecutivo busca recomponer una mayoría parlamentaria que permita salvar un texto que incluye medidas económicas y sociales de amplio alcance, entre ellas la actualización de las pensiones conforme al IPC y la continuidad de la moratoria de los desahucios para familias vulnerables.

Aunque el rechazo del decreto ha reforzado la presión de algunos grupos para separar la revalorización de las pensiones y facilitar su convalidación, Sumar mantiene que su preferencia sigue siendo que todas las medidas vuelvan al Congreso en un solo paquete. Urtasun ha recalcado que el debate no debe centrarse únicamente en la fórmula técnica, sino en el compromiso político de no sacrificar ninguna de las protecciones sociales incluidas. “Nuestra línea es que tienen que ir todas las medidas. Lo importante no es tanto el cómo, sino que tienen que ir todas. Y nosotros lo que no vamos a permitir es que se deje caer la medida de los desahucios”, ha afirmado.

Fuentes de la formación explican a EFE que la eventual separación de iniciativas solo sería aceptable si se aprueban todas el mismo día en el Consejo de Ministros y se envían de manera paralela al Congreso. El objetivo, subrayan, es evitar que la negociación parlamentaria se concentre exclusivamente en las pensiones —una medida con amplio respaldo social y político— y deje en segundo plano la protección frente a los desahucios, que genera más resistencias entre algunos socios.

Líneas rojas sociales

En este contexto, Sumar ha vuelto a tender la mano a Junts para intentar desbloquear la situación. Urtasun ha recordado que hace un año, en la convalidación de un decreto similar, se alcanzó un acuerdo con el partido independentista catalán para mejorar el sistema de avales públicos a pequeños propietarios, lo que permitió sacar adelante la norma. Según el portavoz, ese precedente demuestra que existe margen para ajustar determinados aspectos del texto sin renunciar a su espíritu.

El ministro ha señalado que Sumar está dispuesto a estudiar modificaciones en las medidas antidesahucios que faciliten el apoyo de los socios de investidura, siempre que no se ponga en cuestión la protección de las familias vulnerables. “Tenemos la mano tendida para ver de qué manera podemos ajustar las medidas”, ha dicho, insistiendo en que cualquier cambio deberá preservar el objetivo de evitar desalojos sin alternativa habitacional.

La posición de Sumar se enmarca en un debate más amplio dentro del espacio a la izquierda del PSOE sobre la estrategia a seguir tras el fracaso parlamentario del decreto. Desde Izquierda Unida, la responsable de Organización y portavoz federal, Eva García Sempere, ha defendido con claridad la necesidad de mantener todas las medidas unidas. A su juicio, fragmentar el paquete supone asumir el riesgo de que algunas políticas queden definitivamente fuera. “Creo que no hay que dejar caer a nadie. Existen medidas políticas para garantizar que atendemos a la clase trabajadora y a las personas más vulnerables en su totalidad”, ha señalado.

Presión de Podemos para una respuesta inmediata

Podemos ha elevado el tono en las últimas horas para exigir una respuesta urgente del Gobierno en materia de vivienda. El secretario de Organización y portavoz del partido, Pablo Fernández, ha afirmado que corresponde al Ejecutivo encontrar la fórmula más eficaz para garantizar la revalorización de las pensiones, pero ha insistido en que esa prioridad no puede desligarse de las medidas antidesahucios. Fernández ha reprochado al Gobierno que no haya convertido en estructural la prórroga de la suspensión de desahucios y ha reclamado una actuación inmediata para evitar nuevos desalojos.

“El Gobierno puede aprobar mañana mismo en Consejo de Ministros un nuevo decreto antidesahucios y hacerlo así, si el PP, Vox y Junts continúan con su comportamiento sociópata, hacerlo mes a mes, las veces que sea pertinente”, ha declarado. Según su planteamiento, el Ejecutivo dispone de herramientas legales suficientes para renovar de forma continuada la moratoria mientras no se alcance un acuerdo estable en el Congreso.

En caso de que esa opción no prospere, Podemos ha reiterado su propuesta para que el Gobierno se comprometa a pagar íntegramente el alquiler necesario para evitar el desahucio de las familias que estaban acogidas a la moratoria. Fernández ha defendido esta alternativa como una medida de emergencia destinada a impedir que personas vulnerables queden en la calle mientras se resuelve el bloqueo político que ha dejado en suspenso un paquete de medidas sociales clave para el Ejecutivo.