Los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, consideran que el acuerdo del Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatos para situar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 17.094 euros sin tributación llevará a que el Ministerio de Hacienda proponga aumentar la deducción por obtención de rendimientos del trabajo hasta los 592,68 euros, con la que las personas trabajadoras solteras sin cargas personales ni familiares no tributarán.
Esta medida supondrá para el Tesoro Público un coste que podría rondar los 200 millones de euros, estiman desde Gestha. A su juicio, el instrumento que delimita la capacidad económica no sujeta a gravamen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es el mínimo personal y familiar, “cuya actualización debería realizarse cuanto antes y acompasar en el futuro las sucesivas revisiones del SMI”.
En este contexto, consideran que la deducción en cuota es el mecanismo idóneo para evitar la tributación efectiva del SMI sin los efectos regresivos de las reducciones en base, y aseguran que se minimiza el impacto en las cuentas públicas, pues no todas las personas pueden agotar la deducción al tener mayores cargas personales y familiares o por insuficiencia de ingresos.
Los técnicos de Hacienda inciden en que los aumentos del SMI sin tributación son los importes que menos incrementan los costes de los empresarios tanto por la vía de los salarios como por la del aumento de las bases mínimas de las cotizaciones sociales, lo que en el futuro podrán acercar las posiciones del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Ampliar la deducción a los pensionistas y parados
Desde Gestha piden ampliar esta deducción a pensionistas y desempleados, cuyas percepciones son también rentas del trabajo, pues no entienden que “se suprima la tributación de los trabajadores y no para estos dos colectivos con ingresos hasta el nuevo SMI”.
Estiman que tendría un coste total muy reducido por los mayores mínimos por edad o discapacidad, y “habitualmente quien está unos meses en desempleo no llegará a superar el umbral de ingresos del nuevo salario mínimo interprofesional”.
Sobrecostes administrativos para las empresas
Por su parte, las empresas tendrán sobrecostes administrativos por importe de 2,9 millones de euros por el retraso en la aprobación del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, ya que aún no ha sido aprobado y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero.
Según la patronal de las empresas de trabajo temporal Asempleo, este retraso implicaría un coste agregado para las empresas del sector de 690.000 euros, derivados de los cálculos de todas las nóminas complementarias que deban hacerse una vez se ponga en marcha el nuevo SMI.
“Emitir nóminas complementarias genera un sobrecoste importante para las empresas, y en algunos casos, se tendrá que contactar con trabajadores que ya no forman parte de la plantilla, generando incertidumbre jurídica y administrativa”, explica Asempleo. Por ello, pide al Ministerio de Trabajo que “la publicación del Real Decreto por el que se fije el nuevo SMI y la entrada en vigor de este debe de realizarse de manera sincrónica”.