Las elevadas comisiones que cobran las agencias inmobiliarias a sus clientes pueden aumentar el precio de los pisos hasta un 6% más lo que supone 19.150 euros más para un piso medio de 250.000 euros, según denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras publicar un sondeo sobre los precios y servicios de 60 agencias situadas en Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
La OCU comprobó que las agencias inmobiliarias visitadas aplican comisiones muy variables que oscilan entre el 2% y el 6%, con una media del 5% del precio de venta, lo que supone “miles de euros adicionales para los consumidores”, señala en un comunicado.
El estudio también revela prácticas contrarias a los intereses del propietario, que pueden dificultar o retrasar la venta de la vivienda. Entre ellas falta de información clave. Así, solo 5 de las 60 agencias sondeadas facilitan un modelo del contrato de encargo en la primera petición de información y algunas “no concretan cuándo hay que pagar la comisión, que además suele anunciarse sin el 21% de IVA”, señala la organización.
Añade que tampoco es completa la información que ofrecen a los posibles compradores: “Es habitual que falte el certificado energético, por ejemplo”.
Presión para firmar encargos en exclusiva
Otro factor que corrobora la mala praxis de algunas agencias es su “insistencia” en firmar encargos en exclusiva por tres o seis meses, lo que puede obligar al propietario a pagar honorarios incluso si la agencia no interviene en la venta, reconoce OCU.
A todo ello se suman valoraciones infladas o imprecisas. En Madrid, todas las agencias sondeadas sobrevaloraron los inmuebles entre un 5% y un 10% según las estimaciones de OCU. Mientras en Barcelona se ajustaron más y en Sevilla tendieron a infravalorarlos, señala el estudio, que reconoce que “en las dos últimas ciudades suele cobrarse otra comisión al comprador o una cantidad fija”.
El informe de la organización de consumidores subraya que España carece de una normativa homogénea sobre la intermediación inmobiliaria: “Mientras que comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana o Baleares exigen a las agencias un registro obligatorio y un seguro de responsabilidad civil, otras no cuentan con mecanismos de control similares”. Reconoce que en Andalucía está prevista la aprobación de un Reglamento a lo largo de este año.
Fuentes de la OCU apuntan que a pesar de que la Ley Estatal de Vivienda y otros decretos obligan a proporcionar información detallada sobre el inmueble, condiciones económicas y etiqueta energética, esta información “sigue ausente en numerosos anuncios y visitas comerciales”.
Medidas contra la mala praxis
Para acabar con esta situación, la OCU solicita que se tomen medidas urgentes con las que proteger a los consumidores. Entre ellas destaca el derecho a contar con una información básica sobre los costes y servicios de la agencia que profundice en comisiones, precio de venta previsto y el desglose de sus honorarios por otros servicios adicionales como el certificado energético.
Incide en la necesidad de establecer una serie de requisitos para el ejercicio de los agentes inmobiliarios. “Debería exigirse un registro obligatorio, unos mínimos de idoneidad para ejercer la actividad y un seguro de responsabilidad civil”, recomienda la organización de consumidores.
También reclama un control administrativo sobre los anuncios, para confirmar que solo se ofrecen viviendas con una hoja de encargo ya firmada por el propietario, y que el precio incluye el importe total que pagará el comprador, incluidos los gastos de la agencia en caso de que los haya.