La renuncia al acta de diputado de José Luis Ábalos ha tenido un efecto político inmediato que va más allá de la depuración interna que el PSOE llevaba meses reclamando. En un Congreso de los Diputados sometido a una aritmética extrema, la salida definitiva del exministro permite al Gobierno recuperar un escaño perdido y, sobre todo, modificar una relación de fuerzas que había otorgado a Junts un poder de bloqueo mucho mayor del que reflejaba su peso numérico.
El escaño que deja Ábalos —tras meses en el Grupo Mixto y después de su suspensión como diputado— volverá al PSOE. La recuperación de ese voto llega en un momento en el que, tras la ruptura política de Junts con el Ejecutivo a finales de octubre, el bloque efectivo del Gobierno se había reducido a 171 escaños, los mismos que suma la oposición formada por PP, Vox y UPN. En ese escenario de empate estructural, cualquier votación quedaba supeditada a la posición que adoptaran los posconvergentes.
Un voto menos que lo cambiaba todo
La entrada en prisión de Ábalos el pasado 27 de noviembre, en el marco del ‘caso Koldo’, supuso un golpe político de calado para el Gobierno de coalición. No solo por el impacto simbólico de ver en Soto del Real a quien había sido ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, sino porque el Ejecutivo perdió de facto un voto en el Congreso. Hasta ese momento, pese a su salida del grupo socialista en febrero de 2024, Ábalos había seguido votando con el PSOE e incluso recibiendo las indicaciones internas sobre el sentido del voto.
Con su encarcelamiento primero y con la suspensión de todos sus derechos como diputado después, ese respaldo dejó de estar disponible. El bloque de la investidura pasó así de 179 apoyos potenciales sumando a Ábalos y a Junts, a un máximo de 171, igualando a una oposición formada por PP, Vox y UPN. Esa equivalencia alteró de forma sustancial el equilibrio parlamentario.
En ese escenario, la abstención de Junts —siete diputados— adquirió un valor decisivo. Bastaba con que los siete diputados posconvergentes no votaran a favor para que las iniciativas del Gobierno decayeran automáticamente por empate, sin necesidad siquiera de un rechazo explícito. La abstención se convirtió así en un veto efectivo, tanto o más contundente que el voto en contra.
ERC, con un comportamiento parlamentario mucho más previsible, rara vez ha utilizado el “no” para tumbar iniciativas del Ejecutivo. El foco de la inestabilidad se desplazó claramente hacia Junts, que desde la ruptura de relaciones con el Gobierno a finales de octubre ha endurecido su estrategia y ha hecho del bloqueo una herramienta política recurrente.
Junts y el coste del “no”
La recuperación del escaño de Ábalos altera ahora ese marco. Con la entrada en el Congreso de la siguiente candidata socialista por Valencia, la alcaldesa de Llaurí Ana María González, el bloque del Gobierno pasa de 171 a 172 diputados, rompiendo el empate estructural que había condicionado la legislatura en los últimos meses.
El efecto es inmediato: la abstención de Junts deja de provocar por sí sola la caída de las iniciativas del Ejecutivo, siempre que el resto del bloque acompañe. A partir de ahora, si los posconvergentes quieren bloquear una ley o un decreto, deberán votar abiertamente en contra y asumir el coste político de ese rechazo.
Este dilema ya se evidenció esta misma semana con el real decreto de revalorización de las pensiones, que Junts votó en contra al denunciar que incluía otras medidas, como la prórroga de la prohibición de desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Hasta ahora, abstenerse o votar “no” producía el mismo efecto práctico. A partir de ahora, no.
La modificación de la aritmética parlamentaria reduce así el margen de maniobra de Junts y complica la estrategia de presión que ha venido desplegando Carles Puigdemont desde Bruselas. El Gobierno no necesita ya el voto afirmativo de Junts para sacar adelante muchas de sus iniciativas, sino, en el peor de los casos, neutralizar su capacidad de bloqueo.
Una decisión personal con efectos colectivos
Ábalos anunció su renuncia al acta en un mensaje publicado en X tras conocer la resolución del Tribunal Supremo sobre su recurso de apelación contra el auto de prisión. En ese mensaje explicó que no podía “sostener” el escaño en su actual situación procesal. La decisión, presentada como un gesto personal, tiene sin embargo consecuencias colectivas evidentes en un momento crítico de la legislatura.
Desde el Gobierno subrayan que la renuncia no altera la línea política ni la relación con los socios, pero reconocen en privado que el regreso al equilibrio original da aire a un Ejecutivo que había quedado atrapado en una dinámica de negociación permanente, especialmente con Junts. La recuperación del escaño no garantiza mayorías estables, pero sí reduce el precio político que algunos apoyos podían exigir.
En un Congreso fragmentado y con una oposición incapaz de articular una alternativa, la política se decide voto a voto. La salida definitiva de Ábalos cierra una anomalía parlamentaria que había distorsionado esa cuenta y devuelve al Gobierno una capacidad de maniobra que había quedado seriamente limitada en los últimos meses.