Tribuna de Diego Balverde, especialista en Finanzas Climáticas del Banco Central Europeo
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Durante más de dos décadas, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur fue presentado como una promesa comercial. Un tratado largamente negociado, anunciado y postergado, atrapado entre tensiones políticas, intereses sectoriales y lecturas ideológicas.
Hoy, ese acuerdo vuelve al centro del escenario por una razón distinta: el mundo cambió. Y con él, cambiaron las reglas económicas que determinan qué países, empresas y regiones ganan relevancia en el comercio global.
El acuerdo entre Europa y el Mercosur ya no debe leerse sólo como un pacto arancelario.
Debe entenderse como infraestructura económica y financiera, capaz de generar flujos de inversión, eficiencia productiva y reducción de emisiones a escala global.
Aquí aparece una clave que suele pasar inadvertida: las reglas ambientales europeas no son un freno al comercio, sino un acelerador de eficiencia económica.
Europa avanzó en regulaciones de emisiones, trazabilidad y estándares productivos no sólo por razones ambientales, sino por una lógica económica clara. Reducir emisiones implica reducir desperdicios, consumo energético innecesario, riesgos operativos y costos financieros futuros.
En términos simples, reducir emisiones no es perder competitividad; es producir mejor.
Para las empresas del Mercosur, esto abre una oportunidad histórica. Adaptarse a los estándares europeos no significa resignar márgenes, sino ganar eficiencia, previsibilidad y acceso a capital.
Reducir la huella, mejorar perfil de riesgo
Las compañías que reducen su huella acceden a mercados más grandes, financiamiento más barato y programas de fomento económico diseñados para premiar la eficiencia a largo plazo.
Las regulaciones europeas no funcionan de manera aislada. Están conectadas a líneas de crédito, incentivos financieros y esquemas de inversión que acompañan la transición productiva. No se trata de imponer costes, sino de financiar el cambio.
Cuando una empresa reduce emisiones de forma verificable, mejora su perfil de riesgo. Y cuando mejora su perfil de riesgo, accede a mejores condiciones financieras. Este mecanismo, aplicado de forma escalable, tiene un efecto multiplicador sobre toda la economía.
El acuerdo Mercosur–Unión Europea puede convertirse así en un canal de circulación de capital global. Capital que no solo financia comercio, sino modernización industrial, infraestructura logística, eficiencia energética y empleo de calidad. No es dinero especulativo: es inversión productiva con impacto medible.
Para Europa, el beneficio es evidente: cadenas de suministro más resilientes, seguras y alineadas con sus objetivos económicos y climáticos. Para el Mercosur, la oportunidad es aún mayor: integrarse a los mercados más exigentes del mundo no como proveedor de bajo costo, sino como socio eficiente y competitivo.
Este marco tiene implicancias que trascienden a ambos bloques. Cuando dos regiones de este tamaño alinean comercio, financiamiento y reducción de emisiones, se redefinen estándares globales, se reordenan flujos de inversión y se establece un nuevo lenguaje económico donde competitividad, eficiencia y sostenibilidad dejan de ser conceptos separados.
El verdadero valor del acuerdo no está solo en lo que se exporta, sino en cómo se produce y cómo se financia. Ahí es donde se genera crecimiento sostenido, estabilidad macroeconómica y capacidad de adaptación en un mundo cada vez más volátil.
La pregunta, entonces, no es si el Mercosur puede cumplir con las reglas europeas. La pregunta es si va a aprovechar esta oportunidad para convertir esas reglas en una ventaja estructural. Porque cuando las reglas de emisiones se entienden como herramientas de eficiencia y acceso a capital, dejan de ser una barrera.
Se transforman en un motor de desarrollo económico aplicable, escalable y sostenible a largo plazo, no solo para Europa y América Latina, sino para el sistema comercial global en su conjunto.