El Consejo de Transparencia ha ordenado al Ministerio de Cultura que entregue toda la información sobre cómo y por qué se repartió la publicidad de la campaña “Bono Cultural Joven 2024” entre diferentes medios de comunicación. La resolución, publicada este viernes a petición del diario El Español, ha exigido que la cartera que lidera el ministro de Sumar Ernest Urtasun detalle “el número de inserciones, los criterios usados y su peso en la elección de cada medio”.
La resolución ha llegado a raíz de la negativa del Ministerio a entregar datos precisos sobre el reparto, defendiéndose en una vulneración de la protección de intereses económicos y secretos comerciales de las agencias.
Cultura comentó a Transparencia haber hecho públicas la lista de medios seleccionados y las cantidades totales destinadas a cada uno. Sin embargo, reconoció que se negó a informar sobre las inserciones y los criterios de reparto porque “esos datos pueden revelar tarifas, descuentos y estrategias comerciales de las agencias”, elementos que ha considerado parte del “saber hacer” empresarial.
Otros ministerios ya han entregado esos datos “sin alegar trabas comerciales”
El Ministerio se ha apoyado en la Ley 19/2013, de transparencia, que habilita a la administración a reservar información cuando se pone en juego la competencia comercial o el secreto profesional de terceros. Sostuvo que muchas de las indicaciones sobre la campaña “se transmitieron en reuniones y fueron verbales”, por lo que no hay documentos escritos que detallen cómo se decidió el reparto. A juicio del periódico que lidera Pedro J. Ramírez, “la Resolución vulnera el derecho del periódico al acceso a información pública”.
El Consejo de Transparencia, en su análisis, ha dejado claro que “existe un interés público superior” y que la transparencia exige informar no sólo cuánto se gastó, sino también cómo y por qué se distribuyó el dinero entre los medios. “Revelar el destino concreto de los gastos en publicidad institucional [...] es una parte inescindible de las obligaciones de transparencia para posibilitar que la ciudadanía pueda conocer cómo se gestionan los fondos públicos”, sostiene la resolución, citando decisiones anteriores.
En otra cita ratificó que “el acceso al número de inserciones por medio y soporte [...] es relevante para someter a escrutinio el importe finalmente recibido por destinatarios de los fondos públicos y verificar el grado de cumplimiento de las adjudicatarias”. El Consejo ha recordado que otros ministerios ya han entregado esos datos sin alegar trabas comerciales.
El dictamen agrega el marco normativo europeo y señala que los nuevos reglamentos del Parlamento y el Consejo Europeo refuerzan la tendencia a exigir transparencia de toda la publicidad estatal. Según la ley que entró en vigor este año, “las autoridades y entidades públicas deben publicar anualmente [...] información sobre su gasto público en publicidad estatal”, incluyendo destinatarios y montos, para garantizar el control ciudadano sobre los fondos públicos.
Ante estos argumentos, el Consejo ha ordenado al Ministerio que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, entregue toda la información pedida: el número de inserciones por medio, soporte y formato de publicidad, y los criterios para el reparto entre los distintos medios de la campaña “Bono Cultural Joven 2024”, tanto los sugeridos en la etapa de propuesta como los que efectivamente se usaron en el plan aprobado, “indicando el peso o ponderación de cada criterio en la decisión final”.
Interior, Hacienda y Transición Ecológica, los ministerios que más incumplen resoluciones de Transparencia
En otro informe difundido por el organismo, Interior, Hacienda y Transición Ecológica fueron los ministerios que más incumplieron el año pasado las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que les obligaban a facilitar la información que les había sido requerida por la ciudadanía
De las 686 resoluciones que dictó el Consejo hasta el 30 de septiembre de 2025 sobre solicitudes de información hacia el conjunto de la Administración General del Estado, 581 fueron respondidas, el 84,8% del total, pero 79 (11,5%) fueron rechazadas y otras 25 (3,6%) acabaron en el tribunal Contencioso-Administrativo aunque, de momento, no hay sentencia firme sobre ninguno.