Un total de 3.090 personas migrantes fallecieron entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025 tratando de alcanzar las costas españolas en busca de un mejor futuro. Esto supone un marcado descenso respecto a 2024 debido a la disminución de los intentos de travesía, según el balance publicado recientemente por la ONG Caminando Fronteras, que recopila estos datos desde 2007.
La ruta argelina, la que une la costa de Argelia con las islas Baleares, destaca por ser la más transitada, y en ella han perdido la vida 1.037 migrantes, una cifra que dobla a la registrada en 2024. Pero la más letal continúa siendo la ruta atlántica hacia las islas canarias, considerada como una de las más peligrosas del mundo: en ella murieron 1.906 víctimas. No obstante, en 2025 la ruta canaria registró un descenso importante en el número de llegadas.
“Aunque el total de víctimas mortales es menor debido a que estas tragedias afectan a embarcaciones con menos personas a bordo, esta tendencia confirma que una parte sustancial de las muertes en las rutas hacia el Estado español no puede explicarse como sucesos fortuitos o inevitables, sino como el resultado previsible de un sistema que continúa anteponiendo el control de las fronteras a la protección de la vida”, critica Caminando Fronteras en su informe, elaborado a partir de las llamadas de auxilio de los propios migrantes, del relato de las familias y de las estadísticas oficiales de salvamento. De esos 3.090 fallecidos, 192 eran mujeres y 437 menores de edad.
La ONG denuncia que muchas muertes de migrantes en el mar se relacionan con la falta de activación o la demora en la puesta en marcha de los medios de búsqueda por parte del Gobierno, así como con problemas de coordinación entre países. También señala que en otros casos las alertas se reciben tarde, las embarcaciones navegan con exceso de personas o las condiciones meteorológicas son desfavorables, lo que incrementa el riesgo de tragedias.
Bajan las llegadas irregulares un 40%
Según los datos del Ministerio del Interior, un total de 35.935 personas migrantes llegaron a España por vía marítima o terrestre entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, lo que supone un descenso de un 40% con respecto al mismo periodo de 2024, cuando arribaron 60.311 personas.
En el caso de Canarias, con un total de 17.555 llegadas, la caída es aún más acusada, de un 59,9%. No obstante, según explican desde la Comisión Española de Ayuda Al Refugiado (CEAR) a Infobae, “la presión sobre los recursos de acogida y protección internacional en el archipiélago sigue siendo estructural, no coyuntural”.
Además, ese descenso de llegadas a Canarias “no implica una reducción proporcional del riesgo”, asegura el coordinador territorial de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo. “Se mantiene la exposición a naufragios y desapariciones, la sobrecarga de los dispositivos de Salvamento y la necesidad de coordinación europea en búsqueda y rescate y vías legales de acceso”, aclara, al tiempo que añade: “Resulta desgraciadamente paradójico que prácticamente la única vía para llegar a un lugar seguro sea jugándose la vida a través del mar”.
Para CEAR, el 2025 ha estado marcado por el endurecimiento de la política migratoria de Europa, con medidas como la aprobación de centros de deportación de migrantes o las numerosas expulsiones forzosas que impiden el acceso al procedimiento de asilo. La organización denuncia que se trata de acciones que ponen en riesgo los derechos humanos, “amenazando la convivencia y la cohesión social, mientras alimentan discursos y delitos de odio”. Y como muestra, señalan lo ocurrido el pasado mes de julio en Torre-Pacheco, Murcia, donde grupos de extrema derecha promovieron una “cacería” de migrantes tras la difusión de desinformación y noticias falsas.
“Lo sucedido en Torre-Pacheco puso de relieve una realidad que afecta a miles de personas: la gran amenaza que representan los delitos y los discursos de odio, que en su inmensa mayoría continúan invisibilizados. Las personas migrantes sufren agresiones y discriminaciones diarias, en diferentes ámbitos (empleo, vivienda, padrón) impulsadas en muchos casos por los discursos del odio que se encuentran completamente normalizados”, asegura CEAR.
“Hay tiempo de mejorar”
La entidad considera que 2026 será un año clave para definir el rumbo que tomarán la Unión Europea y España en materia migratoria, porque a partir de mediados de este nuevo año se aplicarán las medidas aprobadas en 2024 en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que endurece tanto los requisitos de acogida como el control de fronteras.
CEAR asegura que tanto España como Europa “aún están tiempo de impulsar otras políticas migratorias y otras narrativas que pongan en el centro a las personas, para que termine el señalamiento constante que sufren las personas migrantes y refugiadas, entre ellas, muchos niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares, a quienes se criminaliza y estigmatiza impunemente”.
La nueva Ley de Asilo, necesaria para adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, aclaran, “representa una oportunidad para que España impulse una Europa fiel a sus valores fundacionales”. Para ello, CEAR considera que la norma debe garantizar derechos como la asistencia jurídica gratuita durante todo el procedimiento y la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados. También debe asegurar que los nuevos procesos, como el triaje, respeten todas las garantías, incluido el principio de no devolución, y reforzar el derecho a la vida en familia, para que quienes llevan años esperando puedan finalmente reencontrarse con sus seres queridos.
En cuanto al nuevo Reglamento de Extranjería en España, que entró en vigor en mayo, CEAR valora positivamente que flexibilice el arraigo para algunas personas en situación irregular, pero lamenta que “excluya del cómputo a quienes hayan visto sus solicitudes de asilo rechazadas”, empujándoles a permanecer dos años en situación irregular.
La iniciativa para regularizar a medio millón de migrantes sigue paralizada
Además, la entidad recuerda que aún sigue estancada en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular de regularización extraordinaria de migrantes, que podría beneficiar a más de medio millón de personas, dando así respuesta a las situaciones de irregularidad que quedan fuera del nuevo Reglamento de Extranjería. “En 2026 no deberían caber más excusas para impulsar una iniciativa que cuenta con un enorme respaldo de la ciudadanía y de la sociedad civil”, concluyen, pues logró reunir más de 700.000 firmas.
Desciende el número de solicitudes de asilo
Debido al nuevo Reglamento de Extranjería, asegura CEAR, en España se ha producido un descenso importante en el número de solicitudes de asilo, principalmente de personas procedentes de países como Colombia, “que podrían necesitar protección internacional, pero que ven sistemáticamente rechazadas sus peticiones, a pesar de la frágil paz que impera en el país latinoamericano”.
En 2025, el 44% de las resoluciones de asilo fueron desfavorables. Solo un 11% de las solicitudes recibieron respuesta positiva hasta el 30 de noviembre, un dato que empeora más de siete puntos la tasa de reconocimiento de 2024. Se trata de cifras que sitúan a España entre los países de la Unión Europea con menor reconocimiento de asilo.