La palabra ‘migración’ y sus hipónimos están denostados en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tilda la gestión de la llegada de migrantes como “inhumana” cuando se trata del Ejecutivo central porque afirma que dinamita la convivencia; recurre al Supremo el reparto de menores migrantes porque no quiere ser partícipe; y decreta el cierre definitivo de uno de los cuatro Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) que hay en el Estado, en este caso, ubicado en Pozuelo de Alarcón. Estas son algunas de sus actuaciones estelares del 2025, y por las que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha criticado a la presidenta madrileña.
Martín ha acusado a Ayuso de “diferenciar entre migrantes de primera y de segunda” en una entrevista a Radio Nacional de España (RNE), recogida por Europa Press. Estas palabras, las ha pronunciado en el marco de una de sus últimas actuaciones, el cierre del CREADE en Pozuelo, por el que el Gobierno central ha recurrido al Supremo la decisión. Además, el delegado ha señalado la existencia de desigualdades en la atención a personas extranjeras dentro de la región madrileña.
A raíz de las recientes declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, la gestión migratoria se ha situado en el centro de la agenda política regional. Según ha recogido la agencia de comunicación, el representante estatal ha subrayado la falta de solidaridad y la ausencia de criterios centrados en los derechos humanos en las políticas autonómicas. Por ello, Martín ha reclamado la colaboración de la Comunidad para ofrecer respuestas coordinadas. Desde su perspectiva, el Gobierno de España ha optado por aplicar medidas dirigidas a encontrar soluciones estructurales y ha evitado contribuir a la creación de conflictos sociales en torno a la inmigración. El motivo para ello, según explica Martín, es la priorización en la igualdad y la responsabilidad compartida.
Discrepancias sobre los conceptos de gestión y la solidaridad
Durante su intervención en RNE, Francisco Martín ha insistido en que la realidad migratoria de España, condicionada por su posición geográfica y el marco internacional, implica una obligación compartida de afrontar estos desafíos. Según ha expuesto, “necesitamos atender a una realidad migratoria y nuestra posición en el mundo nos obliga y tenemos que estar en las soluciones. Ahí está el Gobierno de España y ahí tendría que estar la Comunidad de Madrid”.
El delegado ha puesto el foco no solo en el centro de Pozuelo, sino también en el de Alcalá de Henares, donde, según datos recogidos por Europa Press, ha habido fricciones entre los distintos niveles de la administración. Martín ha señalado que la gestión impulsada por el Gobierno regional ha derivado en situaciones difíciles para la alcaldesa de ese municipio, quien ha resultado procesada por decisiones orientadas a respaldar la postura de Ayuso sobre inmigración.
El clima de confrontación política ha sido otro de los elementos destacados por Martín. El delegado ha afirmado que las iniciativas del Gobierno regional buscan, en muchos casos, mantener una actitud de enfrentamiento con el Ejecutivo central. A su juicio, esta dinámica acaba repercutiendo negativamente en los migrantes, considerados por él como un colectivo dependiente de la protección institucional. En ese contexto, Martín ha advertido: “Siempre está la intención del Gobierno regional de confrontar con el de España al precio que sea, incluso complicando las cosas tanto para las personas más vulnerables y que más requieren de responsabilidad y de atención”.
Impacto institucional y debate abierto
Europa Press ha contextualizado que la entrevista con Martín se ha producido en un momento caracterizado por numerosos debates políticos sobre la gestión de los centros de acogida de migrantes en la Comunidad de Madrid. Las diferencias entre las posiciones del Ejecutivo central y el Gobierno autonómico han situado en primera línea la discusión sobre la efectividad y el diseño de las políticas públicas relacionadas con la atención y la integración de personas extranjeras.
El análisis de Europa Press también ha destacado la relevancia de la solidaridad interinstitucional y del respeto a los derechos fundamentales en la contienda política madrileña. Las tensiones entre las administraciones estatal y regional se han manifestado en la gestión cotidiana de los centros que alojan a migrantes y en el impacto directo de estas políticas en sus condiciones de vida.
La controversia, tal como han detallado tanto Europa Press como RNE, permanece abierta mientras los distintos niveles de la administración exploran posibles acuerdos para mejorar la colaboración. El debate sobre la responsabilidad en la gestión, la solidaridad y la eficacia de las acciones públicas continúa vigente en la Comunidad, sin que hasta ahora se hayan cerrado las diferencias sobre el modelo de atención y el futuro de las personas migrantes bajo tutela institucional.