La Navidad es una época para estar en familia. Las cenas con mesas enormes que engloban desde abuelos hasta nietos, tíos y sobrinos, son una de las grandes fotografías que dan significado a las fiestas. Sin embargo, en España, 17.000 niños, niñas y adolescentes siguen creciendo en centros tutelados.
“Que me acogieran fue la mayor suerte de mi vida”, explica Jiead, madrileña de 21 años que ha compartido su experiencia a través de una nota de Acogedoras, la ONG encargada de visibilizar esta problemática bajo el lema ‘España, haz tu magia’, codirigido con la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF).
Igual que ella, Verónica Caro, de 15 años, relata cómo a los 16 meses de vida también fue adoptada por su familia de acogida, manteniendo su vínculo con su familia biológica: “Siempre me los tuvieron muy presentes”, señala. O Núria Val, protagonista de la campaña: “Mis amigos de verdad son los niños y niñas que viven en el centro de acogida donde trabaja mi mamá como educadora social”.
Los niños invisibles
Según la organización, de los 17.000 menores en esta situación, el 60% tienen entre 15 y 17 años, y 1.200 son menores de seis. “La principal barrera es el desconocimiento por parte de la sociedad”, aseguran desde ASEAF en una entrevista concebida a Infobae.
“En 2023, el 80% de la sociedad catalana respondió no conocer qué era el acogimiento familiar. Sin embargo, cuando se les explicó la situación de los niños que viven en centros de acogida esperando una familia, la mitad de los encuestados afirmaron que estarían dispuestos a acogerlos”, añaden.
Según la entidad, “si la sociedad española fuera conocedora de que a apenas unos metros hay un centro de acogida lleno de niños y niñas esperando a que alguien les abra su hogar, estamos seguros de que lo harían, porque lo llevamos en la sangre. Somos acogedores y solidarios por naturaleza”, afirman.
17 modelos de acogida
El sistema de acogimiento en España está descentralizado. Tiene 17 modelos diferentes. Uno cada comunidad autónoma. “Uno de nuestros objetivos es que haya estándares de calidad de acogimiento familiar a nivel estatal y de obligado cumplimiento para todas las CCAA”, recalcan desde ASEAF, que trabaja junto al Ministerio de Juventud para garantizar que los estándares actuales se cumplan.
En menos de tres años, Cantabria, Navarra, Aragón y Cádiz han logrado que ningún bebé viva en centros de protección, mientras que Cataluña y Andalucía aún están lejos de cumplir la meta prevista para 2025. Por su parte, Madrid y la Comunidad Valenciana avanzan con leyes que permiten que una familia inicie la acogida, “y si cambia la situación, adoptar”, explican desde la organización a este diario.
La importancia del “boca-oreja”
Por otro lado, desde ASEAF son conscientes de la dificultad que supone para una familia adoptar. Entre los perfiles más receptivos se encuentran:
- Profesionales que trabajan con niños: docentes, educadores sociales, sanitarios, psicólogos y trabajadores sociales.
- Personas que atravesaron dificultades en su infancia y quieren dar oportunidades a otros jóvenes.
- Familias influenciadas por el boca-oreja: conocer a alguien que ya ha acogido hace más probable que se animen a dar el paso.
“El boca-oreja funciona muy bien. Es muy frecuente que quien se interesa por el acogimiento familiar lo haga porque, previamente, ha conocido o conoce a una familia que ya ha dado el paso”, explican desde ASEAF.
El freno de la Administración
No obstante, para aquellas que sí les interesa dar ese paso, en la gran mayoría de situaciones se topan con obstáculos burocráticos que ralentizan el proceso administrativo. “Un tercio de las personas que se acercan a acoger aún están en espera de valoración por parte de la Administración”, subrayan desde la entidad.
De media, se tarda unos dos años en decidirse si adoptar o no, y cuando finalmente se deciden, “su administración les contesta tarde y pasan meses para una cita”. “Esto genera mucha desazón”, lamentan desde ASEAF. Porque “Cada día que pasa, es un día que un niño o una niña sigue en el centro y, por tanto, un día más que ve vulnerado su derecho a crecer en familia”. “Solo pedimos que los procedimientos sean ágiles y que los servicios públicos tengan personal suficiente para atender a estas personas”, concluyen.