La Comunidad de Madrid ‘abandona’ Lanzarote. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha decidido que el Canal de Isabel II, su mayor empresa pública, deje de gestionar la red de abastecimiento y saneamiento en las islas canarias de Lanzarote y La Graciosa, que da servicio a 208.000 habitantes. Y eso que desde que presta este servicio ha invertido más de 61,3 millones de euros en las mejoras de las infraestructuras. Ni el Consorcio del Agua de Lanzarote (integrado por el Cabildo de Lanzarote y el resto de Ayuntamientos de la isla) quiere que el Canal siga ni el Canal quiere seguir. Mientras, la firma Canaragua (filial de Aguas de Barcelona, que pertenece al grupo francés Veolia) acaba de comunicar formalmente al Ejecutivo de Ayuso que está interesado en que le ceda la gestión de este contrato.
Canal Gestión Lanzarote (empresa 100% dependiente del Canal) ganó la concesión en 2013 para gestionar el abastecimiento de la red que lleva el agua a los habitantes de siete municipios que incluyen a 75 pequeñas localidades. El periodo del contrato es de 30 años, dura hasta 2043. El Canal se comprometió a invertir 50 millones de euros. A cambio, la contraprestación que recibe es el derecho a cobrar las correspondientes tarifas a los abonados en función del grado de utilización de los distintos servicios públicos prestados. ¿Qué hace la Comunidad de Madrid gestionando el agua de dos islas que están a 1.577 kilómetros de Madrid? La respuesta es que, en 2013, el Gobierno regional presidido entonces por Ignacio González continuó con un proceso de expansión y líneas de negocio que ya había llevado al Canal a otros países de Suramérica.
El dueño de la red es el Consorcio, pero quien las opera es el Canal. Hay cuatro captaciones de agua marina que transforman en agua apta para el consumo mediante la explotación de cuatro plantas desalinizadoras. Luego, a través de 1.513 kilómetros de tuberías, se da suministro a los vecinos. Pero el problema es que Canal Lanzarote se ha convertido en un pozo sin fondo. La Comunidad de Madrid asegura que el Consorcio no ha invertido lo que prometió, que hay demasiadas averías y que la cuentas no cuadran: en 2024, Canal Gestión Lanzarote cerró con unas pérdidas de 11,4 millones de euros, “lejos de lo esperado en los planes previstos, principalmente por el incremento de los precios de la energía y de los tipos de interés”, señala la entidad en su última memoria. Además, la Comunidad mantiene abiertos seis litigios en los juzgados para subir las tarifas. “Todos buscan la aplicación del IPC+1% desde 2017 hasta 2024″, explica el Canal.
Así que en abril de 2025 se rompió todo y el Consorcio notificó a Canal Gestión Lanzarote que iniciaba el procedimiento de resolución del contrato y el inicio de otro procedimiento para la adjudicación de un nuevo contrato de concesión. El Consorcio acusa a la Comunidad de Madrid de no cumplir con lo firmado en 2013. El Ejecutivo de Ayuso, por su parte, asegura que lo único “cierto es que ha sido el Consorcio, desde el inicio de la concesión, el que ha incumplido de forma sistemática y recurrente sus obligaciones contractuales”, acusando al Consorcio de ofrecer argumentos “infundados y torticeros”.
El Canal recuerda que el Consorcio solo pedía una inversión de 15 millones, y que el Canal ha ejecutado más de 60 millones, reduciendo las averías en la red en un 30%. El Canal también asegura que el “Consorcio ha incumplido de forma reiterada, constante y consciente su obligación de revisar anualmente los precios del contrato”, es decir, las tarifas que pagan los vecinos.
El Canal ha dejado de ingresar 30 millones
Solo con que se hubiese aplicado la subida de las tarifas (IPC+1% cada año), hubiera supuesto una mejora en los ingresos del Canal de 30 millones de euros. En las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid, también se refleja que el Canal ha invertido 61,3 millones de euros en 209 proyectos. Los argumentos de la Comunidad de Madrid son duros: el Consorcio del Agua no ha ejecutado ninguno de los programas de inversión que ha presentado en los últimos nueve años. “La inacción, parálisis y dejadez del Consorcio del Agua reflejada en la falta de ejecución de las obras que presentaban en sus programas provocó un grave deterioro del sistema de abastecimiento, que es incapaz de atender las crecientes demandas de la población”, asegura la Comunidad de Madrid.
“La inoperancia y pasividad el Consorcio del Agua tuvo consecuencias negativas para la población, ya que se vio obligado a aumentar las restricciones en el consumo agua potable y a establecer calendarios de suministro cada vez más restrictivos, en definitiva, más cortes de agua. Es inconcebible que por su incompetencia hayan puesto en riesgo la continuidad del servicio y ahora pretendan culpar a Canal Gestión Lanzarote del desastre que han ocasionado, siendo inaudito que la desidia mostrada durante tanto tiempo intenten esconderla acusando de falsos incumplimientos a Canal Gestión Lanzarote”.
El Consorcio de Lanzarote maneja otras cifras: “Canal Gestión se comprometió a ejecutar 54.455.128 euros en inversiones. Sin embargo, solo se consideran debidamente justificadas y validadas inversiones por valor de 32.633.088,09 euros, lo que supone una infrainversión de 21.822.039,91 euros, casi el 40% de la inversión comprometida. Entre las principales inversiones no ejecutadas o no justificadas figuran la instalación de cámaras isobáricas para la recuperación de energía, la implantación de medidas de detección de fugas y fraude, la renovación integral del parque de contadores, la modelización de la red de agua potable y reutilizada, así como diversas actuaciones de telecontrol, sectorización y eficiencia energética, consideradas esenciales para reducir pérdidas y mejorar el servicio”.
Ahora estamos en un punto muerto. Se negocia la cesión del contrato a otra empresa. “Si esa oferta no responde a los intereses de Lanzarote, por mucho que responda a los propios de Canal, seguiremos con la resolución del contrato”, señalan desde Lanzarote. El Gobierno de Ayuso amenaza desde Madrid con reclamar perjuicios económicos.
Para Diego Cruz, diputado socialista en la Asamblea de Madrid, “esta operación avanza sin información oficial suficiente y sin mecanismos de publicidad que garanticen que el procedimiento se está conduciendo con neutralidad y rigor. Varias empresas han manifestado formalmente su interés en participar en la eventual cesión; algunas denuncian que no han recibido respuesta, otras que no se les ha proporcionado documentación, y otras que ni siquiera han sido informadas de los criterios, si es que existen, que Canal está aplicando. Este modo de proceder no es compatible con las exigencias de una empresa pública moderna, ni con el compromiso ético que debería exigirse al Canal tras su pasado reciente”.
Una de esas empresas que ha mostrado su interés es Canaragua, filial de Aguas de Barcelona, que pertenece a la multinacional francesa Veolia. En un escrito fechado el pasado 27 de noviembre, el consejero delegado de Canaragua comunica al Consorcio “nuestro interés en participar en el procedimiento de cesión, plenamente vigente y basado en la convicción de que Canaragua Concesiones puede aportar una gestión eficiente, comprometida y de alta calidad al servicio. Nuestra participación en la licitación original y nuestro conocimiento del sector nos otorgan una comprensión profunda de las necesidades y retos de la concesión, y creemos que nuestra experiencia y capacidad técnica nos permitirían contribuir de forma decisiva a su mejora y a la satisfacción de los usuarios, en coherencia con los objetivos estratégicos del Consorcio”.
Diego Cruz señala que “la cuestión no es jurídica, la ley puede permitir una cesión sin concurso”. “La cuestión es política y democrática: ¿por qué una empresa pública decide refugiarse en el mínimo legal cuando lo responsable sería actuar con el máximo nivel de transparencia? ¿Por qué no se publica un anuncio formal? ¿Por qué no se detalla qué empresas han sido contactadas? ¿Por qué no se explica qué información se ha facilitado y bajo qué criterios? El silencio no es prudencia: es opacidad. Y la opacidad tiene consecuencias. La cesión del contrato de Lanzarote no es una operación menor. Puede suponer la renuncia a beneficios futuros, el cierre de litigios en condiciones aún desconocidas y una modificación estratégica en la actividad del Canal. Todo ello mientras el contrato se aproxima, por primera vez, a una fase en la que podría resultar más estable y económicamente favorable que en los años anteriores. ¿Por qué ceder ahora? ¿Por qué hacerlo así? ¿En beneficio de quién?”, se pregunta.