El caso Montoro está “en pausa” por la estrategia de las defensas para alargar la investigación: interminables recursos pidiendo la nulidad o el cambio de juzgado

El 19 de junio de 2025 saltó una noticia de gran calado: el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro estaba investigado por delitos continuados de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos por hechos ocurridos entre 2011 y 2018, su segundo mandato en el Gobierno del PP. Ese día se levantó el secreto de la investigación, que había empezado en 2018, pero durante los seis meses siguientes se está llevando a cabo una instrucción en la que los avances han sido mínimos.

Desde el descubrimiento de la supuesta trama sobre unas presuntas reformas legislativas realizadas desde el Ministerio para que empresas gasísticas recibieran beneficios fiscales a cambio de pagos millonarios al despacho de abogados del propio Montoro, Equipo Económico, ha habido pocos avances en la causa que lidera el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona.

Mientras otras investigaciones mediáticas avanzan sin freno, con novedades casi semanales, esta se estanca, por lo que nace la pregunta: ¿qué está pasando con el ‘caso Montoro’?

“Hasta 30 escritos, de 40 páginas cada uno”

La respuesta nace de las estrategias que están llevando las defensas de los imputados, 28 en total: dilatar al máximo la causa. Desde el comienzo han presentado todo tipo de recursos, desde peticiones de nulidad a poner en duda la legitimidad del juzgado para llevar el proceso, lo que durante meses ha dejado el caso en una especie de ‘modo de espera’.

“No sé si han presentado hasta 30 escritos, entre recursos y adhesiones, de unas 40 páginas cada uno”, explica a Infobae Joan Comorera, abogado representante de la acusación popular FETAP-CGT. Desde la Fiscalía Anticorrupción tienen clara esta intencionalidad y así lo recogieron en una providencia del 21 de noviembre, a la que ha tenido acceso Infobae: “Nos llama de nuevo la atención, que parece que la única finalidad que se persiga con la presentación de ingentes escritos y recursos por las partes no sea la averiguación de la verdad, la petición de diligencias para práctica de prueba de descargo etc., sino conseguir la nulidad de unas actuaciones practicadas con total profesionalidad y respeto a los principios procesales y constitucionales”.

En estos recursos hay dos estrategias principales. La primera es directamente “cargarse el procedimiento, cargarse las diligencias realizadas y que así se acordase la nulidad”, ya que la tramitación empezó con un “hallazgo casual” de los correos y “si se cargaran eso, se cargan toda la investigación”, señala Comorera.

Dentro de esta misma idea, se llegó a presentar un recurso en el que se criticaba que la causa tenía un tono “político” y que se debería anular. “Decidió atribuirse el conocimiento de unos hechos evidentemente de notorio cariz político y especial relevancia”, escribieron las defensas.

“Actuaciones graves de corrupción, que no entienden de ideología política”

Sin embargo, este plan está lejos de prosperar, ya que el Ministerio Público respondió en la misma providencia que “es necesario dejar claro y sentado desde este momento, que determinados correos intervenidos que se tramitaban en Tarragona contra empresas gasistas que tenían en este municipio su sede, lo que revelaban no eran unos hechos de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideología política alguna”.

“Lo que quieren montar es como si esto fuese una persecución”, denuncia el letrado, “y te dirán que es para tapar las corrupciones del PSOE, pero esta es una investigación que se inició en 2018. El secreto de sumario se ha levantado cuando se ha tenido toda la información, de la Agencia Tributaria, de los informes de los Mossos d’Esquadra, de la Guardia Civil, etc.”. En concreto, “de la información bancaria, que ha costado un montón sacarla, porque los bancos han puesto todos mil y una reticencias”, denuncia, y añade que “si esto hubiese ido más rápido, sobre todo las contestaciones, el secreto de sumario se hubiese levantado a lo mejor en el 2022 y no ahora”.

El juez ha dejado “en pausa” el procedimiento

Sin embargo, la nulidad no es la única estrategia dilatoria y aquí entra en juego la “competencia territorial objetiva”. “Discuten que el juzgado de Tarragona sea el competente para la tramitación del proceso, diciendo que en todo caso tendrían ser o los juzgados de Madrid, donde Equipo Económico tiene su sede, o bien en la Audiencia Nacional, al entender que afecta a diversas comunidades autónomas”, explica Comorera.

De esta manera, el juez “ha dejado en pausa el procedimiento”, esperando a que la Audiencia Provincial de Tarragona se pronuncie sobre todas estas peticiones. “No creo que acuerde señalar declaraciones de investigados hasta que se manifieste sobre si realmente es competente y que no haya nulidad de actuaciones”, relata.

Y es que por el momento lo único que ha hecho el juzgado ha sido “unir actuaciones, enviar los paquetes a la audiencia y ya está, no ha acordado ninguna actuación adicional desde que se levantó el sumario. Para no trabajar en vano”, agrega.

En consecuencia, las acusaciones están “paradas”, por el momento. Como concluye el abogado: “Tampoco vamos a trabajar para luego no tirar para adelante. Además, que, aunque solicitaras algo al juez, no lo va a acordar ahora porque está en una posición de esperar a que la Audiencia avale su trabajo, y ahí empezará todo. Declaraciones de investigados, diligencias que se puedan pedir, etc.”