Pedir dinero a un familiar para comprar una casa, montar un negocio o salir de un apuro económico es una práctica habitual en miles de hogares españoles. La confianza, la cercanía y la ausencia de intereses convierten a padres, hijos o hermanos en una especie de “banco doméstico”.
Sin embargo, lo que muchos desconocen es que este tipo de acuerdos no son tan informales como parecen. Desde el punto de vista fiscal, un préstamo familiar mal hecho puede convertirse en un serio problema con Hacienda.
Una reciente interpretación del Tribunal Supremo ha puesto el foco en estas operaciones y ha reforzado el criterio de la Agencia Tributaria: si no se demuestra correctamente que el dinero recibido es un préstamo, Hacienda puede considerarlo una donación encubierta, con las consiguientes consecuencias económicas.
A ojos de la ley, un préstamo entre familiares funciona igual que uno concedido por un banco. La única diferencia es quién presta el dinero. El Supremo recuerda que existen tres elementos esenciales que deben cumplirse para que Hacienda lo reconozca como tal.
En primer lugar, debe existir una entrega efectiva de dinero. En segundo lugar, tiene que haber una obligación real de devolverlo. Y, por último, debe poder demostrarse que no se trata de un regalo disfrazado de préstamo. Si alguno de estos puntos falla o no puede acreditarse, la Agencia Tributaria puede intervenir.
El problema es que, en muchos casos, estos acuerdos se hacen “de palabra”, sin documentos ni pruebas, confiando en la relación familiar. Y ahí es donde empiezan los riesgos.
Hacienda vigila de cerca estos movimientos
En los últimos años, la Agencia Tributaria ha intensificado las comprobaciones sobre el origen del dinero que reciben las personas físicas. Especialmente cuando se trata de cantidades elevadas que no proceden de salarios, herencias o préstamos bancarios.
Los préstamos entre familiares se han convertido en uno de los focos habituales de inspección. El motivo es sencillo: en la práctica, muchos de ellos nunca se devuelven o no hay constancia de que exista una verdadera intención de hacerlo.
El Tribunal Supremo ha respaldado esta estrategia y ha dejado claro que no basta con la palabra de las partes para afirmar que una cantidad es un préstamo. Si no hay pruebas, Hacienda está legitimada para cuestionarlo.
El riesgo de las donaciones encubiertas
Desde el punto de vista de la Administración, la lógica es clara. Si una persona recibe dinero y no puede demostrar que lo devuelve —o que tiene la obligación de hacerlo—, lo más probable es que se trate de una donación.
Por eso, el Supremo avala que Hacienda no solo pueda exigir documentación, sino también hacer un seguimiento del préstamo. Si no hay devoluciones periódicas, transferencias justificadas o un calendario de pagos, la Agencia Tributaria puede recalificar la operación como una donación.
Este cambio de criterio no es menor, porque el tratamiento fiscal de una donación es muy distinto al de un préstamo, incluso aunque sea entre padres e hijos.
La carga de la prueba recae en el contribuyente
Uno de los puntos más relevantes que subraya el Tribunal Supremo es quién tiene que demostrar que el préstamo es real. Y la respuesta es contundente: el contribuyente.
“No es Hacienda quien debe probar que hubo una donación, sino la persona que recibió el dinero quien debe acreditar que se trata de un préstamo auténtico, con intención de devolución y con pruebas de que esa devolución se está realizando", señala Manuel Hernández García, director y socio del Bufete Vilches Abogados.
Esto implica aportar contratos, justificantes bancarios y cualquier documentación que respalde la operación. Si no se aportan pruebas suficientes, la Administración puede actuar y regularizar la situación. Además, el Supremo recuerda que la relación familiar no elimina las obligaciones fiscales. La confianza personal no sustituye a los requisitos legales.
Qué ocurre si Hacienda lo considera una donación
Si finalmente la Agencia Tributaria concluye que el dinero recibido no era un préstamo, sino una donación encubierta, las consecuencias pueden ser importantes. En primer lugar, se exigirá el pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que varía según la comunidad autónoma y puede suponer una cantidad elevada. A ello se sumarán recargos, intereses de demora y, en algunos casos, sanciones económicas.