La prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) supone una ayuda primordial para muchas familias españolas que no llegan a fin de mes. Pese a que la implantación del IMV en 2020 supuso un avance en la política social, la prestación aún no alcanza a la mayoría de los hogares vulnerables y enfrenta obstáculos administrativos y de gestión que limitan su impacto. Para que su funcionamiento sea más eficaz, los expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han propuesto algunas medidas concretas.
Según Fedea, la creación del IMV representó un hito, al establecer por primera vez una prestación estatal de garantía de ingresos mínimos. Desde su puesta en marcha, el IMV ha contribuido a reducir la pobreza severa en torno a un 6% y ha reforzado la protección de familias monoparentales y con menores a cargo. En 2024, la prestación alcanzó a más de 2 millones de personas en 673.000 hogares, con un gasto total superior a 6.000 millones de euros, incluyendo las prestaciones familiares no contributivas.
No obstante, Fedea ha advertido que la cobertura real del IMV es inferior al 50% de los potenciales beneficiarios, debido a las barreras administrativas y a una gestión compleja. La rigidez de los procedimientos, la lentitud en la tramitación y la escasa coordinación entre la Seguridad Social y los servicios sociales autonómicos dificultan el acceso, especialmente para los hogares más vulnerables. Además, la coexistencia con rentas mínimas autonómicas y ayudas finalistas genera fragmentación y desigualdad territorial.
Luis Ayala Cañón, catedrático de Economía y director del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED, ha señalado que “el IMV llega a menos de la mitad de las personas potencialmente beneficiarias, lo que limita sensiblemente su eficacia. La responsabilidad de esta baja demanda no debe atribuirse a las personas potencialmente beneficiarias, sino al diseño y a la gestión del programa”.
Barreras administrativas y retos de coordinación
Durante el encuentro, celebrado esta semana pasada, los expertos han coincidido en que la complejidad administrativa y la falta de información dificultan la solicitud del IMV. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, ha explicado que “una parte importante de las personas que cumplen los requisitos no solicita el IMV por diversas barreras de acceso relacionadas con su diseño y gestión. Entre ellas destacan la complejidad administrativa, la falta de información y las dificultades para acreditar rentas o patrimonio, lo que limita el acceso de los hogares más vulnerables”.
A estas dificultades se suma la insuficiente coordinación entre la Seguridad Social y los servicios sociales de las comunidades autónomas, lo que reduce la capacidad de detección y acompañamiento de los potenciales beneficiarios. Además, los incentivos laborales actuales resultan difíciles de entender y, en ocasiones, desincentivan la aceptación de mejores empleos o más horas de trabajo, ya que la retirada completa de la ayuda puede suponer una pérdida de ingresos para los beneficiarios.
Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), ha defendido que “el debate no debe centrarse en crear nuevas prestaciones, sino en mejorar el diseño y la eficacia de las existentes, para que cumplan plenamente su función y lleguen a quienes más lo necesitan”.
Propuestas de mejora para un IMV más eficaz
Para incrementar la eficacia, cobertura y coordinación del IMV, los expertos de Fedea han presentado una serie de propuestas, entre las que destaca la simplificación administrativa, como avanzar hacia procedimientos más automáticos y reducir los plazos de tramitación para evitar que los hogares más vulnerables queden excluidos por la burocracia.
Otra de las ideas es el paso a una gestión autonómica, que consistiría en transferir la gestión de la prestación a las comunidades autónomas, aprovechando su proximidad a los beneficiarios y su capacidad para coordinarse con los servicios sociales y de empleo. Los expertos también señalan la posibilidad de flexibilizar los requisitos, adaptando la definición de las unidades de convivencia y los requisitos de empadronamiento, para no excluir a personas en situación de inestabilidad residencial.
Otro cambio que podría hacer más eficaz el IMV es el ajuste territorial, que consistiría en introducir mecanismos que tengan en cuenta las diferencias en el coste de vida entre regiones, para mejorar la equidad y la eficacia del sistema. Además, tendría que ir de la mano de una mejora en el cálculo de rentas. En concreto, incorporar el alquiler imputado neto de intereses hipotecarios en el cálculo de la renta, reflejando con mayor precisión la capacidad económica real de los hogares.
Por último, esta prestación debería alinearse con el umbral de la pobreza, ajustando así la cuantía de la ayuda y aplicando las escalas de equivalencia empleadas por Eurostat para eliminar los topes que penalizan a los hogares con más miembros, según los expertos de la Fundación.
Sostenibilidad fiscal e impacto social
En cuanto a la sostenibilidad fiscal, los especialistas han coincidido en que el coste del IMV es asumible dentro del conjunto de prestaciones sociales. Luis Ayala ha estimado que, incluso con una cobertura total, el gasto no superaría los 6.000 millones de euros anuales, lo que representa menos de medio punto del PIB. De la Fuente ha añadido que la cobertura plena supondría un incremento del gasto público hasta aproximadamente el 0,75% del PIB, una cifra manejable si se compara con el impacto social de la medida.
Ambos han recalcado que los costes de la pobreza, especialmente la infantil, superan ampliamente el gasto que supondría una cobertura total del IMV. Por ello, han defendido la necesidad de consolidar la prestación como un pilar estable del sistema de protección social, reforzando su integración con las políticas de empleo y de inserción social.
Según Fedea, la consolidación del Ingreso Mínimo Vital como pilar del sistema de protección social en España exige una gestión más ágil, una coordinación efectiva con las comunidades autónomas y un seguimiento continuo de sus resultados. El futuro del IMV dependerá de su capacidad para adaptarse a las necesidades reales de los hogares y de su integración con otras políticas sociales, garantizando que la ayuda llegue a quienes más la necesitan y evitando desigualdades entre territorios.