Desde el 30 de octubre de 2024, el Juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, lleva investigando lo ocurrido en la DANA que el año pasado dejó 229 muertos en la Comunidad Valenciana. Una instrucción que tiene un nombre propio detrás: la jueza Nuria Ruiz Tobarra.
La magistrada lleva ya un año recopilando información, recogiendo testimonios de afectados y de profesionales y, aunque no ha conseguido la imputación del president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, debido a su aforamiento, todos sus pasos apuntan hacía este objetivo.
Tras un sumario donde recogió las declaraciones de familiares y allegados de las víctimas mortales, la magistrada llegó a una conclusión: el problema estuvo en lo tarde que se informó a la población de lo que estaba ocurriendo. Cómo ha descrito en varios autos, el Es-Alert fue “tardío” y “erróneo en su contenido”.
Salomé Pradas y Emilio Argüeso
Esta alerta llegó a las 20:11 de la tarde de ese 29 de octubre, cuando ya muchas de las víctimas habían fallecido arrastradas por el agua y había personas refugiadas en tejados, árboles o cualquier apoyo que les pudiera salvar de las corrientes. Así, Ruiz Tobarra tenía dos cosas que demostrar: si había suficiente información para poder haber enviado antes el mensaje y quién tenía la responsabilidad detrás de esta decisión.
En marzo de este año, tras comprobar que las competencias de Emergencias recaían sobre la Generalitat Valenciana, la instructora tomó la decisión de imputar a la exconsellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, y al ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia.
En un auto, la jueza consideró a Pradas la responsable directa por no activar con la diligencia necesaria los mecanismos de emergencia, lo que habría contribuido a evitar muertes registradas ese día. La magistrada señaló que “el problema no residiría en la ausencia de información, que la había sobrada, sino en que, ante dicha información, o se ignorara, o no se comprendiera su alcance, o no se tomaran las decisiones pertinentes”.
Además, subrayó que “el CECOPI se convocó con una gran demora y la toma de decisiones se produjo con un retraso aún mayor. El CECOPI debió convocarse en la mañana del 29 de octubre”, cuando la reunión no se celebró hasta las 17:00 horas, ya con víctimas mortales confirmadas.
Sobre Argüeso, indicó que conocía de forma anticipada la magnitud del riesgo y, sin embargo, mantuvo una actitud de “manifiesta pasividad”. Según uno de los autos, “[Argüeso] era conocedor de la evolución progresiva de la DANA, el segundo en la toma de decisiones, y, supuestamente, conocedor de protocolos, herramientas y la situación”. La magistrada reprochó que su intervención se limitara a enviar mensajes a través de chats, “y que tuvieron algunas respuestas que producen estupor”.
Carlos Mazón
Sin embargo, un hecho que destacó en ese auto fue la mención que se hacía a Mazón. La jueza explicaba que no le podía citar por su aforamiento, pero sí le instaba a declarar de forma voluntaria: “Su declaración como investigado o querellado solo puede llevarse a cabo de forma voluntaria si por el aforado se solicitara”. La jueza ya tenía la vista puesta en el president de la Generalitat.
Este ofrecimiento fue rechazado por Mazón, como el mismo que le hizo en septiembre de 2025. Esta segunda ocasión se produjo en un auto en el que la magistrada aceptó a la causa la carta de la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón ese día en ‘El Ventorro’, y explicaba lo ocurrido en ese restaurante.
Esta no son las únicas menciones que la jueza ha hecho de Mazón en la causa. A principios de año fueron varias las acusaciones que quisieron su imputación, por lo que el 6 de mayo emitió un auto, en el que explicó que solo podrá ser investigado cuando se acabe la fase de instrucción.
“Entre las decisiones del juez de instrucción se encuentra la relativa a la remisión de exposición razonada a la Sala, remisión que se efectuará si, agotada la instrucción, constan indicios sólidos contra la persona aforada frente a la que se dirigió la querella”, explicó.
Agregaba en el mismo auto que “para ello, habrán debido practicarse todas las diligencias de investigación necesarias en orden a permitir una más fundada decisión, no ya sobre la racionalidad de los indicios de existencia de infracción penal, sino de los que pueda haber de participación en ella del aforado”, lo que significa que su imputación, de llevarse a cabo, no sucederá hasta que la jueza finalice su trabajo en la fase de instrucción.
Las llamadas de Pradas y Mazón
Uno de los informes que más han acercado a Mazón a la causa ha sido el registro de llamadas que realizó Salomé Pradas durante el día de la DANA. Este informe demostró como el president estuvo casi toda la mañana incomunicado, ya que la exconsellera de Justicia intentó contactar con él a las 12:52 y a las 16:29, no respondiendo a las llamadas.
No hablaron por primera vez hasta las 17:37 y volvió a estar incomunicado durante las 18:30 y 19:43, momento en el que se estaba llevando a cabo el CECOPI y ya se estaba discutiendo si enviar el Es-Alert. Otras de las claves que demostró este registro fue el hecho de que Pradas hablará durante un minuto con Mazón a las 20:10 y a las 20:11 se emitiera la alerta a la población.
El acta notarial fue entregada en marzo de este año, pero no fue suficiente para la imputación de Mazón. Y es que la jueza hasta el momento ha tratado con cautela las menciones al president, ya que en el momento en el que los indicios sean suficientes para imputarle, la jueza perderá las competencias y será el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el que asuma la investigación.
Cuanto más cerca ha estado el aniversario de la DANA, más cerca ha estado la imputación de Mazón. El lunes que viene la jueza tendrá que interrogar a Maribel Vilaplana, declaración que de forma irremediable va a versar sobre el president. Además, esta misma semana, Ruiz Tobarra ha solicitado el registro de llamadas del propio Mazón, para ya conseguir cerrar del todo sus acciones de ese día.