El posible cierre de la central nuclear de Almaraz (Cácerez) ha revolucionado a la provincia extremeña, que ve cómo su clausura, que debe realizarse entre 2027 y 2035, podría suponer la pérdida de 3.000 puestos de trabajo. Con la idea de ampliar la vida útil de la energética, nació en enero de este año la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, que reúne a habitantes de a zona, alcaldes y entidades de los municipios del entorno de la central.
“El desmantelamiento de Almaraz tendría consecuencias dramáticas para todo el norte de la provincia de Cáceres, por la pérdida de empleo y oportunidades económicas, acelerando en consecuencia el proceso de despoblación que sufre toda Extremadura”, señala la plataforma, que detalla además que supone más del 5% del PIB de Extremadura y, para los municipios de su área de influencia, supone una renta per cápita un 12% superior al el conjunto de la Comunidad.
Lo cierto es que el cierre se daba por hecho a comienzos de año, cuando las energéticas dueñas de la central (Iberdrola, Endesa y Naturgy) comenzaron a organizar el plan de desmantelamiento de la planta durante el primer trimestre de 2025. Esta postura cogió fuerza en agosto, cuando el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, aseguró que no existía ningún tipo de negociación ni de diálogo abierto para ampliar la vida útil de las centrales nucleares.
Además, el secretario aseguró que el calendario actual fue el que acordaron las propias empresas energéticas entre sí. “En 2019, veían que no les salían los números, que la nuclear es una energía más cara que la renovable, es menos competitiva. Algunas empresas querían cerrar ya en 2019, otras tenían una estrategia a más largo plazo. Y finalmente entre ellas, hay hemeroteca, lo podemos ver publicado, entre ellas acordaron este calendario”, zanjó.
Las líneas rojas del Gobierno
Tras las palabras el Ejecutivo, las energéticas propietarias de la central han movido ficha, iniciando reuniones para proponer una posible ampliación de la vida útil de la planta. Ante esta novedad, el pasado 21 de octubre, el delegado de Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, señaló que su continuidad “no le puede costar más” a los contribuyentes y que el Gobierno de España ya aclaró cuál era su postura al respecto.
Según Quintana, existen tres “líneas rojas” que plantea el Gobierno ante la posibilidad de la ampliación de la vida útil de la central de Almaraz: “Primero, a los contribuyentes no les puede costar más su continuidad; segundo, hay que garantizar el suministro eléctrico y, tercero, los residuos tienen que ser pagados por las empresas que, recuerdo, están teniendo beneficios históricos en estos últimos años”.
Previo a la reunión de las empresas propietarias de la central, el presidente del Comité de Empresa de la central nuclear de Almaraz, Borja Romero García instó a las mismas a presentar cuanto antes el plan y al al Ministerio para la Transición Ecológica a aceptarla y tramitarla, señalando que iniciarán movilizaciones si no se alcanza un acuerdo. También compartió la “enorme preocupación” de la plantilla de Almaraz y de los vecinos de la comarca: “son muchos puestos de trabajo directos e indirectos que están afectados por las centrales nucleares en España”.
Tras la reunión, Iberdrola, Endesa y Naturgy -propietarias de la central- han remitido una carta de manera conjunta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mostrando su deseo de alargar la vida útil de la planta nuclear. Aunque, desde la cartera que ostenta Sara Aagesen informaron de que en la misiva “no se notifica nada ni se avanza ningún tipo de actuación”, por lo que la postura del Ejecutivo es la misma y reclaman que la propuesta debe cumplir las tres líneas rojas.
Los grupos ecologistas se oponen a la continuidad
Junto a la postura del Gobierno de no dar continuidad a la central de Almaraz se encuentran los grupos ecologistas, como Alianza Verde y el Movimiento Ibérico Antinuclear. El primero ha criticado al Ejecutivo que “en lugar de plantar cara y decir abiertamente que el calendario nuclear no se va a tocar, sólo ha echado balones fuera y ha puesto unas condiciones que ahora va a tener que sentarse a estudiar”.
Además, el partido ecologista ha señalado como “evidente” la idea de las eléctricas de trasladar más costes a los consumidores para agrandar el beneficio de unas nucleares, que son “cada vez menos competitivas por el bajo precio de las renovables” y ha denunciado que el “lobby nuclear” llevara a cabo una “campaña de comunicación” tras el apagón de abril para “crear artificialmente ante la opinión pública una presunta necesidad de la nuclear”.
Por su parte, el Movimiento Ibérico Antinuclear ha criticado la “estafa” que supondría la ampliación de la vida útil de la central, mostrando su rechazo y señalando que es el “primer paso para hacer saltar el plan de cierre y chantajear a la ciudadanía para que pague por su negocio y sus residuos radiactivos”. Por último, han señalado que esta explotación significaría un “obstáculo” para la industria renovable de Extremadura, ahogando el nacimiento de un tejido socioeconómico local independiente del gigante industrial nuclear.