La crisis de la vivienda gana fuerza entre los principales problemas de la ciudadanía española. Con una oferta mermada, incapaz de satisfacer la creciente demanda, y unos precios cada vez más elevados tanto para el alquiler como para la compra, la posibilidad de acceder a una vivienda es cada vez más difícil, por la alta competencia entre interesados y los elevados requisitos de los propietarios. Además, la solución no parece estar próxima, lo que agudiza aún más la preocupación de las familias, que buscan culpables y señalan a las Administraciones, los bancos y los fondos buitres como responsables de las subidas de precios.
Así, la sociedad española culpa como principales responsables de la actual crisis de precios de la vivienda a las administraciones públicas (7,7 sobre diez), seguidas de los fondos buitres (7,3) y las entidades bancarias (7,3), según el informe Vivir la Desigualdad 2025, elaborado por Oxfam Intermón, en base a la opinión de 4.000 encuestados. El cuarto lugar lo ocupan los grandes tenedores (más de diez viviendas), seguida de plataformas y propietarios de alquiler turístico (6,9), las empresas constructoras (6,7) y, por último, los caseros o pequeños tenedores (seis).
Aunque el orden de responsabilidad es prácticamente el mismo, existen diferencias a la hora de señalar a los responsables entre los inquilinos y los caseros. Los alquilados atribuyen mayores niveles de responsabilidad a todos los actores implicados en el mercado de la vivienda, donde se ven las mayores diferencias, especialmente plataformas de alquiler vacacional (7,2 frente a 6,7), propietarios de pisos turísticos (7,2 frente a 6,5) y caseros o pequeños tenedores (6,4 frente a 5,6).
Falta de acuerdos entre el Gobierno central y las comunidades autónomas
El Ejecutivo central, desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, tiene como uno de los principales objetivos para este curso político la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que de aprobarse marcaría la política habitacional de los próximos cinco años. Tras celebrar una primera Comisión Multilateral junto con las comunidades autónomas, el 2 de octubre, y una segunda reunión una semana después, el Gobierno y la oposición no consiguieron llegar a un entendimiento, dejando abierta la negociación.
Los mayores desacuerdos se dieron entre los representantes estatales y las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que rechazó la propuesta y acusó al Ejecutivo de “unilateralidad” y “autoritarismo” en la elaboración del borrador. El principal argumento del PP es que el plan estatal impone a las comunidades una cofinanciación del 40%, lo que “rompe el principio de igualdad de los españoles y de las comunidades autónomas” y las obliga a aplicar políticas como la inversión en zonas tensionadas o la generalización de subvenciones, que pueden tener “nefastas consecuencias” y provocarían “una subida generalizada de los precios”.
Esta falta de acuerdos políticos para sacar adelante una nueva ley de vivienda que alivie la tensión de los mercados es percibida con indignación por parte de la ciudadanía, que se encuentra “decepcionada” y ven “vergonzoso que estén jugando y que la mayoría de la gente no pueda acceder a una vivienda, como dice la Constitución”, según Rosa Torres (67), madrileña propietaria de una vivienda. os más jóvenes también perciben que, tanto un partido como otro -en referencia al PSOE y al PP-, persiguen sus intereses y el ciudadano es “lo último”. “Siendo personas jóvenes nos encontramos en esta situación, no podemos comprar, no podemos alquilar. No nos tienen en cuenta para nada”, lamenta Raquel Vallejo (25), estudiante en Madrid.
La especulación de los propietarios
Junto a la falta de acuerdos políticos -y pese a lo reflejado en el informe de Oxfam Intermón-, la especulación inmobiliaria de los caseros, grandes o pequeños tenedores, profundiza aún más la crisis habitacional. Según el VI Barómetro ASUFIN de hipotecas, se ha producido una “notable” subida en el porcentaje de usuarios financieros que toman la decisión de hipotecarse como inversión, del 51% al 56% este 2025, mentiras que, por el contrario, los que lo hacen para comprar su primera vivienda descienden del 16% al 14%.
Así, el informe apunta que el 64% de los que han accedido a una hipoteca lo hacen porque consideran el inmueble adquirido una buena oportunidad de inversión. “Estos datos confirman el problema de oferta existente, en tanto que muchos compradores que la necesitan no pueden acceder, lo que tensiona los precios con un parque de vivienda a la venta muy limitado. En paralelo, parte de la que se adquiere como inversión no sale al mercado, o lo hace para usos no habitacionales, como vivienda turística o de alquiler a corto plazo”, señala la agrupación.
Además, según un informe de Fotocasa del primer trimestre de 2025, más de la mitad de los propietarios prevé subir los precios de sus inmuebles por encima del Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) una vez que finalicen sus contratos. Concretamente, el 30% de los arrendadores en el conjunto de España quieren establecer un precio más alto que el establecido por el índice, mientras que un 21% afirman que buscarán directamente a inquilinos que puedan asumir un pago mayor.
Por otro lado, frente a los límites establecidos por el nuevo índice de referencia, un 10% de los propietarios avanzan que van a vender su vivienda en alquiler una vez finalice el contrato en vigor, y un 9% defiende que destinará su inmueble al alquiler vacacional. Además, un 8% adicional señala que, en el futuro, se plantearán seriamente comprar una vivienda como inversión dada la legislación actual.