Un trabajador revela un posible robo en su fábrica y termina despedido él mismo: gana el juicio y se llevará más de 20.000 euros

La decisión emitida por un tribunal de apelaciones en Francia ha devuelto la tranquilidad a un trabajador que, tras haber sido despedido de manera fulminante por advertir un posible robo en su centro laboral, recibirá 25.500 euros como compensación. El incidente que dio origen a este proceso judicial, según ha contado Figaro Emploi, tuvo lugar durante el turno de noche en una fábrica ubicada en el norte de Francia. El trabajador, que llevaba en la empresa desde 2013, observó a un colega salir de las instalaciones transportando barras de metal sin autorización visible. Al considerar que se producía un acto ilícito, se lo notificó de inmediato a su jefe de equipo. Sin embargo, el superior le explicó que la retirada del material estaba autorizada y que debía destinarse a un contenedor, desestimando así la sospecha inicial de robo.

Pese a haber seguido los procedimientos adecuados, días después el trabajador recibió la carta de despido bajo el argumento de “comportamiento inapropiado”. Este fue el inicio de una prolongada disputa legal que se extendió por más de dos años. Al solicitar la revisión del caso ante un tribunal laboral en primera instancia, la Justicia inicialmente dio validez a la postura de la empresa, considerando el despido como justificado y, además, ordenando al empleado pagar 1.500 euros en concepto de indemnización a su antiguo empleador. Contrariado por esta resolución, el trabajador insistió en que su única intención era proteger a la empresa: “Simplemente estaba denunciando un hecho”, afirmó ante la corte, según recoge Figaro Emploi.

La causa, reabierta en la corte de apelaciones, dio entonces un giro sustancial, pues los magistrados revisaron tanto las pruebas como el contexto de la denuncia. Durante el proceso, quedó acreditado que el trabajador carecía de antecedentes disciplinarios y que su historial laboral dentro de la compañía había sido intachable. El tribunal concluyó que la reacción del empleado resultó proporcionada y razonable ante la percepción de un posible delito, subrayando que su denuncia no estuvo motivada por animadversión ni mala fe.

“No puede ser motivo de sanción laboral”

En su fallo, la corte remarcó que castigar a un trabajador por alertar sobre conductas potencialmente delictivas, siempre que se obre con honestidad, contradice los principios de equidad y protección de la buena fe en el entorno laboral. Según expertos consultados por Figaro Emploi, la sentencia refuerza dos principios clave en el ámbito del derecho laboral: la necesidad de ponderar cada sanción a la luz del contexto y el resguardo de aquellos empleados que actúan con integridad al revelar hechos irregulares. El fallo enfatizó que “la denuncia de hechos potencialmente delictivos no puede ser motivo de sanción laboral, siempre que se actúe con honestidad y sin mala intención”.

Fruto de esta resolución, la empresa fue condenada a abonar una indemnización de 25.500 euros, cifra destinada a compensar el despido improcedente, además de cubrir los costes judiciales derivados del litigio. El caso, seguido con interés por especialistas y sindicatos, ha subrayado la importancia de políticas claras para proteger a quienes advierten de irregularidades en las organizaciones.