Casi un millón de estudiantes en España hicieron prácticas no remuneradas en 2024: “Hacemos las mismas tareas que los compañeros, y no cobramos”

Una nueva directiva de la Comisión Europea propone condiciones de trabajo más dignas y justas para los becarios

También ofrece condiciones más justas a los estudiantes en cuanto al contrato y la duración de la beca. (Composición fotográfica/Canva)

María tuvo su primer contacto con el mundo del periodismo en el verano de 2023. Estudiante de Periodismo en la Universidad de Complutense, la joven decidió poner en práctica lo que había aprendido hasta ahora en su universidad: por eso volvió a la ciudad donde había nacido, Soria, para conocer de cerca el ámbito local. Allí, firmó el convenio con un periódico en el que hizo prácticas a lo largo de los dos meses.

Hacía de todo: cubrir eventos, escribir sobre varias actividades de los diferentes pueblos de la zona y publicar en varias secciones. Dice que aprendió mucho a lo largo de estos meses, y su experiencia habría sido verdaderamente enriquecedora si no fuera por un pequeño factor que le ha dejado mal sabor de boca: no le pagaron. “Yo sabía desde un primer momento que (las prácticas) eran no remuneradas, pero obviamente no te sientes bien en esta posición”, comenta María a Infobae España.

En el caso de María, se trataba de prácticas extracurriculares, es decir, la universidad no las exigía como parte de su formación, sino que ella decidió hacerlas por su cuenta para enriquecer sus conocimientos. Hacía jornadas de siete horas, pero al final del mes no recibía nada. “Se nota un montón cuando no recibes nada a cambio”, cuenta la joven. “Tampoco intentaron justificarse”.

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El caso de Miguel (nombre ficticio, ya que sigue trabajando en la misma empresa), es diferente y, a la vez, muy parecido al de María. Este verano, empezó sus prácticas curriculares como parte obligatoria de su formación en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid. Utilizó la propia plataforma de la universidad, pensando que eso le garantizaría más seguridad a la hora de incorporarse en el lugar de trabajo, y firmó el convenio con una start-up que lleva dos años funcionando.

Es el único becario en el equipo. Su trabajo es telemático y, por contrato, tiene que estar conectado entre 2 y 3 horas al día. Sin embargo, según afirma Miguel, este horario es flexible “hasta cierto punto”: “Se me exige hacer tareas que no dan tiempo a hacer en 2 o 3 horas, se acuerdan reuniones sin confirmarme si a mí me pueden venir bien o no en función de si le va bien a cierta gente de la entidad”.

Las prácticas de Miguel tampoco son remuneradas. Su empresa sí que ha buscado una forma de justificarse, “alegando que ninguno de los de los otros seis miembros cobran, algo que yo personalmente no sé hasta qué punto creérmelo o no”, explica el estudiante. “Se supone que cada uno de ellos tiene otro trabajo del que obtienen sus beneficios”. Miguel comenta que, dado que se trata de una empresa muy joven, de momento no han empezado a recibir retribuciones.

Ambos estudiantes, de acuerdo con El Real Decreto-ley 5/2023, están dados de alta en la Seguridad Social, una condición que entró en vigor el 1 de enero de 2024. Sin embargo, ninguno considera que se encuentre en una situación justa.

La situación de los becarios en España

Casi un millón de jóvenes han estado de alta en la Seguridad Social en 2024 por sus prácticas no remuneradas, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La ley empezó a proteger al colectivo estudiantil que hace prácticas no remuneradas tan solo a partir del 1 de enero de 2024, con el Real Decreto-ley 5/2023. Hasta entonces, esta obligación solo existía para las empresas que ofrecían prácticas remuneradas.

Este cambio en la ley es vital, dado que estar dado de alta en la Seguridad Social no solo garantiza que los jóvenes estudiantes podrán cotizar de cara a su futura pensión de jubilación, sino que también estarán protegidos durante el desempeño de sus prácticas, por ejemplo, en caso de accidentes.

“Supone una extensión de derechos para los más jóvenes, fundamentalmente. Son el futuro del sistema y deben formar parte de él desde el inicio de su carrera laboral,” comentó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, al respecto.

El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, define dos tipos principales de prácticas: curriculares y extracurriculares.

Las prácticas curriculares se definen como “actividades académicas integrantes del Plan de Estudios de que se trate”, mientras que las extracurriculares “son aquellas que los estudiantes podrán realizar con carácter voluntario durante su periodo de formación y que, aun teniendo los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente Plan de Estudios”.

En ningún caso existe obligación de remuneración por parte de la empresa, un aspecto que preocupa cada vez más a las instituciones que protegen los derechos de los estudiantes. El tema tiene tantas repercusiones a nivel social, que recientemente ha llegado incluso al Parlamento Europeo. “Me gustaría que empezase a ser obligatorio remunerarlas, aunque sea lo mínimo que pueda ofrecer la empresa”, comenta María.

La respuesta del Parlamento Europeo

El 1 de octubre, el Parlamento Europeo publicó su informe sobre una propuesta de directiva de la Comisión Europea que busca mejorar las condiciones laborales de los becarios y evitar abusos en el ámbito laboral.

La directiva busca prohibir las prácticas no remuneradas. Este tema, que ha sido objeto de discusión en varias ocasiones, como la Conferencia sobre el Futuro de Europa en 2022, pondría fin a historias como las de María y Miguel, y las de cientos de estudiantes han pasado por situaciones parecidas.

Pese a las largas negociaciones, Yolanda Díaz no alcanzó un acuerdo en torno al Estatuo del Becario hasta hace una semana

En palabras de Miguel, “no es todo un proceso de aprendizaje”, sino que los becarios, una vez incorporados en la empresa, cumplen por lo menos con una parte de las tareas que hacen el resto de sus compañeros.

La nueva directiva tiene como principal objetivo establecer una definición común de “prácticas” en toda la Unión Europea, ofreciendo una serie de medidas comunes que “no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, pero, debido a su escala y efectos, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión”.

Además, la directiva busca fijar normas mínimas para mejorar las condiciones laborales de las personas en prácticas, incluyendo aspectos como la remuneración, la protección social, y la transparencia.

Otro objetivo es evitar abusos, como usar prácticas para evitar pagar sueldos o derechos laborales, así como establecer una serie de mecanismos de control, inspección y reclamación, que actuarán para prevenir situaciones de discriminación laboral.

Las prácticas que duran más de seis meses tendrán que ser justificadas y se introducirán otras medidas con el fin de evitar el “uso de relaciones laborales estándar disfrazadas de prácticas”, es decir, evitar situaciones como la de Miguel: “Hacemos las tareas que hacen los compañeros que están contratados, no de prácticas, y claro, pues o no cobramos o cobramos mucho menos”.

Limitaciones de la directiva

La nueva directiva va a ofrecer más seguridad a los estudiantes, pero también refleja una serie de limitaciones y problemáticas.

Un aspecto importante es que, de momento, la remuneración tan solo sería obligatoria en el caso de las prácticas extracurriculares, ya que estas no forman parte del plan de estudio obligatorio para el estudiante. También quedarán excluidos los aprendizajes profesionales.

A pesar de que la directiva tiene como objetivo ofrecer protección y más derechos a los becarios, es importante tener en cuenta que este cambio en la legislación va a requerir de mucho trabajo de parte de las empresas y las autoridades nacionales. Entre las tareas, estarán la redacción de contratos, hacer inspecciones y recoger datos: varios pasos que harán que la directiva tarde para entrar en vigor.

Además, las nuevas condiciones podrían afectar a la oferta de prácticas, pues las reglas más estrictas probablemente reducirán las ofertas si los empleadores consideran la contratación de becarios una operación costosa.

En esta situación de inseguridad laboral, Miguel y María afirman que independientemente de la directiva, ellos no volverían a hacer prácticas no remuneradas. “Espero que el tema se regularice, porque si no, en su gran mayoría es explotación laboral”, afirma Miguel firmemente. “No voy a volver a trabajar sin que me paguen”, concluye María.

Queda esperar para ver si la nueva directiva conseguirá mantener un control más firme sobre el tratamiento de los becarios en sus empresas, así como si su trabajo será remunerado.

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