Más de 9 millones de españoles no llegan al mileurismo: un 30% de las personas con ingresos gana menos de 12.000 euros al año

Casi el 95% de los parados no llegan a los mil euros al mes, una situación de vulnerabilidad que comparten con el 40% de los únicamente pensionistas y 22% de los trabajadores permanentes

La gran pérdida de la clase trabajadora: sus salarios rozan el poder adquisitivo de 2019, pero ni se acercan al de hace 15 años.

El mercado laboral español se enfrenta a un desafío silencioso pero masivo: 9,1 millones de personas (casi un tercio de quienes perciben ingresos regulares) sobreviven con un sueldo de menos de 12.000 euros anuales, según ha comunicado el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) este viernes, coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Este grupo, que se correpsonde con el 30,5% del total de trabajadores, pensionistas y desempleados, refleja una precariedad económica que resiste a las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y se extiende por todo el país, aunque con concentraciones geográficas muy concretas.

Entre los desempleados, la situación es crítica: casi 828.000 personas perciben prestaciones inferiores al umbral de los 12.000 euros, lo que representa el 93,9% de quienes se encuentran por debajo de los 1.000 euros al mes. Les siguen en número quienes en el mismo año pasaron de recibir desempleo a cobrar una pensión: 53.500 personas, el 54,8% de este grupo, aún no alcanzan el mileurismo.

Uno de cada cinco trabajadores, por debajo de los mil euros

Los trabajadores asalariados tampoco se libran de la precariedad. Aproximadamente 1,2 millones de personas combinaron periodos de empleo y desempleo y aún así no llegaron a los 12.000 euros, lo que equivale al 39,7% de quienes pasaron por esta situación laboral. Por su parte, 3,8 millones de trabajadores permanentes (el 22,7% del total) y 3,2 millones de pensionistas únicamente (36,9%) perciben ingresos inferiores a los mil euros por mes, lo que sitúa a una parte significativa de la población activa y jubilada en una situación económica vulnerable.

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Algunas transiciones laborales muestran igualmente la dificultad de alcanzar ingresos suficientes. Un pequeño grupo de 12.800 asalariados que atravesó un periodo de desempleo antes de jubilarse (16,4%) y otros 54.350 trabajadores que se convirtieron en pensionistas durante el año (7,8%) siguen percibiendo menos de 12.000 euros, evidenciando que la precariedad se extiende incluso entre quienes logran cierta estabilidad laboral.

La precariedad se concentra en cuatro regiones

La distribución geográfica añade otra capa al problema de desigualdad salarial. Andalucía concentra 2,1 millones de personas con ingresos bajos, seguida por Cataluña (1,4 millones), Comunidad de Madrid (1,1 millones) y Comunidad Valenciana (1,1 millones). En conjunto, estas cuatro regiones acogen al 62,3% de los no mileuristas de España.

Una camarera estresada durante su turno de trabajo (AdobeStock)

Sin embargo, si se observa en términos relativos, Extremadura es la comunidad con mayor proporción de población en esta situación (40,8%), seguida de Andalucía (38,5%) y Ceuta y Melilla (35,8%). Canarias, Región de Murcia, Galicia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja registran entre un 30% y un 33% de personas con ingresos bajos.

Los técnicos piden una respuesta institucional

La precariedad de los no mileuristas tiene consecuencias directas sobre el consumo, la calidad de vida y la desigualdad social. Gestha reclama un Pacto de Estado contra la Pobreza, con políticas públicas que aumenten los salarios mínimos, fomenten la inclusión laboral y mejoren las pensiones. Además, subraya la necesidad de redistribuir mejor el gasto social y el sistema tributario para ofrecer una red de protección más eficaz a los más vulnerables.

Mientras España debate sobre crecimiento económico y empleo, la realidad de millones de ciudadanos que no alcanzan siquiera el mileurismo sigue siendo un recordatorio de que las cifras de prosperidad no siempre reflejan la vida cotidiana de todos. La urgencia de políticas inclusivas y de medidas que reduzcan la desigualdad salarial se mantiene como un desafío central para el país.

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