La Fiscalía reitera que no hay indicios para mantener abierta la causa judicial contra Begoña Gómez por “mera relación conyugal” con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este lunes, el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha acogido una vista con el objetivo de concretar la imputación contra Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. En la vista, a la que no han acudido los investigados, el fiscal ha solicitado el archivo de la causa, como ya hizo con la presunta malversación, según informa EFE.
Durante la vista, el fiscal ha descartado que haya indicios de ninguno de los cuatro delitos que centran la causa en los investigados: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida. Además, ha presentado un escrito al que ha tenido acceso la agencia de comunicación, y en el que pide el sobreseimiento libre de la causa “salvo que queramos forzar los tipos penales, acudir a hipótesis fabulosas y ausentes de correlación con lo actuado, y con presunciones en contra de los investigados”.
El juez Peinado, quien ha propuesto que las dos ramas de la causa sean juzgadas por un juzgado popular si llegan a juicio, indaga en la parte principal si Gómez influyó a favor de las empresas de Barrabés, adjudicatario de contratos públicos. Peinado también estudia si el rol de Gómez en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid intervino en favor del patrocinio empresarial de un software para el centro académico.
No obstante, el fiscal subraya en el escrito al que ha tenido acceso EFE que, para que exista un presunto tráfico de influencias, debe saberse “cómo, cuándo, dónde y sobre quién se ha ejercido el prevalimiento”. A ello, añade que “la mera presencia de la persona no puede ser sin más influencia”, pese a que en este procedimiento “se ha hablado de tráfico de influencias con cierta generalidad, sin precisar ni concretar una imputación con unos hechos concretos y determinados y basados en pruebas o indicios reales y objetivos”, sentencia.
Para la Fiscalía, “no hay elementos que permitan hablar de soborno, presente, dádiva o remuneración o contraprestación de ningún tipo” ni evidencias que Begoña Gómez “se ofreciera a ejercer su influencia y desplegar eficazmente su ascendencia sobre terceros”. También descarta que haya indicios de intrusismo en la redacción de unos pliegos relacionados con la Universidad y corrupción en los negocios porque, afirma el fiscal, “aparte de las conjeturas en materia probatoria”, este delito no es aplicable al caso.
Del mismo modo, el fiscal rechaza una presunta apropiación indebida de un software de la cátedra, ya que no hay “elemento probatorio de respaldo, a pesar de la exhaustiva indagación realizada”. Como tampoco “parece factible hablar de un enriquecimiento paralelo subrepticio, aun a pesar de la también exhaustiva y desorbitada indagación sobre cuentas bancarias e información patrimonial de la investigada”, resalta el fiscal en su escrito.
Asimismo, el fiscal subraya que no hay “elementos objetivos de criminalidad” respecto a Barrabés y considera que la imputación de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, “no resulta justificada”. Dado que el fiscal no advierte la influencia de Begoña Gómez, “menos aún resulta posible atribuir y construir un delito de tráfico de influencias respecto” de su asesora, dice.