Un hombre abandona a 32 perros en una finca y mueren de hambre y sed: la Guardia Civil investiga el suceso

La Guardia Civil ha hallado 32 perros muertos por inanición en una finca de Azuaga (Badajoz), que estaban abandonados desde el pasado junio sin agua ni comida, según ha informado este viernes la Agencia EFE.

Algunos de los animales presentaban una extrema delgadez y signos de abandono, hasta el punto de que intentaron alimentarse de los cuerpos en descomposición de otros perros muertos en el mismo recinto. La Guardia Civil localizó un total de 32 perros muertos por inanición en una finca de Azuaga (Badajoz) durante la inspección efectuada la semana pasada, dando inicio a una investigación sobre un posible delito de abandono animal con resultado de muerte.

De acuerdo con la información proporcionada por la Guardia Civil, los perros habían quedado abandonados desde el pasado mes de junio, muchos sin comida ni agua, algunos sueltos y otros atados con cadenas o encerrados en “boxes”. Las condiciones halladas en la finca fueron descritas como “deplorables de salubridad, sin acceso a agua ni comida”, según el informe recogido en la nota emitida por la autoridad.

El hallazgo se produjo tras una intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que, a raíz de indicios de que existían animales en mal estado y desatendidos, solicitó la presencia del propietario para realizar una inspección ocular del lugar. Una vez en el interior de las instalaciones y acompañado por el dueño, un vecino del mismo municipio, los agentes documentaron los 32 cadáveres de perros repartidos por la finca. Los cuerpos se encontraban en distintos estados de descomposición y evidenciaban el prolongado abandono.

La omisión de los cuidados básicos por parte del propietario, según señalaron los agentes, derivó en “la muerte por inanición de todos estos perros”. Añadieron además que las investigaciones confirmaron que algunos de los animales, debido a la desesperación, intentaron consumir los restos de otros perros fallecidos.

Una vez recogidas las pruebas, las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Llerena y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Badajoz. La investigación se centra actualmente en determinar responsabilidades penales por abandono animal y omisión de los deberes de custodia. El caso ha generado alarma entre los profesionales y colectivos de protección animal de la región, quienes reiteran la importancia de la vigilancia y denuncia frente a situaciones similares.

Multas y sanciones por abandono animal

El abandono de animales vertebrados que se encuentren bajo la responsabilidad de una persona, en circunstancias que pongan en peligro su vida o integridad, conlleva, según el Código Penal, sanciones que pueden incluir multas de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad por períodos de treinta y uno a noventa días. Además, los jueces tienen la facultad de imponer una inhabilitación especial de uno a tres años para ejercer cualquier profesión, oficio o comercio vinculado a los animales, así como para la tenencia misma de animales.

Las sanciones también contemplan los casos en los que las lesiones infligidas a un animal no requieren tratamiento veterinario para su recuperación, o cuando el maltrato es grave pero no produce lesiones. En estos supuestos se aplican multas económicas que oscilan entre uno y dos meses, tareas comunitarias de uno a treinta días y la prohibición de trabajar o poseer animales durante un periodo de tres meses a un año.

Cuando el maltrato resulta en lesiones que exigen tratamiento veterinario, el responsable puede afrontar penas de prisión de tres a dieciocho meses o multas de seis a doce meses, junto con la inhabilitación especial de uno a tres años para actividades relacionadas con animales. Esta medida alcanza a quienes poseen o cuidan animales domésticos, amansados o domesticados, residentes temporales o permanentes con la persona autora. Prácticas como mantener animales atados o permitir que deambulen sin control por la vía pública se consideran actos de maltrato bajo esta normativa.

Si el maltratador causa la muerte del animal, las consecuencias legales son aún más severas, con penas de prisión que van de doce a veinticuatro meses y una inhabilitación especial de dos a cuatro años en lo concerniente a profesiones, oficios, comercios y tenencia de animales.