La okupación de inmuebles sigue siendo una fuente de tensión en varios países europeos. España es uno de los países más azotados por esta práctica, pero, en Francia, los datos también continúan en aumento. En 2025 se registraron más de 50.000 denuncias por ocupación ilegal (un 12% más que el año anterior, según datos del Ministerio del Interior francés).
Ahora, un caso ha llegado a los tribunales, pero no por la denuncia interpuesta por el propietario, sino por una denuncia contra el mismo, después de que hace tres años, un grupo de personas accedieran a un local comercial sin habilitación como vivienda y sin contrato de arrendamiento.
Alegaron haber llegado a un acuerdo verbal con el propietario por el que pagaban en efectivo una renta de 830 euros. Sin embargo, tras varios años de okupación, presentaron una demanda contra el dueño por mantenerlos “en condiciones insalubres”, según ha revelado Le Figaro Immobilier.
La demanda
Los ocupantes solicitaron un informe a la Agencia Regional de Salud (ARS) de Île-de-France (a las afueras de París), que certificó que el local presentaba grandes deficiencias, como humedad y falta de ventilación.
Con ese documento, la prefectura emitió un decreto de insalubridad, por lo que los okupas utilizaron dicho fallo administrativo para reclamar un realojo inmediato al propietario. “El propietario es responsable de nuestra situación y del mal estado del inmueble”, afirmaron los demandantes.
No obstante, Romain Rossi-Landi, abogado del propietario, negó la acusación y responsabilizó a los okupas del deterioro del local: “El inmueble estaba en perfecto estado antes de su llegada. Son ellos quienes han roto instalaciones y generado desperfectos”.
La batalla judicial
La situación legal del propietario se complicó a raíz del decreto de insalubridad. Según explicó su abogado, “la orden de insalubridad es el único caso en el que un inquilino puede dejar de pagar automáticamente el alquiler sin necesidad de acudir a un juez”.
“Mi cliente ha tenido que luchar contra los okupas y, al mismo tiempo, contra el prefecto que ordenó su realojo”, denunció Rossi-Landi. Finalmente, el Tribunal de Apelación de París falló recientemente a favor del propietario y ordenó la expulsión inmediata de los ocupantes ilegales.
El Estado, dividido entre salud pública o derecho a la propiedad
Sin embargo, el Ministerio de Sanidad francés intervino en el proceso con una carta dirigida al presidente del Tribunal Administrativo de Apelación de París. En ella, defendió la necesidad de actuar ante situaciones de riesgo para la salud.
“Los peligros observados exigen que se emitan órdenes para subsanar las condiciones insalubres en un plazo compatible con la necesidad de proteger la salud de los ocupantes, independientemente de su situación de ocupación”.
A pesar de ello, el mismo ministerio matizó que no existe obligación de realojar a personas sin título legal, señalando que se trata de “falsos inquilinos”.
Recuperada, pero en un estado nefasto
Tras la sentencia, el propietario recuperó el inmueble, pero en un estado lamentable. Los daños fueron valorizados en varios miles de euros.
“El caso demuestra hasta qué punto la legislación puede volverse en contra de quienes cumplen con sus obligaciones”, señaló un portavoz de la Unión de Propietarios de Île-de-France. “Es inaceptable que quienes vulneran la ley acaben victimizándose”, añadió.
A la espera de la resolución administrativa sobre el decreto de insalubridad, el abogado del propietario insistió en que su cliente no tiene intención de transformar el local en vivienda: “Como se trata de un local profesional, si la orden no se anula no será dramático para mi cliente”, concluyó Rossi-Landi.
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