Cuando un trabajador sufre un accidente o padece alguna enfermedad que le imposibilita seguir desarrollando de manera normal sus laborales, el primer paso es acudir a la Seguridad Social para que la institución pueda acreditar la incapacidad del empleado tras una evaluación médica. Sin embargo, miles de pacientes se quejan de la negativa de Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) a aprobar la incapacidad permanente cuando, después haber finalizado el tratamiento correspondiente, el trabajador asegura que no se encuentra en condiciones de volver a su puesto laboral.
El abogado laboralista Víctor Arpa, conocido en redes sociales por su contenido de divulgación sobre derecho en los que comparte su propia experiencia en casos reales denunció recientemente esta realidad. El creador de contenido habló en una publicación en la plataforma digital de videos cortos TikTok de la situación de uno de sus clientes, un trabajador al que no le ha sido concedida la incapacidad permanente pese a haber perdido dos falanges en un accidente laboral.
Además, Arpa asegura que el 95% de peticiones para que se acredite la incapacidad reciben un ‘no’ como respuesta por parte de la Seguridad Social. Se trata de un dato arrojado en una publicación reciente en la página web de Fidelitis, un despacho de abogados especializado en derecho laboral y en la prestación de servicios jurídicos para la obtención de prestaciones por incapacidad permanente.
Solicitudes rechazadas
El bufete sostiene que más del 95% de las solicitudes de incapacidad laboral permanente son denegadas y archivadas en fase administrativa por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Este tipo de incapacidad se reconoce cuando una persona presenta secuelas físicas o funcionales, previsiblemente definitivas, que reducen o anulan su capacidad para trabajar, ya sea por enfermedad o accidente.
Existen distintos grados de incapacidad permanente: parcial, total, absoluta y gran invalidez, cada uno con distintos derechos asociados. La clasificación varía en función del grado de afectación y de la capacidad que le queda al trabajador para desempeñar su profesión u otras actividades. La evaluación de estas solicitudes no se basa en el diagnóstico médico, sino en las secuelas que presenta cada individuo, lo que añade un nivel adicional de complejidad al proceso.
A partir de la fecha del acuerdo de iniciación en los procedimientos de oficio o de la recepción de la solicitud en el INSS en los demás casos, la institución pública tiene un plazo máximo de 135 días para emitir una resolución respecto a la petición. Si no lo hace, se entiende como denegada por silencio administrativo, lo que activa el plazo para reclamar, el paso previo a la vía jurisdiccional.
Reclamar una incapacidad denegada
En muchos casos, las solicitudes se rechazan por errores en la documentación o por informes médicos mal redactados. Además, muchas solicitudes acaban clasificadas en grados inferiores al que corresponde, y pocos afectados recurren. La falta de información y de asesoramiento jurídico especializado suele jugar en contra de los solicitantes. Sin una estrategia bien definida desde el inicio, es difícil revertir una denegación.
A pesar de que la legislación española en esta materia es una de las más avanzadas, su aplicación práctica plantea importantes barreras. Expertos legales insisten en que estos derechos pueden recuperarse en sede judicial, siempre que se construya un caso sólido desde el principio y se eviten errores formales que la Administración pueda utilizar para desestimar la petición.