Alemania, un país históricamente cuidadoso con su margen fiscal, ha adelantado que no descarta superar su margen presupuestario para aumentar la inversión en Defensa; pero España, un país históricamente ‘derrochador’, todavía se toma su tiempo para pedir a Bruselas la cláusula nacional de escape que permite aumentar el gasto sin contravenir las normas comunitarias.
El pasado mes de marzo, la presidenta del órgano ejecutivo de la UE, Ursula von der Leyen, presentó un plan para que los Estados miembros aumentasen considerablemente el gasto militar. Uno de los atajos que propuso a los Veintisiete fue la posibilidad de activar cláusulas de escape del Pacto Fiscal para aumentar el gasto de defensa en un 1,5% del producto interior bruto cada año durante cuatro años, sin multas que normalmente se aplicarían cuando el déficit sea superior al 3% del PIB. Es decir, que ese gasto no computase en el cálculo de la deuda.
Para decepción de algunos, en Berlín todavía es lejana la idea del endeudamiento conjunto, que a juicio del canciller alemán Friedrich Merz, “debe seguir siendo la excepción”, lo que al mismo tiempo indica que el político conservador no cierra la puerta. Y es importante saber lo que piensa Berlín dada su influencia sobre muchos países. Lo que sí es cierto es que Alemania fue la primera en enviar la solicitud para activar la cláusula de escape y ahora sopesa superar el umbral fiscal que marca la UE en sus presupuestos. Hace un mes, el líder conservador alemán adelantó un paquete sin precedentes, de miles de millones de euros, para gastos de defensa e infraestructuras clave del país.
Berlín prepara su borrador de presupuestos
En unas declaraciones recogidas por diversos medios este lunes, el recién incorporado ministro de Economía y Finanzas, Lars Klingbeil, aseguró que aún es “demasiado pronto” para vaticinar si el próximo presupuesto de Alemania superará el límite de déficit del 3% del PIB anual en 2025.
El ministro socialista adelantó que todas estas cuestiones se aclararán también en las próximas semanas. “Todavía queremos hacer el borrador del gabinete para el presupuesto en junio y entonces también se podrá responder a estas preguntas”, agregó en unas declaraciones recogidas por el medio Euroactiv.
Hasta ahora, 12 países han solicitado la cláusula de escape y se prevé que otras cuatro lo hagan “en breve”. Pero otras capitales como Roma, París o Madrid todavía optan por retrasar esta opción. ”La Comisión nos da tiempo para decidirlo los próximos meses. España ya ha dicho que todavía no tiene esta decisión tomada", explicó el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, este lunes, un día antes de la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona en Bruselas de la Eurozona (Econfin).
Desde la Comisión afirman que la posibilidad de activar la Cláusula Nacional de Escape está disponible en todo momento, “siempre que los Estados miembros cumplan las condiciones establecidas en el artículo 26 del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (Reglamento (UE) 2024/1263)”.
Tres muros que Sánchez debe sortear
“Veremos cómo evolucionan las distintas circunstancias, incluyendo estos riesgos geopolíticos y económicos que tenemos por delante. Veremos cómo esto configura también el impacto presupuestario que pueda tener la posible respuesta y a partir de ahí iremos viendo si es necesario o no activar la cláusula", sentenció el ministro, que matizó que una buena parte dependerá del impacto que tengan los aranceles de la administración Trump sobre este plan.
Pero existen otros contrapesos que obstaculizan el atajo que podría usar Sánchez. Uno de ellos es la división de opiniones dentro del Gobierno de coalición.
Por una parte, esta herramienta garantizaría que el Gobierno no recortase en políticas sociales para compensar un mayor gasto militar. Por la otra, Sumar ya ha dejado claro que su posición es contraria a aumentar de cualquier forma el gasto militar: “Nosotros estamos en contra de cualquier aumento del gasto militar. Pensamos que en Europa ya se gasta lo suficiente el gasto anual europeo en defensa triplica al de Rusia y, por lo tanto, lo que tenemos aquí no es un problema de volumen, tenemos un problema de coordinación señaló el colíder de la formación, Carlos Martín.
Además de las negociaciones internas, Sánchez deberá, una vez más, medirse ante un Parlamento ingobernable, ya que esta medida requiere el aprobado de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 22 de abril un plan para catapultar la inversión del 1,4% al 2% del PIB de cara a este curso, cuatro años antes del compromiso inicial del Ejecutivo, que contemplaba alcanzar dicha cifra en 2029. La inversión, según cifran en Moncloa, ronda los 10.471 millones de euros adicionales a los ya destinados a estas políticas. De momento, ese dinero saldría de reorientar partidas presupuestarias de los fondos Next Generation, de ahorros generados en los últimos años y dinero incluido en el presupuesto del año 2023 “que ya no se necesita” para el uso que se le asignó inicialmente.
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