El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha instado a España a suspender el desalojo de una familia residente en el distrito de Villaverde, en Madrid, o, en su defecto, a proporcionarles una vivienda alternativa adecuada.
La familia, compuesta por un matrimonio y dos niñas menores de edad, de cuatro y ocho años, enfrenta un proceso de desahucio tras haber ocupado durante años una vivienda vacía propiedad del banco BBVA. Según informó el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), la familia había solicitado en repetidas ocasiones una vivienda social a las administraciones públicas, sin obtener una respuesta favorable.
El desalojo estaba programado para el pasado 9 de marzo, según lo dictado por el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid. Sin embargo, el Comité DESC emitió una resolución de medidas cautelares solicitando la paralización del procedimiento mientras se estudia el caso en profundidad.
Una problemática recurrente
La familia lleva ocupando la vivienda desde enero de 2015 y ha intentado, sin éxito, negociar con el BBVA para regularizar su situación mediante un alquiler social. La renta mensual de la familia apenas supera los 660 euros, lo que dificulta su acceso a una vivienda. Pese a las reiteradas solicitudes de ayuda a las administraciones públicas, tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la Comunidad de Madrid, no se les ha ofrecido una solución habitacional.
El Comité DESC, que puede intervenir en casos de posible violación de los derechos humanos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recordó que España está obligada a garantizar el derecho a una vivienda adecuada. Este compromiso fue asumido por el Estado español al ratificar dicho pacto en 1976, y se reforzó con la entrada en vigor del Protocolo Facultativo en 2013.
Precedentes de violaciones al derecho a la vivienda
El caso de Villaverde no es el primero en el que el Comité DESC interviene en España. En 2017, el mismo organismo dictaminó que el desahucio de una familia madrileña en 2013, compuesta por un hombre español, una mujer argelina y sus hijos menores de edad, constituyó una violación del derecho a una vivienda digna.
En aquella ocasión, el Comité determinó que, aunque la orden judicial de desalojo era legal, las autoridades no habían tomado las medidas necesarias para proporcionar una alternativa habitacional a la familia afectada.
El dictamen de 2017 también incluyó recomendaciones al Gobierno español, como la implementación de un plan integral para garantizar el acceso a la vivienda a personas con bajos recursos y la compensación económica a las familias afectadas por la violación de sus derechos. Sin embargo, según el Comité, estas medidas aún no se han implementado de manera efectiva.
La intervención judicial y el papel del Ministerio Fiscal
En el caso actual, el juez decidió paralizar el desalojo tras recibir un informe favorable del Ministerio Fiscal, que respaldó las medidas cautelares solicitadas por el Comité DESC. En su providencia, el juzgado incluyó las mismas recomendaciones emitidas por el Comité, subrayando la necesidad de ofrecer una solución habitacional alternativa a la familia.
La Asamblea de Vivienda del barrio de Usera, integrada en la Coordinadora de Vivienda de Madrid, ha apoyado socialmente a la familia afectada. Además, el caso fue elevado al Comité de Naciones Unidas por los abogados Alejandra Jacinto y Javier Rubio, del CAES, quienes también forman parte de la Comisión Jurídica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
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